Geraldina González de la Vega

Treinta y siete grados

Perfil Columnista de Gurú Político. Consultora jurídica Ombudsgay. Constitucionalista y ensayista. Se ha dedicado principalmente a temas relacionados con derechos fundamentales y teoría de la constitución. Ha sido profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en laUniversidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace. Mail: Geraldinagvh@googlemail.com Blog: http://gerasplace-reloaded.blogspot.com

Ver Más

La importancia de la selección de ministros

En México estamos todavía lejos de una desarrollada cultura judicial, no se encuentra arraigada aún la idea de que desde las cortes puede lograrse un cambio social. Una muestra de ello ha sido la escasa existencia de amparos para promover el matrimonio entre personas del mismo sexo en la República. Apenas existen 3, todos de la misma organización, todos del mismo estado. Hay pocas organizaciones en nuestro país dedicadas a promover el reconocimiento y el respeto de los derechos por la vía judicial, hay una preferencia por la política, aunque el lobbying en los congresos locales y federal es todavía austero, hay muchas organizaciones que han logrado promover importantes cambios y evitar erosiones a nuestros derechos.

Esta escasa cultura judicial y la falta de una visión práctica sobre el poder de las cortes, más ahora con la reforma de derechos humanos y las determinaciones de la Corte sobre control difuso de constitucionalidad/convencionalidad, se refleja en la falta de atención a los procesos de nominación de los ministros de la Suprema Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la autoridad encargada de interpretar la Constitución, de determinar el alcance de sus normas y de fijar, de una vez por todas, qué significan las palabras que en ella se consignan. Esto lo hace a través de tres medios:

– las acciones de inconstitucionalidad (se revisa de forma abstracta una norma y se contrasta con la Constitución para ver si son congruentes, si la norma no lo es, se expulsa del orden jurídico),

– las controversias constitucionales (se revisan conflictos de competencias entre poderes y niveles de gobierno, se determina quién tiene la facultad para hacer qué) y

– los juicios de amparo (la vía a través de la cual los particulares hacen valer el respeto a sus derechos y la reparación a estos, frente a los actos de autoridad que consideran los han transgredido).

A través de estos tres medios, los ministros de la Corte tienen básicamente las siguientes facultades:

  • El poder de invalidar normas dictadas por los legisladores (federal y locales) o por los titulares del Ejecutivo (federal y locales) y expulsarlas del sistema;
  • El poder de decidir a qué autoridad compete una facultad que no está clara en una norma;
  • El poder de dejar sin efectos un acto de autoridad (administrativa o judicial) y ordenar a ésta que restituya el derecho violado;
  • El poder de ordenar a la autoridad (legislativa, administrativa o judicial) a que obre en cierto sentido cuando haya omitido hacerlo y esta omisión constituya una violación de derechos o de normas constitucionales que no contengan derechos.

Estas facultades resultan muy poderosas dentro del cosmos jurídico pues implican que los jueces constitucionales pueden decidir qué normas se quedan en el sistema, qué normas se van, qué actos son apegados a la Constitución, cuáles no y qué actos deben realizar las demás autoridades en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Estas facultades constituyen lo que se conoce como el principio de legalidad, pilar fundamental en un Estado de Derecho basado en una Constitución.

Así pues, la elección de ministros no es un tema menor, se trata de la selección de 11 personas que tendrán estas facultades durante 15 años y que en consecuencia tendrán en sus manos la integración y la coherencia de nuestro sistema jurídico.

La “medida de oro” con la que los ministros operan es la Constitución, su parámetro para medir toda norma que ante ellos se presenta es ésta. La Constitución sería análoga a la convención sobre la medida “metro”, con él todos sabrían a través de un modelo objetivo cuál sería la longitud estándar con la que se medirían las cosas. Así, en algunas ciudades europeas, en las plazas de los mercados había una placa o una barda de concreto con la medida metro, para que los comerciantes y sus compradores midieran las mercancías y la transacción fuera justa.

