De víctimas a defensores de derechos humanos

Nino Colman Hoyos Henao, ingeniero en informática, mexicano naturalizado de origen colombiano, fue detenido el 11 de agosto de 2009 por 12 policías judiciales pertenecientes a la PGJDF, acusado de un secuestro que no cometió y por el cual fue condenado a 60 años de prisión. Lleva cinco años tratando de demostrar su inocencia.

Por: Natalia Pérez Cordero (@NataliaCordero9)

Es común encontrar en México casos de personas cuyas vidas corrían con normalidad hasta que por azares del destino tuvieron que enfrentarse a la impunidad e injusticia que se vive en nuestro país; cuando te conviertes en víctima de violaciones a derechos humanos, y el camino por la búsqueda de la justicia se vuelve para muchos el inicio de una nueva vida, distinta y más tortuosa de la que estaban acostumbrados a llevar. Es así que resulta terriblemente fácil encontrar a madres, hijas, hijos, padres, hermanos y hermanas, quienes en su mayoría son personas  sin ningún tipo de vocación jurídica que terminan convirtiéndose en verdaderos defensores de sus propias causas, en aquellos casos donde el Estado mexicano ha transgredido total y arbitrariamente los derechos humanos de algún familiar e incluso los derechos propios.

Tal es el caso de Nino Colman Hoyos Henao, un ingeniero en informática, mexicano naturalizado de origen colombiano, quien nunca hubiera imaginado que su sueño de vivir en México para obtener una vida mejor se frustraría hace justamente cinco años, cuando un 11 de agosto del año 2009 alrededor de las 16:00 horas fue detenido arbitrariamente en la calle de Hamburgo, en la Ciudad de México, al salir de su centro de trabajo por aproximadamente 12 policías judiciales pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fue interceptado por dos de ellos, quienes sin identificarse como autoridad, le mostraron por segundos una hoja y le informaron que estaba detenido. Acto seguido lo subieron al menos tres personas en la parte trasera de un automóvil Tsuru sin logo o registro institucional alguno.[1] Tiempo después Nino Colman se enteró que la hoja que le mostraron era una simple orden de localización más no de aprehensión.

Durante el trayecto, antes de trasladarlo a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (en adelante FAS), se detuvieron en la glorieta del Ángel de la Independencia con dirección hacia el norte de la ciudad y lo esposaron. La persona que iba con él en la parte trasera del vehículo lo inclinó y metió la cabeza de éste debajo de su pierna. Enseguida, Nino fue amenazado para que confesara un delito del cual aún no tenía conocimiento, diciéndole cosas como: “ya valiste madre, aquí en México las cosas son diferentes”; “nos contrataron para matarte”, y “vas a ver cómo te hacemos confesar”, entre otras.[2]

Al llegar a la FAS lo bajaron del vehículo, esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra, en una postura inclinada y caminando rápido. Lo ingresaron a las oficinas de la Policía de Investigación y allí continuaron con las amenazas y preguntas relacionadas con la víctima del delito, una presunta secuestrada, y dado que no sabía nada, se molestaban y continuaban golpeándolo con el puño cerrado en la cabeza y en el cuello, situación que se repitió muchas veces. Al no poder contestar a sus preguntas por desconocimiento del tema, continuaron insultándolo y amenazaban con que “irían por su mamá y le mocharían los dedos si no decía dónde está la muchacha”. A partir de ese día comenzaría para Nino Colman y para su madre, la señora Francia Nelly Henao Agudelo, el calvario de sus vidas.

Nino Colman llegó a México en el año 2000 por invitación de un amigo para que laboraran juntos en el área de informática y mantenimiento de equipos de cómputo, sin embargo, al cabo de aproximadamente tres años Nino se independizó e incluso se estableció en la plaza de la computación en la Ciudad de México, ofreciendo servicios de reparación y mantenimiento de computadoras; ello le permitía trabajar en distintos lugares de manera flexible y por lo tanto obtener mayores ingresos.

