Víctimas de tortura: el saldo de la guerra contra las drogas

El caso de los cuatro civiles de Rosarito es uno de tantos que deja al descubierto la práctica sistemática y generalizada de la tortura por parte agentes de seguridad pública y de las fuerzas militares, para extraer confesiones o información incriminatoria, además de la falta de voluntad para sancionar esta conducta que ha sido tan recurrente en el país desde hace ya muchos años, generando impunidad prácticamente en la totalidad de los casos.

Por: Federico Manuel Rodríguez Paniagua

 

“Me acostaron boca arriba, esposado por detrás, y el que llevaba el mando sacó su pistola y me la puso en la cabeza diciéndome que tenía que aceptar y decir que eran mías las armas que estaban ahí…En la segunda zona militar fuimos golpeados, amordazados, torturados, amenazados, incomunicados y sin comer…”

La implementación de la guerra contra el crimen organizado como política primordial del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, aumentó radicalmente el fenómeno de la violencia y las prácticas violatorias de derechos humanos en el país. Desde entonces, actos como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas se han convertido en situaciones cotidianas a lo largo y ancho del territorio nacional.

La práctica de la tortura ha aumentado de manera alarmante desde el año 2006. A finales de 2014, en su visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles calificó esta práctica como generalizada en el país.

Particularmente, el estado de Baja California se caracterizó por el alto número de casos de tortura, documentándose cuando menos 95 casos entre los años 2009 y 2011. En todos ellos, las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que refleja un patrón sistemático en la comisión de estos crímenes por parte de las fuerzas armadas.

Frente a este contexto, el día 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Ramiro López Vásquez fueron detenidos sin orden de aprehensión o detención en Playas de Rosarito, en Baja California, como supuestos responsables de un secuestro. Durante la detención, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron sometidos en repetidas ocasiones a actos de tortura, entre los que destacan descargas eléctricas y simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, todo esto, con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas.

“[Después de la detención] nos trasladaron a diferentes domicilios. En todo el camino me fueron golpeando y amenazando con hacerme daño a mí y mi familia. Me pusieron la bolsa en la cabeza para asfixiarme mientras otros me golpeaban en el abdomen. [Luego] me acostaron boca arriba, esposado por detrás, y el que llevaba el mando sacó su pistola y me la puso en la cabeza diciéndome que tenía que aceptar y decir que eran mías las armas que estaban ahí…En la segunda zona militar fuimos golpeados, amordazados, torturados, amenazados, incomunicados y sin comer; [sobrevivíamos] sólo tomando agua del baño”, recuerda Ramiro Ramírez, quien trabajaba en ese entonces como ayudante en un taller mecánico.

Actualmente, las cuatro víctimas de tortura continúan en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, en el municipio de Tepic, estado de Nayarit, desde donde esperan que se dicte su sentencia pronto.

Las consecuencias de la tortura que sufrieron, aunado a los años que han pasado en prisión sin la debida atención médica y sin las condiciones carcelarias adecuadas, se reflejan en las graves condiciones de salud en los cuatro.

Por su parte, Ramiro López, quien era empleado de obras públicas cuando fue detenido, sufrió un daño irreparable en su sistema auditivo derivado de los golpes que recibió por parte de los militares que lo aprehendieron:

Todavía padezco las secuelas de la tortura. El daño irreparable y el que más he padecido todos estos años desde el día en que fui detenido es el de mis oídos, ya que he ido perdiendo la audición de mi oído izquierdo al grado de ya no escuchar nada. Cuando salga de prisión buscaré que me sea instalado un aparato auditivo para mi oído derecho que también fue afectado.

Los médicos que lo han valorado refieren que Ramiro presenta un trastorno grave de audición en ambos oídos, a causa de los golpes que recibió.

En el caso de sus compañeros la situación de salud no dista mucho. Orlando Santaolaya aún tiene dislocada la mandíbula y se le complica articular palabras o ingerir alimentos; Rodrigo Ramírez tiene un hematoma en el cuello que ha requerido intervenciones quirúrgicas, aunque esto no ha sido suficiente para dejar de padecer fuertes dolores en toda la cabeza, mientras que su hermano, Ramiro Ramírez, tiene una lesión en la columna vertebral por el que asegura que no ha dejado de sentir molestias hasta hoy. Frente a esto, un común denominador se ha hecho presente: a todos se les han presentado obstáculos para recibir tratamiento médico apropiado y oportuno.

