Violencia feminicida: el riesgo de ser mujer en México

El riesgo de ser mujer en México implica no sólo una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres sino el peligro permanente de perder la vida de manera violenta. El caso concreto de víctimas de feminicidio exige acciones urgentes ante al incremento alarmante de mujeres asesinadas y torturadas por su condición de género y ante la indiferencia e incapacidad del Estado mexicano de asegurar y proteger los derechos de las mujeres a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad.

Por: Ana Miranda Mora @AnninaMiranda

La violencia ejercida contra las mujeres en México se vincula al incremento de violencia social que recorre el país. Situación que se ha visto agravada por la presencia militar en el marco del combate al crimen organizado. Se trata de un tipo de violencia inherente al sistema, que incluye no sólo violencia física y homicida directa, sino las formas más sutiles de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la permanente amenaza de agresión. Condición estructural que impacta las vidas de las mujeres en la construcción de su identidad, así como en los diferentes ámbitos de su desarrollo. Las heterogéneas modalidades de violencia revelan el actual estado de discriminación, vulnerabilidad, peligro y desigualdad al que se enfrenta la mujer mexicana. Todas estas formas de violencia ya sea física, económica-patrimonial, psicológica-emocional, sexual, comunitaria, simbólica, laboral o escolar, descansan en un tipo de violencia menos reconocida: la violencia institucional.

El riesgo de ser mujer en México implica no sólo una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres sino el peligro permanente de perder la vida de manera violenta. El caso concreto de víctimas de feminicidio exige acciones urgentes ante al incremento alarmante de mujeres asesinadas y torturadas por su condición de género y ante la indiferencia e incapacidad del Estado mexicano de asegurar y proteger los derechos de las mujeres a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad.

Desde 2008 diversas organizaciones civiles han promovido 13 solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) para 10 entidades del país, todas ellas hasta ahora rechazadas. En diciembre de 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron esta medida frente a los hallazgos obtenidos por el OCNF. El Estado de México ocupa uno de los primeros lugares en homicidios dolosos de mujeres, la mayoría de los cuales presenta elementos de feminicidio. Entre enero de 2005 y agosto de 2010 se registraron 992 homicidios en la entidad, la mitad de las cuales eran jóvenes de entre 11 y 30 años; de los cuales el 57% de los casos se desconoce al agresor, es decir, la mayoría responde a motivos ajenos a la violencia familiar y permanecen impunes.

Ante la negativa de declarar la AVG en el Estado de México en el 2011, la OCNF y la CMDPDH presentaron un amparo contra la decisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia (SNPASEV) de no investigar la violencia feminicida en la entidad. En marzo de 2013 el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el D.F., concedió el amparo, obligando a las autoridades federales y estatales a investigar el origen de la solicitud. Finalmente el 28 de abril de 2014 el SNPASEV admitió la procedencia de la solicitud de declaratoria de la AVG para el Estado de México y se inició la etapa de investigación. En el marco de estas demandas, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó el pasado jueves 9 de julio la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios de la entidad.

La dilatación en el proceso de investigación y los más de 5 años que las organizaciones civiles han trabajado para que se diera cumplimiento a una solicitud de carácter inmediato, evidencia las trabas que enfrenta la mujer mexicana en su acceso a la justicia. La inoperatividad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la obstaculización de la AVG han descubierto por un lado, la falta de compromiso e incapacidad de los funcionarios públicos y por el otro, la vulneración, la violación y la ausencia de protección de los derechos humanos.

Actualmente, las solicitudes de la AVG en los 9 estados restantes se mantienen supeditadas a los intereses de carácter partidista y a estrategias políticas que no responden a las necesidades de las mujeres. Ejemplo de las fatales consecuencias de la negativa por parte de las autoridades se refleja en el aumento de feminicidios en dichas entidades, tal es el caso de Guanajuato que presenta un incremento del 50% de los casos de homicidios de mujeres en los primeros 6 meses del 2015.

Si se hubiera declarado la AVG en el Estado de México en el 2010 y aplicado las medidas correspondientes según lo establecido por LGAMVLV, se hubieran evitado cientos de asesinatos, violaciones y miles de desapariciones. La constante  negativa por parte de las autoridades no sólo minimizó la relevancia de la violencia feminicida, su rechazo contradijo la normatividad diseñada  para la protección y defensa de las mujeres. Mostrando con ello que los mecanismos que dicha ley establece fueron incorporados sólo como recurso retórico, sin la finalidad de hacerlos efectivos. La omisión por parte del gobierno de prevenir, proteger, identificar y sancionar la violencia género, también constituye otra forma de violencia institucional.

