Regulación de la mariguana y protección de derechos humanos

La justificación por la cual hemos militarizado al país se vendría abajo si el mercado se regulara y fuera controlado por el gobierno. Sin un combate frontal contra el tráfico de drogas, nuestro gobierno podría enfocarse en los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, y el homicidio. Por estas razones, es importante apoyar las propuestas que se están discutiendo actualmente en las distintas legislaturas de México.

Por: Zara Snapp (@zarasnapp)

En México, desde 2006 se ha implementado una estrategia de seguridad pública basada en la militarización, la cual ha privilegiado el uso de la fuerza – incluso letal – basada en las premisas de la seguridad nacional por encima de los principios de seguridad ciudadana. La participación de las Fuerzas Armadas como eje rector de la estrategia de seguridad en México ha despertado serias preocupaciones, principalmente frente a las obligaciones en materia de derechos humanos. La llamada “guerra contra el narcotráfico” ha dejado un saldo de al menos 100 000 personas asesinadas y más de 25 000 personas desaparecidas, según cifras oficiales, los casos de tortura se han incrementado un 500% y el desplazamiento de al menos 250 000 personas más.

Las políticas prohibicionistas y represivas frente a las drogas no han producido los resultados esperados, según la Organización de las Naciones Unidas, y al contrario, han generado efectos nocivos que a diario vulneran los derechos humanos de millones de personas y que incluso ponen en riesgo la viabilidad del estado de derecho. Frente a una situación que a diario se deteriora, elevando los costos humanos y sociales, resulta imperativo cambiar la estrategia actual de la “guerra contra las drogas” aplicada durante los últimos cincuenta años en la región e impulsar un nuevo paradigma basado en un enfoque de salud y respeto a los derechos humanos. Este cambio ha sido promovido por organizaciones de derechos humanos, doctores, ex presidentes, primeros ministros y altos funcionarios a nivel global, y también en México.

Enfrentar el consumo de drogas mediante la militarización, la aplicación de la ley y el uso de la fuerza no ha tenido resultados y es necesario que se implemente a la par una política de educación y salud, basada en la prevención e información científica. Resulta indispensable reconocer que los impactos negativos que hemos vivido no son causados por el consumo de drogas en sí, sino por el enfoque punitivo, la falta de acceso de servicios de salud y la militarización que ha sido implementada. La política anti drogas no debe causar más daño que el uso de las sustancias.

Tomando esto en cuenta, desde una perspectiva de derechos humanos, la reforma de política de drogas es urgente para combatir las raíces de la militarización. La justificación por la cual hemos militarizado al país se vendría abajo si el mercado se regulara y fuera controlado por el gobierno. Sin un combate frontal contra el tráfico de drogas, nuestro gobierno podría enfocarse en los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, y el homicidio. Por estas razones, es importante apoyar las propuestas que se están discutiendo actualmente en las distintas legislaturas de México.

Durante los últimos meses, México ha estado teniendo un debate intenso entre legisladores, académicos y la sociedad civil sobre un tema muy polémico: la cannabis. Para gran parte de la sociedad civil las propuestas a nivel local y nacional no quedan muy claras. Lo que se difunde en los medios es sobre la posible legalización de la mariguana o temas como si ‘la tienda de la esquina la va a vender’. Aquí descifraremos las competencias locales y federales y las varias propuestas flotando en la Asamblea del Distrito Federal, la Cámara del Congreso y el Senado de la República.

Empecemos con los cambios propuestos a nivel federal por el senador Mario Delgado en el Senado y el diputado Fernando Belaunzaran en el Congreso. Aunque hay diferencias en las dos iniciativas principalmente en si la regulación debe ser competencia local o federal, las dos abren la puerta a alternativas importantes:

• Reformar la Ley General de Salud (art. 479) para aumentar la dosis máxima para consumo personal. Actualmente es de cinco gramos de cannabis y la ley propone aumentarla a 30 gramos.

• Actualmente el control sanitario y el cultivo está en manos de la federación exclusivamente. La iniciativa por parte del Senado y la Cámara de Diputados propone que los estados y el DF tengan “el control sanitario del proceso, cultivo y distribución de las sustancias”, dándoles autonomía sobre su propia política de drogas. La propuesta en la Cámara propone una Ley General para el Control de la Cannabis que podría regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la cannabis.

