Derechos sexuales y reproductivos, y la salud mental

Hay que preguntarse por aquellas mujeres que continúan su embarazo a pesar de los maltratos y desventajas estructurales en las que este evento vital les ocurre, preguntarse por el acceso a la salud de aquellas mujeres que han sido forzadas a la maternidad; quizás ni alcancemos a llegar a la salud mental.

Por: Karla Flores Celis

El 8 de marzo de este año, además de celebrarse el tan discutido y tergiversado Día Internacional de la Mujer, se proclamó la Declaración del Séptimo Congreso Mundial sobre Salud Mental. Cientos de mujeres provenientes de diversos países y ámbitos se reunieron en Dublín durante tres días. Profesionales de la salud, investigadoras, integrantes de organizaciones no gubernamentales y tomadoras de decisiones sobre salud mental discutiendo una sola cuestión: ¿qué relación guarda la salud sexual y reproductiva con la salud mental de las mujeres?

Aunque con ello no se agota la discusión, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un punto central sobre la salud de las mujeres, es por ello que la Declaración de Dublín gira en torno a nueve puntos, que bien podrían resumirse en dos grandes rubros. El primero, tiene que ver con la definición moderna de salud y relaciona directamente el acceso más elevado a la salud mental y física de las mujeres con el pleno control de las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva. Esto incluye por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia, de coerción y de discriminación. El segundo aspecto de esta declaración es una llamada a los gobiernos para garantizar el acceso a servicios de aborto legal que respeten la autonomía y decisión de las mujeres. El grupo de trabajo concluye que las legislaciones restrictivas del aborto son discriminatorias para las adolescentes, para las mujeres pobres, para aquellas con problemas de salud mental, para las mujeres indígenas, las refugiadas, las indocumentadas y para aquellas que enfrentan violencia sexual o doméstica.

¡Vaya problema! ¿Por dónde se empieza en un país donde millones de niñas y mujeres se encuentran embarazadas ante el contundente fracaso de la Estrategia Nacional contra el Embarazo Adolescente y sus políticas antecedentes? En el que los gobernadores piensan y promueven leyes en las que sólo las mujeres que no tienen “mala fama” pueden ser perdonadas por el terrible delito –léase pecado- del aborto; en el que ni siquiera se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación a pesar de las normas de salud existentes. Un país en el que en 19 estados la ley protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Quizás podríamos comenzar por preguntarnos qué justifica estos discursos y sin duda existen muchas y distintas explicaciones, pero una de ellas tiene que ver con el uso de la ciencia como legitimador de ciertas argumentaciones.

En su libro Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos[1], Lerner, Guillaume y Melgar analizan, entre otros, los argumentos de quienes defendían la penalización del aborto durante las audiencias públicas de 2008. En él cuestionan las irreparables consecuencias que según se argumentaba tenía el aborto inducido sobre la salud mental de las mujeres: trastornos ansiosos, depresión, consumo de sustancias, incluso suicidio y homicidio. Un año más tarde sabríamos por el grupo de la American Psychological Association[2], y la serie de revisiones sistemáticas que se desencadenaron después[3][4][5], que se trataba de un mal entendido ya que los estudios con los que pretendían justificar su posición conservadora tenían severos problemas metodológicos que hacían imposible una conclusión semejante.

Hoy, luego de diez años de contar con servicios de aborto seguro, legal y gratuito en la Ciudad de México, sabemos que aquellos riesgos terribles con los que nos amenazaron en las audiencias públicas eran falacias cientificistas como los denomina Nancy Russo en la Revista de Salud Mental del año pasado[6]. Los grupos provida omiten, junto con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, una de las características más importantes de los Derechos Humanos: la interdependencia. Uno tiene derecho a disponer de la mayor cantidad de información laica, científica y de calidad producida hasta el momento para tomar decisiones sobre la vida sexual y reproductiva, por ejemplo, saber que se puede abortar con medicamentos. Es esta misma información de la que deberían disponer todas las personas involucradas (mujeres, parejas, familiares, profesionales de la salud y tomadores (as) de decisiones, gobernantes) para tejer toda la infraestructura legal y de servicios, necesaria para atender a lo que se demanda en la Declaración de Dublín. Asimismo, quienes hacemos investigación sobre el tema tenemos la obligación ética de producir evidencia con rigurosos estándares científicos, interpretar nuestros resultados de manera pertinente y ponerlos a disposición de la sociedad para que sean circulados y utilizados.