Al solicitar el gobierno del Estado de México que se emita la AVG se reconocen oficialmente los cientos de asesinatos y miles de desapariciones de mujeres en la entidad. Con este pronunciamiento político se desvela para la comunidad nacional e internacional, un problema que la sociedad civil ha denunciado desde 1993 con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Esta acción constituye sin duda un paso adelante en la lucha contra el feminicidio ya que representa una oportunidad para corregir las políticas públicas en materia de atención, prevención y sanción ante la grave situación de homicidios de mujeres. Por ello, es indispensable que la Secretaría de Gobernación entregue lo antes posible el informe del grupo interdisciplinario de investigación que se implementó como parte de la procedencia de la solicitud de declaratoria de la AVG para el Estado de México en 2014. Esto con el fin de que se conozcan las acciones que en materia de políticas públicas se llevarán a cabo para atender las diversas formas de violaciones a los derechos humanos, desapariciones y asesinatos.

La violencia contra las mujeres en México evidencia un problema social más profundo, la violencia de género no es ejercida sólo por un grupo criminal o por un individuo particular como han intentado explicar los gobiernos estatales. Este tipo de violencia es sistemática porque es integral y permanente, es estructural porque se encuentra arraigada en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales.

Es fundamental reconocer que el fondo que soporta la violencia subjetiva de los agentes particulares, sean estos esposos, novios, familiares, vecinos o criminales de diversa índole, no es atribuible sólo a los individuos concretos y a sus malvadas intenciones sino que se fundamenta en una lógica del poder patriarcal. En un sistema en el cual el poder y la masculinidad son sinónimos e impregnan el ambiente social de misoginia: odio y desprecio por el cuerpo femenino y por los atributos asociados a la feminidad. Poner al descubierto el trasfondo que confiere sentido a los asesinatos de mujeres implica desvelar los procedimientos utilizados por el poder, esto es, los mecanismos de subordinación, sojuzgamiento y opresión. Dichas relaciones establecidas por el poder dominante no sólo pasan por encima de los derechos y dignidad de las mujeres y niñas, éstos crean las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión social que posibilitan los escenarios para un caso más extremo de violencia marcado por el antagonismo: el feminicidio.

Se trata de una situación límite porque se cuestiona el estatuto mismo del agente social o persona, anulando sus derechos y posibilidad de constituirse como sujeto de acción. Dicha anulación de la mujer en la vida pública y privada, reduce el cuerpo a objeto (comercio, diversión) y suprime su voluntad. Invalidación de la mujer que a nivel simbólico puede equiparase con el asesinato. En este sentido, la violencia feminicida son crímenes de poder, crímenes cuya doble función consiste en conservar y reproducir el poder dominante.

El riesgo de ser mujer en México encierra el peligro de ser asesinada violentamente por el simple hecho de ser mujer. La violencia femincida que actualmente enfrentan las mujeres se da el contexto de un Estado que vulnera los derechos de las mujeres por medio de una violencia de carácter sistemático e institucional. La tipificación como delito autónomo es sólo el primer paso hacia la implementación de un proyecto coordinado interinstitucionalmente que resuelva las lagunas normativas de los diversos tipos penales adoptados por los estados, así como de los protocolos de investigación.

La formalización de la declaratoria de la AGV en el Estado de México implica que el Estado, tanto a nivel federal como estatal, realice acciones que atiendan las diferentes formas de violencia contra la mujer para asegurar y proteger su vida, integridad y libertad. No basta la creación de nuevas leyes que se limiten a corregir las deficiencias en la aplicación de la normatividad contenida en la LGAMVLV. Para enfrentar la grave situación de violencia institucional se requiere de políticas públicas que transformen las relaciones de dominación y explotación por medio de programas sociales que promuevan: la igualdad de género, el trato equitativo entre mujeres y hombres, la promoción de seguridad y bienestar de mujeres y niñas.

Los retos que enfrentan el gobierno y la sociedad mexicana incluyen la transformación de las relaciones de poder entre los géneros y la implementación de relaciones alternativas a las diversas formas de discriminación. En resumen, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen en la vida económica y política.

 

 

*Ana Miranda Mora es doctoranda en filosofía política en la UNAM, ha enfocado su investigación en temas sobre feminismo, violencia y legalidad. Colabora en el área de comunicación de la CMDPDH.

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