 Desafortunadamente, la Constitución no es una medida objetiva como el metro, conforme a la cual podamos medir las normas e instalar placas en las plazas de las ciudades. Los jueces constitucionales serían “medidores”, encargados únicamente de comparar el largo de la norma con el largo de la Constitución, no se necesitaría más expertisse que la vista y el sentido común. Sin embargo, la Constitución, al tratarse de un compendio de palabras organizadas a través de cláusulas requiere de expertos en derecho, en derecho constitucional y en interpretación constitucional. Los jueces, para poder medir la norma frente a la Constitución, deben saber primero qué quiere decir la Constitución y esto, a veces, no es tarea sencilla.

En algunas ocasiones, las normas son como “el metro” contienen una medida clara y objetiva: “Para ser diputado se requiere tener 21 años cumplidos el día de la elección.” Otras, las normas contienen conceptos que requieren una explicación más amplia, pero que puede encontrarse en otras normas o en otras convenciones humanas: “La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales.”

El problema radica en las normas cuyas palabras no tienen un significado unívoco, y pueden significar cuestiones diversas según el contexto en que se aplique, según el punto de vista con el que se vea, en suma, según la teoría interpretativa con la que uno acuda a descifrar esa palabra. Por ejemplo: “la ley protegerá el desarrollo de la familia” ¿qué es la familia? ¿Qué vamos a entender por familia? O “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral” ¿qué moral? ¿Quién define esto? Estos ejemplos plantean cuestiones que resultan de suma importancia para el disfrute de los derechos pues de su definición surgirán límites o extensiones a éstos. Si se define la familia como la familia nuclear (papá, mamá e hijos) se está dejando fuera de la protección a todas aquellas que no se ajusten a este significado, si se define la moral como la moral católica, por decir, entonces los límites a la libertad de expresión estarían supeditados a una religión en particular y estaría prohibida la blasfemia, por ejemplo.

Hay muchas otras cuestiones en la Constitución de carácter técnico o formal que requieren de aclaración, por ejemplo “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” Al leer esta cláusula quedan dudas ¿Si la Constitución es la medida, deben entonces las leyes y los tratados ajustarse a ésta o están al mismo nivel?

En fin. Estos son tan sólo los ejemplos más evidentes que plantean problemas para los jueces constitucionales, pues cada jurista tiene respuestas distintas para estas cuestiones y no hay todavía un consenso sobre si existe una respuesta correcta o existen muchas respuestas y ganará la que mejores argumentos presente. Independientemente de lo que se crea, en el Pleno de la Corte se deciden estas cuestiones por medio de la regla de la mayoría. Es decir, si la mayoría de los ministros considera que la familia protegida es la tradicional, entonces, ese es el significado de la norma y a éste deben apegarse todos los operadores jurídicos (legisladores, jueces, funcionarios, abogados, etc.) Existen reglas para determinar estas mayorías y para determinar la obligatoriedad de esas decisiones, pero no entraré aquí en esos detalles.

Lo que interesa resaltar es que son precisamente estos 11 hombres y mujeres quienes deciden lo que “la medida de oro” significa y a partir de esta medida es que funciona todo el resto del sistema de normas. Los jueces constitucionales o ministros de la Corte no determinan estos significados conforme a lo que a ellos personalmente les parece mejor –al menos no deben hacerlo así-, deben hacerlo conforme a reglas metodológicas, es decir, aplicando ciertos cánones y criterios de interpretación de las normas que son el marco o la lupa bajo la cual deben analizar cada norma. Existen varias teorías de interpretación que varían según su rigidez o su apertura, así mismo existen varios métodos de interpretación. No entraré en su descripción, la cuestión es que cada juez privilegia -por lo general- una teoría y a través de esta es como mira la Constitución cuando la contrasta con las normas. Por ejemplo: un jurista puede seguir un modelo interpretativo originalista, es decir, atiende al significado original de las palabras en el tiempo en que la norma fue creada, y decir que en 1974 el Poder Revisor de la Constitución incluyó el derecho a la protección de la familia pensando en la familia tradicional, por tanto sólo este puede ser el significado de esa norma. Mientras que otro jurista podría decir, apegado a una lectura abierta al tiempo de las normas, que a pesar de que en 1974 se pudiera pensar que la familia era sólo la tradicional, de acuerdo con el entendimiento actual y apegado a otros principios -como el de la no discriminación-, la familia adquiere formas diversas y el Estado tiene el deber de protegerlas en cualquiera de sus manifestaciones, haya sólo una mamá o sólo un papá con sus hijos, dos mamás, dos papás, etc.