Preocupadas por la inexistencia de evidencia en español y en México, un grupo de investigadoras del Instituto Nacional de Psiquiatría e Ipas México, en colaboración con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México[7], comenzamos a trabajar sobre el tema. Hoy contamos con evidencia rigurosa: algunos resultados preliminares muestran que la mayoría de las mujeres que llegan al servicio de ILE lo hacen porque decidieron que era la opción más viable, que el aborto no causa serios problemas de salud mental, y que cuando el procedimiento termina se sienten aliviadas y satisfechas porque resolvieron una situación estresante que escapaba de su control, como lo es un embarazo no intencional. Sin embargo, el mayor problema y temor de las mujeres cuando llegan al servicio tiene que ver con otras violencias que enfrentamos desde niñas, por ejemplo: las sangrientas imágenes, prejuicios, creencias y casi nula información alrededor del aborto. Aunque satisfechas y en paz de haber tomado la mejor decisión, una tercera parte de las mujeres que entrevistamos en el servicio mencionan también que están preocupadas de que algunas personas puedan enterarse de su decisión y casi una quinta parte piensa que la humillarían por esa razón.

Sabemos además, por el Sistema Integral de Información sobre ILE de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México[8], que quienes llegan al servicio generalmente tienen entre 18 y 24 años (47 %), son mujeres con alto nivel de escolaridad (40 % tienen preparatoria y 17 % universidad), nivel socioeconómico medio y que más de las dos terceras partes son residentes de la Ciudad (70 %) mientras que una cuarta parte proviene del Estado de México; la mayoría llega en las primeras semanas y aborta con medicamentos (75%). Si las usuarias de ILE que tienen estas características y son capaces de tomar la decisión de interrumpir el embarazo a pesar de las dudas y violencias siguen preocupadas por el estigma que implica el aborto, ¿qué pasa con las que no llegan? Hay que preguntarse por aquellas mujeres que continúan su embarazo a pesar de los maltratos y desventajas estructurales en las que este evento vital les ocurre, preguntarse por el acceso a la salud de aquellas mujeres que han sido forzadas a la maternidad, -quizás ni alcancemos a llegar a la salud mental-.

Lamentablemente el estado mexicano está lejos de atender la declaratoria de Dublín y los tratados internacionales sobre el tema y a pesar de que la ILE es segura y gratuita en la Ciudad de México el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mexicanas sigue siendo un problema de injusticia social. Hoy sí contamos con evidencia científica que nos permite argumentar que las legislaciones que despenalizan el aborto también protegen a las mujeres de situaciones adversas relacionadas con creencias y prácticas culturales que lo satanizan y exaltan la maternidad como el único valor posible de lo femenino. Garantizar la maternidad elegida es, al mismo tiempo, proteger la salud mental de las mujeres y por lo tanto, garantizar su acceso pleno al -tan difícil de alcanzar- derecho a la salud.

 

@bioeticaunam

 

 

* Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

 

[1] Lerner, S., Guillaume, A., & Melgar, L. (2016). Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos. El Colegio de Mexico AC.

[2] Major, B., Appelbaum, M., Beckman, L., Dutton, M. A., Russo, N. F., & West, C. (2009). Abortion and mental health: Evaluating the evidence. American Psychologist64(9), 863.

[3] Charles, V. E., Polis, C. B., Sridhara, S. K., & Blum, R. W. (2008). Abortion and long-term mental health outcomes: a systematic review of the evidence. Contraception78(6), 436-450.

[4] Robinson, G. E., Stotland, N. L., Russo, N. F., Lang, J. A., & Occhiogrosso, M. (2009). Is there an “abortion trauma syndrome”? Critiquing the evidence. Harvard review of psychiatry17(4), 268-290.

[5] Raymond, E. G., Shannon, C., Weaver, M. A., & Winikoff, B. (2013). First-trimester medical abortion with mifepristone 200 mg and misoprostol: a systematic review. Contraception87(1), 26-37.

[6] Russo, N. (2014). Aborto, maternidad no deseada y salud mental. Salud Mental, 37(4), 283-291.

[7] El proyecto está a cargo de la Dra. Luciana Ramos Lira y los artículos en prensa. Resultados preliminares disponibles en Flores-Celis, K. (2016) Las emociones y sintomatología depresiva elevada en mujeres que interrumpieron su embarazo en la ciudad de México. Tesis de maestría. Facultad de Medicina. Ciudad de México, UNAM

[8] Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Estadísticas Abril de 2007 – Abril de 2017. Recuperado de aquí.

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Comentarios
  • Ana Cristina Ramírez Barreto

    Gracias por un buen artículo. Busqué la tesis de maestría de la autora en Tesiunam y no salió.