5 puntos para entender el escándalo de justicia en El Salvador

Por: Virginia Lemus (@huishte)*

 

El Salvador es un país pequeño; de no ser por nuestros muertos, nadie sabría quiénes somos ni dónde estamos. Pues bien, estamos en el centro de América. Y sí, he venido a Animal Político a hablarles de nuestros muertos, de ocho en particular: seis sacerdotes jesuitas (cinco vascos, un salvadoreño) y dos de sus colaboradoras, asesinados por un comando élite del Ejército en 1989 en el punto culmen de la ofensiva guerrillera que llevaría finalmente al diálogo y a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Fueron muertos en la Universidad Centroamericana, mi universidad, por el delito de haber buscado la salida negociada al  conflicto desde su inicio.

 

Se preguntará usted, querido lector, qué de relevante tendrá hablar de la guerra civil salvadoreña, una de tantas en el continente. Qué hay de nuevo en saber de sus sacerdotes víctimas del Ejército, por qué habría de interesarse usted por leer sobre otra cúpula militar con las manos entintadas de sangre y alineada a intereses económicos. “¿Qué de nuevo hay?”, se preguntará usted y tiene toda la razón. Si me permite, me tomé la libertad de explicarle en cinco breves puntos qué es lo peculiar en la masacre de los Jesuitas en El Salvador.

 

1. La falacia de la Reconciliación Nacional: dice la ONU que nuestro proceso de negociación del fin de la guerra fue ejemplar; tanto que usaron el mismo modelo en Ruanda. La efectividad de los acuerdos es indudable: los elementos de la guerrilla lograron insertarse sin mayor inconveniente en la sociedad; la izquierda radical logró incorporarse a la vida política con tal éxito que ahora gobiernan el país; se depuró al Ejército y demás cuerpos represivos y se asentaron nuevas instituciones gubernamentales en búsqueda de preservar la bien amada democracia. Hasta el momento, todo bien. El problema fue que nos vendieron -y compramos- un proceso de “reconciliación nacional” que nunca tuvo lugar.

 

Se decretó amnistía para todos los autores de delitos políticos cometidos durante el conflicto. Se pretendía facilitar la inserción de estas personas en la sociedad civil, pero el profundo descontento generado por la ausencia de justicia es manifiesta, entre otras esferas, en el alto grado de polarización política de la sociedad salvadoreña. Sectores ahora marginados (los campesinos y las organizaciones de excombatientes desmovilizados) siguen resintiendo la ausencia de pronta resolución a los crímenes políticos de la era; el tema es frecuentemente sacado a colación en cada celebración de comicios. La salvadoreña es una sociedad que nunca se reconcilió consigo misma y está, por mucho, lejos del ejemplar de negociación y compromiso que pretende mostrar la ONU.

 

2. Lo que dejó la Comisión de la Verdad: en 1993, y como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se creó una Comisión de la Verdad dedicada a investigar los crímenes cometidos por ambos bandos. El Caso Jesuitas fue considerado “caso ilustrativo de violencia contra opositores por parte de agentes estatales”. A pesar de ya anteriormente haber sido tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de la Verdad reexaminó la evidencia y concluyó, como también lo haría la CIDH, que los autores intelectuales del crimen eran los miembros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada: coroneles y generales a cargo de las distintas facciones de las fuerzas represivas y el Ejército (el caso está ampliamente documentado en este enlace, para mayores detalles). Debido a la vigencia de una Ley de Amnistía que impedía que se procesase judicialmente a ninguno de los responsables, la Comisión de la Verdad se limitó a recomendar la inmediata separación del Ejército de todos aquellos  implicados en los casos de violencia política e inhabilitarlos para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de diez años, vencidos en 2003. Esto, en efecto, se cumplió.

 

3.     El juicio fallido: en 1991 la justicia salvadoreña enjuició y condenó a los autores materiales de los asesinatos. Las evidencias del caso fueron manipuladas por el abogado de la defensa, el actual diputado Rodolfo Parker, con el fin de eliminar pistas que condujesen a los verdaderos autores intelectuales. Ni la Compañía de Jesús ni los familiares de las víctimas quedaron satisfechos con esta resolución y buscaron durante años maneras de procesar a los responsables.

 

Esto nos lleva a lo actual. A finales de mayo de 2011, una comisión de Derechos Humanos en España logra que el juicio abierto en ese país por este mismo caso pase a una segunda fase, emitiéndose una difusión roja por parte de INTERPOL para la captura de diez miembros del Estado Mayor Conjunto. Nueve de ellos, residentes en El Salvador, se presentan a un cuartel del Ejército para ponerse a las órdenes de la justicia. Uno, residente en Estados Unidos, es entrevistado por The Boston Globe y luego capturado por el FBI por fraude migratorio. Al estar vigente una Ley de Amnistía (a pesar de que ésta no es vigente para este caso, según una resolución ignorada de 2000), la Corte Suprema de Justicia se reúne en pleno y durante más de una semana para discutir el futuro legal de los militares. Y empieza -o no- el zafarrancho.

 

4.             El alineamiento de los poderes fácticos: En 2009 la exguerrilla ganó los comicios presidenciales con un candidato que no era excombatiente. Mauricio Funes era periodista y quizá por eso la gente tenía más confianza, porque era un candidato no-ortodoxo y que hablaba del “cambio”. Por esto mismo, mucha fue la sorpresa cuando al recibir la difusión roja de INTERPOL, ni la policía ni el Ministerio de Seguridad y Justicia ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Defensa se pronunciaron al respecto. Mutis total. Los exmilitares estaban guardaditos en su cuartel mientras sus esposas marchaban -para nuestro escándalo- gritando “¡Viva El Salvador libre!”. Denunciaban ellas y ellos un quebranto a la soberanía nacional, una injerencia del gobierno español en nuestro sistema de justicia (¿cuál?, me pregunto yo). Denunciaban con voz angustiada y angustiante, cual si Colón se bajase de la carabela nuevamente. La Corte se encargó de excluir del proceso a los únicos magistrados coherentes para quedarse solamente con los eternamente serviles. Se alineaban los astros, los medios de comunicación, los militares y el Gobierno para hacer frente a la supuesta afrenta, esa que nosotros llamamos justicia. Después de más de una semana de “deliberación”, se concluyó que la difusión roja no exigía medidas por parte del Gobierno. Los exmilitares salieron del cuartel y celebraron una misa de acción de gracias. Adiós a la injerencia española y que viva El Salvador libre. Ensangrentado, pero libre.

 

5. ¿Y qué de importante tienen las víctimas jesuitas en la vida actual de El Salvador? Todos los sacerdotes asesinados eran maestros universitarios, uno era el rector del campus. Desde sus áreas de trabajo (la psicología, los derechos humanos y la filosofía) se constituyeron en el sostén y guía de la clase intelectual salvadoreña; clase que a la fecha permanece acéfala. La universidad que fundaron sigue siendo punto neurálgico del pensamiento crítico nacional, mas todo esto queda a un lado cuando pensamos que más que líderes intelectuales, lo que El Salvador necesita es una cosa pequeñita que se llama justicia.

 

* El Salvador, 1987. Colaboradora de Distintas Latitudes, revista de reflexión latinoamericana. Estudiante de Derecho en la Universidad Centroamericana y Política Latinoamericana en FLACSO-El Salvador.

 

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Comentarios
  • Increíble lo que nos pasa aquí. Me dio cólera al ver el desfile pro-militares. Los restos de los mártires y sus colaboradoras no descansarán en paz mientras no haya verdadera justicia. Nosotros, unos pocos, no olvidamos.