Ante la suerte económica que estaba teniendo Nino, decidió invitar a su madre a venirse a vivir a México con la promesa de que mientras él estuviera trabajando aquí su madre ya no iba a trabajar más, “porque ya mi cabecita se había puesto blanca y ya iba a descansar”, según relató la señora Francia Henao Agudelo. En general, Nino y su madre vivían sin inconvenientes de ningún tipo, todo lo contrario, tenían una vida feliz llena de muchos proyectos de vida. Nino además estaba ahorrando para comprarse una casa e incluso tenía planes de matrimonio con su novia. Lamentablemente, la vida en México como la conoció tanto Nino Colman, como la señora Francia, daría un giro de 180º grados después del 11 de agosto del 2009, pues a partir de ese momento Francia se convertiría no sólo en la defensora más cercana del caso de su hijo sino que además tuvo que conseguir un empleo para asumir sus propios gastos y los gastos que generara la defensa de su hijo.

Después de la detención, la impresión de Francia al verlo hasta el día siguiente con moretones en el cuerpo y apenas pudiendo sostener la cabeza sobre su cuello la hicieron derrumbarse, se puso a llorar y gritar, pero al mismo tiempo sin conocer el sistema jurídico mexicano y con apenas unos centavos en la bolsa, empezó a preguntar entre la gente de la Procuraduría que podía hacer. Fue hasta que un desconocido le dio el teléfono de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), marcó inmediatamente solicitando ayuda para su hijo, gracias a ello Nino fue trasladado a un hospital público para ser atendido ya que presentaba un intenso dolor en el cuello a causa de la tortura que sufrió. A partir de ese momento quedó abierto el expediente de queja por los actos de tortura, privación arbitraria de la libertad, seguridad personal en contra de policías judiciales de la FAS.

Durante el proceso de investigación, la CDHDF recabó las evidencias suficientes para acreditar que efectivamente Nino Colman fue víctima de tortura, con base en diversos exámenes médicos y psicológicos practicados por médicos de dicha institución, por lo que en el año 2013 se emitió la Recomendación 2/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde se recomendó entre otras cosas: 1) Se integre una averiguación previa en la que se investiguen los hechos de tortura y a los servidores públicos relacionados con la Recomendación. 2) Se diera vista a la Contraloría Interna a fin de que investigue y determine las responsabilidades del personal ministerial que tuvo a su cargo la tramitación de la averiguación previa en la que el agraviado tuvo la calidad de probable responsable (FSIP/T3/1758/07-12). 3) Se diseñe un mecanismo que permita operativizar el fortalecimiento de las labores de supervisión y seguimiento del personal ministerial y los agentes de la Policía de Investigación a cargo de las investigaciones. 4) Se repare integralmente a NINO COLMAN HOYOS HENAO por el daño material y moral provocado, brindándole a su vez la asistencia legal necesaria en su calidad de víctima del delito de tortura. A la fecha, la PGJDF no ha querido aceptar la recomendación, pese a la insistencia de los representantes legales y de la propia CDHDF, por lo que ningún punto recomendatorio se ha cumplido.

Si bien se abrió una averiguación previa en contra de los policías aprehensores por la tortura y por el robo de pertenencias personales que Nino llevaba consigo al momento de su detención, y que nunca le fueron entregados, dicha averiguación se ha intentado archivar en tres ocasiones distintas, con la notoria intención de dejar en la impunidad a los perpetradores de la tortura de la que fue víctima Nino. Debido a que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos conoció del caso en el año 2011 y asumió la defensa del caso, particularmente por el tema de tortura, no ha sido posible cerrar la investigación ya que en todas las ocasiones se ha impugnado la determinación del ministerio público a cargo de la investigación del no ejercicio de la acción penal.

Por otra parte, Nino también fue víctima del servicio deficiente y deplorable que se obtiene al acudir a la defensoría pública de oficio, pues su caso que inicialmente fue tomado por un abogado particular quien al no presentarse a una de las audiencias, Nino tomó la decisión de solicitar la defensa de una defensora de oficio. No obstante, la defensora de oficio fue omisa primero en estudiar diligentemente el expediente penal de Nino para poder establecer una defensa adecuada renunciando al tiempo que le concedía la ley para poder enterarse de lo que constaba en el expediente, que hasta ese momento estaba integrado en más de cinco mil hojas.