Cada uno de los 11 ministros y ministras representa una visión particular sobre lo que las normas constitucionales significan, evidentemente a veces coinciden sobre los resultados o a veces coinciden en las teorías pero no en los resultados de la interpretación. Esto es de lo que se trata el debate en el Pleno y en las salas en que la Corte se divide. Los 11 ministros discuten con base en estas teorías y métodos qué alcance y significado tiene la norma, utilizan argumentos basados en teorías del derecho y en la lógica (idealmente) para demostrar su punto de vista jurídico, y así el debate se convierte en un intercambio de argumentos en donde ganará aquél que presente los resultados más razonables -desde el punto de vista estrictamente jurídico.

Las decisiones que se toman en la Corte entonces están basadas precisamente en el entendimiento de la Constitución que tiene cada ministro, en su postura sobre la teoría a través de la cuál deben interpretarse sus normas y a la visión sobre la labor de la Corte, es decir, si esta debe limitarse a pronunciar lo que la ley dice, o si en realidad puede –y debe- ir más allá de lo textual y definir significados tomando en consideración efectos y finalidad de las normas. Otro punto en el que los ministros basan sus decisiones se refiere al peso de las mayorías en la determinación de las normas, ¿deben los jueces constitucionales restringir su labor interpretativa frente a lo decidido por los representantes? O ¿pueden los jueces constitucionales rectificar este trabajo para conservar “la medida de oro”?

Todas estas cuestiones son de una enorme relevancia para el sistema jurídico, afectan cada una de las normas que lo integran, desde las normas oficiales (NOMs), hasta el reglamento hasta las constituciones locales o los códigos penales. La labor de la Corte nos afecta en nuestras vidas diarias, por eso resulta de enorme importancia conocer su trabajo, vigilar a los ministros, exigirles transparencia y rendición de cuentas. El Canal Judicial por ejemplo hace una gran labor de difusión al transmitir todos los días las sesiones del Pleno, allí podemos escuchar los argumentos de cada ministro o ministra, las razones por las que vota en uno u otro sentido.

Ahora bien, los ministros no son elegidos de manera directa por los ciudadanos, su legitimación democrática es indirecta, parte de nuestro voto por el titular del Ejecutivo -quien elige a tres candidatos idóneos- y pasa por los senadores que elegimos –quienes reciben esta terna y deciden quién de los tres será el próximo ministro. De manera que resulta indispensable que exijamos a nuestros representantes, también, transparencia y rendición de cuentas a la hora de elegir en nuestro nombre, quiénes integrarán la Corte. El procedimiento de selección de ministros no es un trámite interno en el Senado, ajeno a los ciudadanos. No, se trata de la integración del más alto tribunal del Poder Judicial de la Federación, equivalente a la elección de senadores o diputados, se trata de la selección de hombres y de mujeres que determinarán conforme a sus convicciones constitucionales, qué significado tienen las normas que constituyen la fuente de todas las demás normas y actos de nuestras autoridades.

Por todo lo anterior es deseable que en las comparecencias de los 6 candidatos presentados por el Presidente Calderón para cubrir las próximas vacantes en la Corte, los senadores se esfuercen por mostrar (mostrarnos) qué tipo de juristas son, cómo entienden la Constitución, qué teoría interpretativa sostienen, cómo miran la actividad del juez constitucional, cómo comprenden la división de poderes, el federalismo, las relaciones de las personas con la autoridad, el alcance de los derechos fundamentales, las relaciones entre la Constitución y las jurisdicciones internacionales, la jerarquía de la Constitución con respecto a otras normas, las reglas de interpretación de los derechos humanos, los alcances del control de constitucionalidad de todos los jueces, las facultades de la Corte para ordenar actos a otras autoridades, en fin, se deben discutir diversas cuestiones constitucionales en esas mesas. Los temas son muchos, las respuestas varias, necesitamos saber cómo las responden estos 3 hombres y 3 mujeres que el Presidente ha nominado, necesitamos saber qué tipo de Corte nos espera durante los próximos años.

 

Deja un comentario