Nochixtlán, represión y uso excesivo de la fuerza

Es obligación del gobierno mexicano probar que el uso de la fuerza en contra de la población durante los hechos del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, fue estrictamente necesario y proporcional a la amenaza existente.

Nochixtlán, represión y uso excesivo de la fuerza
Enfrentamiento o represión en Nochixtlán. AFP

Por: Nayomi Aoayama

Eran alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo 19 de junio cuando policías federales y estatales arribaron al municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El gobierno del Estado de Oaxaca y el gobierno Federal realizaron un operativo policial conjunto, con el fin de retirar el bloqueo que durante una semana había impedido el paso de la carretera federal que comunica la Ciudad de Oaxaca de Juárez con la Ciudad de México.

El bloqueo carretero en la población de Nochixtlán era parte de las diversas acciones emprendidas por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras la detención de dos de sus principales líderes. El magisterio exigía la liberación inmediata de los detenidos y se manifestaban en contra de la implementación de la reforma educativa aprobada en el año 2013.

Las versiones oficiales sobre lo ocurrido la mañana del 19 de junio en Asunción Nochixtlán difieren sustancialmente de lo manifestado por pobladores de esta comunidad y el movimiento magisterial. Según la versión difundida por el gobierno del Estado, la policía inició el operativo de liberación carretera de forma pacífica; sin embargo, los elementos policiales fueron agredidos por un grupo de personas no identificadas quienes detonaron armas de fuego en su contra y en contra de la población civil.

El secretario de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, Jorge Ruiz, aseguró que el uso de la fuerza tenía como único objetivo repeler la agresión a la que los elementos policiales estaban siendo sometidos y a la necesidad de protección de los civiles que se encontraban en la población. Es decir, fue un ejercicio estrictamente necesario. Sin embargo, testigos civiles de los hechos han puesto en duda la versión oficial asegurando que, desde el inicio, el operativo fue ejecutado de forma violenta.

El conflicto que inició alrededor de las 7:30 de la mañana en Asunción Nochixtlán, se extendió durante todo el día del domingo 19 hasta llegar al centro histórico de la capital oaxaqueña, dejando como saldo 9 personas muertas, 23 personas detenidas y docenas de lesionados.

Lo vivido en Oaxaca pone de nuevo en la mira la legitimidad del uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales. Se vuelve necesario realizar un análisis reflexivo sobre los límites del uso la fuerza por parte del Estado; cuestionando cuándo el uso de éste por parte de agentes del Estado resulta excesivo y desproporcionado.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus funciones” siempre respetando los derechos humanos de todas las personas.

Así mismo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principios de la Habana), también de las Naciones Unidas, establecen que se podrá hacer uso de la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el resultado previsto. Ambos instrumentos internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza permiten la utilización de la fuerza y de armas de fuego solamente cuando los medios no violentos sean ineficientes para lograr un objetivo legítimo.

Los principios de la Habana para el uso de la fuerza establecen pautas de actuación para los casos en que la utilización de la fuerza pública sea estrictamente indispensable: 1) Se ejercerá con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue; 2) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 3) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y 4) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. En el caso específico del uso de la fuerza letal, los principios de la Habana establecen que solamente se podrá utilizar cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, ya sea en defensa personal o de otras personas.

Es obligación del gobierno mexicano probar que el uso de la fuerza en contra de la población durante los hechos del pasado 19 de junio fue estrictamente necesario y proporcional a la amenaza existente. La prohibición general a los agentes de Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no se tomaran todas las medidas necesario para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida. La obligación de protección a los derechos humanos obliga al Estado a realizar una investigación real y efectiva sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por sus funcionarios.

En específico, sobre el uso de la fuerza letal la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación general de investigación del Estado despliega una importancia particular en casos de uso de la fuerza letal, y establece que una vez que el Estado tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, está obligado a iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva sobre los hechos.

Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de realizar una investigación efectiva e imparcial que ayude a dilucidar si el uso de la fuerza en contra de manifestantes y pobladores de Nochixtlán fue proporcional y estrictamente necesario, y si dicha investigación concluye que se realizó un ilegítimo uso de la fuerza, será imprescindible tomar las medidas necesarias para sancionar a todos los responsables y proporcionar una reparación integral a las víctimas.

 

* Nayomi Aoayama es abogada de la @CMDPDH.

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