Al no tener conocimiento detallado del caso y sin tomar en cuenta que aún quedaban actuaciones jurídicas por desahogar que eran necesarias e importantes para acreditar la inocencia del señor Nino Colman, y peor aún que habiendo pruebas ilícitas dentro del expediente nunca se percató de ello, y finalmente, al décimo día de haber asumido la defensa del caso acordó con el juez dar por concluida la etapa del procedimiento donde se podían presentar y desahogar las pruebas necesarias para desvirtuar la responsabilidad de Nino Colman.

Además, la defensora pública nunca informó a Nino del alcance jurídico de dicha situación, aún cuando faltaban varias actuaciones que se podían realizar para su adecuada defensa. Por esta razón, por cuenta propia el señor Colman realizó promociones ante el Juzgado, que lamentablemente no tuvieron efecto favorable en virtud de que ya no era el tiempo procesal oportuno, siendo la falta de una defensa adecuada por parte de la defensora de oficio el motivo principal por el que Nino Colman fue finalmente sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Nino fue asistido por dos defensores de oficio más en el proceso de apelación de su sentencia condenatoria, sin embargo, ello le ha dificultado un ejercicio adecuado de su derecho a una defensa, debido a la discontinuidad de la misma por parte de los defensores de oficio. A causa de esta defensa defectuosa, Nino se ha visto obligado a promover recursos legales por sí mismo, sin la asistencia de los defensores de oficio que argumentaban una carga excesiva de trabajo. Actualmente, está pendiente de presentar un amparo directo en contra de la resolución de apelación. Al respecto, es oportuno señalar que de acuerdo con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, se considera que el derecho a la defensa no se agota con la sola presencia de un abogado en las actuaciones policiales o judiciales, sino que se requiere que sea eficaz, es decir, que desarrolle sus funciones no solo formalmente, sino que lleve efectivamente la defensa encargada.[3]

Por lo que es factible concluir que la defensa y protección del derecho al debido proceso y parte de las garantías procesales implícitas en él no sólo correrán a cargo de las autoridades jurisdiccionales, sino que el abogado defensor deberá estar en actitud de brindar servicios jurídicos de calidad que hagan posible una defensa adecuada y efectiva que garantice la solución más justa al caso. Especialmente, tratándose de defensores de oficio, es decir, abogados proporcionados y pagados por el Estado, lo que les añade la calidad de servidores públicos, reforzando a su vez su obligación de debida diligencia durante su actuación como defensor público.

A lo largo de estos cinco años, Nino Colman junto con su madre, pese a todos los obstáculos y barreras que han tenido que afrontar en un sistema jurídico que en un inicio era completamente desconocido para ellos, han mantenido su lucha activa en la búsqueda de la verdad, justicia y libertad para un inocente que injustamente está pagando la condena de un delito que jamás cometió. Ambos están convencidos que no pararán hasta que la verdad salga a relucir, primero para que se ponga en libertad a Nino, reconociendo su total inocencia, segundo para que se continúen con las investigaciones para dar con los verdaderos responsables del secuestro que se le imputó a Nino Colman, y finalmente para que los responsables de la tortura y de la detención ilegal y arbitraria sean sancionados conforme a derecho.

Hoy, a cinco años de comenzar esta lucha, Nino está buscando estudiar la carrera de derecho en el interior del penal donde se encuentra recluido, con el deseo de convertirse en un abogado que luche por causas injustas como la que él y su madre han tenido que vivir los últimos cinco años de su vida, para que nadie más tenga que sufrir la injusticia que a ellos les ha cambiado la vida.

 

 

*Natalia Pérez Cordero es abogada en la CMDPDH.

 

 

[1] Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CHDF), Recomendación 2/2013. Disponible en web.

[2] Recomendación 2/2013

[3] CorteIDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1º de Febrero de 2006, párr. 152.

Close
Comentarios