• La cannabis está en la Lista 1 de la Ley General de Salud (art. 245) que determina que la planta no tiene ningún uso médico. La iniciativa propone cambiar la mariguana de la Lista 1 a la Lista 3 para reconocer sus usos terapéuticos. Esta nueva clasificación resultaría en el reconocimiento y la posible regulación del uso médico de la mariguana.

• La iniciativa federal propone despenalizar la prescripción de la mariguana para uso médico con cambios al Código Penal Federal. Esto sería un cambio fundamental para abrir la posibilidad de cultivarla con fines médicos.

La propuesta en la Asamblea del Distrito Federal está más restringida porque la competencia del cultivo y control sanitario está en manos de la federación. Los legisladores y el grupo técnico de trabajo hicieron todo lo posible para esquivar cualquier problema jurídico y en vez de desafiar la competencia de la federación y probablemente llegar a un juicio, buscaron ciertos acuerdos. Los legisladores siguen discutiendo cómo se debe regular la mariguana, pero por lo pronto la propuesta está compuesta de tres facetas principales:

• El consumo de cannabis sería despenalizado y ninguna autoridad podría detener a personas que porten menos de cinco gramos. Si una persona porta entre cinco y treinta gramos, serían citados a acudir a un comité de disuasión y de portar más de treinta gramos, serían procesados judicialmente.

• El Instituto de Atención y Prevención de Adicciones (IAPA) estaría encargado de la creación de comités de atención y sería ahí donde las y los usuarios irían si portan una cantidad menor a 30 gramos de mariguana.

• El IAPA también tendría el mandato de coordinar un Sistema de Información para la Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovisionamiento y Uso de Sustancias Psicoactivas Ilícitas (SIRe) que garantizaría el derecho a la información sobre la marihuana. El cumplimiento de este mandato sería vigilado por un consejo conformado por académicos, autoridades y ciudadanos.

Esta ley pretende fomentar una cultura de tolerancia, donde los usuarios de drogas no sean tratados como criminales. Son personas con derechos que deben ser respetados, y su portación queda dentro del esquema de consumo personal. Los legisladores que proponen cambios federales buscan transformar el paradigma para dar autonomía a los estados para que puedan proponer iniciativas de manera autónoma y así garantizar los derechos de los consumidores.

La regulación de la mariguana es sólo un paso en una larga ruta hacia la protección de los derechos humanos y la paz. Sin embargo, es un paso importante. Mientras construimos un Estado de Derecho es fundamental empezar con leyes que reflejen nuestra realidad, no ideologías fundamentadas en dogma y estigmatización. En México se justifica la prohibición de las drogas con el argumento de que las instituciones no están preparadas para regular las sustancias, sin embargo México regula miles de productos cada día sin mayor problema. Asimismo, es sumamente importante hacerlo de una manera bien pensada, predecible y controlada. Al final de cuentas, qué es preferible: ¿un mercado regulado por el gobierno, donde haya rendición de cuentas, transparencia y una interlocución entre consumidor y vendedor o un mercado regulado por el crimen organizado, donde la violencia asegura espacios de venta, donde los productores son explotados y los usuarios tienen que acudir a espacios vulnerables para conseguir un producto?

La protección de los derechos humanos empieza con poner al individuo al centro de la política que se quiera implementar. La regulación de sustancias implica que el Estado tiene también que proveer tratamiento voluntario de calidad para cualquier individuo y crear un espacio donde los usuarios con problemas de adicción puedan acercarse y recibir atención departe de las instituciones. Es fundamental reiterar que no todos los usuarios de sustancias son usuarios problemáticos o con adicciones. Según estudios, menos del 10% de usuarios de mariguana padecen un uso problemático que afecta su vida profesional y personal.[1] Esto significa que hay un 90% de usuarios de mariguana que no tienen uso problemático y que son productivos en la sociedad.

Tenemos que parar la histeria asociada con la mariguana. Ya hay suficientes estudios que comprueban su uso médico y que no hablan sólo de los riesgos sino también de los beneficios. En vez de asustar a la gente, sería mejor informar de una manera honesta, coherente y efectiva. Esto sólo puede suceder con una educación real sobre las sustancias. Dejemos atrás la histeria, la estigmatización y la militarización y construyamos una sociedad informada que pueda tomar decisiones basadas en evidencia, no en dogma. Los derechos de todos dependen de que trabajemos para cambiar el paradigma.

 

 

 

*Zara Snapp es directora del Área de Incidencia en la CMDPDH y consultora sobre políticas de drogas.

 

**Gracias a Ari Brickman por sus ideas y aportación.

 

[1]National Institute on Drug Abuse: http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana

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