Además, hay que tomar en cuenta que la tortura no sólo deja cicatrices y deterioros físicos, sino también secuelas emocionales, psicológicas, y afectaciones en las relaciones familiares.

“[E]s difícil para mí el recordar esos momentos tan crueles, es una experiencia que no muy fácilmente voy a olvidar, siempre está en mi mente, al más mínimo recuerdo me altero, me pongo nervioso, como desesperado, a pesar de que son 6 años que han pasado, las secuelas tanto físicas como psicológicas están presentes… [U]na de las cosas que más me ha afectado es no poder estar con ellos (su familia) y ver crecer a mi hijo porque son 6 años que ha crecido sin mí”, narra Orlando Santaolaya.

Por ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Organización Mundial contra la Tortura, presentaron el 15 de marzo de 2012 una comunicación individual del caso ante el Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con lo establecido en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes[1]. Este Comité no sólo lleva a cabo revisiones periódicas a Estados parte de la Convención como una de sus facultades, sino que además conoce de quejas individuales que les hacen llegar víctimas de tortura.

Fue así como el pasado 24 de septiembre el CAT notificó a los representantes de las víctimas la decisión adoptada en la Comunicación 500/2012, en la que se reconoce a los cuatro de Rosarito como víctimas de tortura y donde se señala al Estado mexicano como responsable de haber cometido tortura en su contra; de no haber prevenido los actos de tortura durante su detención y arraigo; de omitir una investigación oficiosa, inmediata e imparcial sobre los hechos de tortura; por no haber indemnizado a las víctimas y sus familiares de los daños que estos hechos les ocasionaron; de no asegurarse que las declaraciones rendidas por las víctimas bajo tortura no fueran usadas como prueba en el proceso penal que se les sigue, así como de no proporcionar un tratamiento médico especializado y adecuado. Esto tiene mucha relevancia, pues es el primer fallo positivo que emite este órgano sobre un caso individual contra México.

En esta decisión sin precedentes, el Comité insta al Estado mexicano a: 1) iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura; 2) procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas que hallas responsables de las violaciones cometidas; 3) determinar la inmediata libertad de las víctimas, y 4) conceder una reparación integral, incluida una indemnización justa y adecuada a las víctimas y sus familiares y rehabilitación lo más completa posible a las primeras.

Además, el organismo especializado de Naciones Unidas le reitera al Estado mexicano la necesidad de eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar para asegurar que toda violación a los derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.

Desde el año 2002, el Estado mexicano le reconoce al Comité contra la Tortura competencia para conocer de quejas individuales como la resuelta a favor de los “Cuatro civiles de Rosarito”, por lo que se espera ahora que todos los poderes de la Unión cumplan con la decisión emitida.

Actualmente, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Nayarit está por dictar sentencia definitiva al proceso penal en contra de Orlando Santaolaya, Rodrigo Ramírez, Ramiro Ramírez y Ramiro López por supuesta privación ilegal de libertad y portación de armas, por lo que su defensa ha presentado la decisión del CAT como prueba para demostrar la violación a sus derechos fundamentales por parte de los militares que los detuvieron y desvirtuar las pruebas que fueron fabricadas y arrancadas bajo tortura.

“[N]os encontramos en la etapa de la sentencia, esperando un buen resultado por parte del juez ya que estamos comprobando nuestra inocencia y que no hicimos nada ilícito para estar en este lugar”, refiere Rodrígo Ramirez al respecto.

El caso de los cuatro civiles de Rosarito es uno de tantos que deja al descubierto la práctica sistemática y generalizada de la tortura por parte agentes de seguridad pública y de las fuerzas militares, para extraer confesiones o información incriminatoria, además de la falta de voluntad para sancionar esta conducta que ha sido tan recurrente en el país desde hace ya muchos años, generando impunidad prácticamente en la totalidad de los casos.

Hoy en día, el Ejército y la Marina siguen realizando patrullajes y tareas de seguridad pública por las calles de varias ciudades del país, instalando retenes en carreteras e irrumpendo en domicilios a fin de realizar cateos y detenciones bajo supuesta flagrancia, cometiendo en la mayoría de las veces graves violaciones a los derechos humanos.

Es por ello que que a partir de la reciente decisión del CAT, se espera que el Estado mexicano no sólo acate las recomendaciones del fallo, sino que además, implemente lo antes posible las acciones necesarias para eliminar las detenciones arbitrarias y la tortura, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.

 

* Federico Manuel Rodríguez Paniagua es abogado de la @CMDPDH

 

 

[1] México ratificó la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes el 23 de enero de 1986.

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