La reparación integral del pueblo yaqui

Una reparación integral no sólo cumple la función de restablecer un bien jurídico sino que debe contribuir a la recuperación de todas las personas afectadas donde puedan reconstruir los proyectos de vida, aportar al fortalecimiento del tejido social, a la restitución de la confianza y la solidaridad e, incluso, a la transformación de los contextos que permitieron las violaciones en primer lugar.

Por: Alejandra Leyva Hernández y Valeria Moscoso Urzúa

Según la tradición de la tribu yaqui o yoemia -término con el que ésta se autonombra- hace unos cuantos cientos de años existían los surem, pequeños seres extraordinarios, sabios y longevos, que habitaban el territorio. Al ser advertidos de que vendrían personas de tierras lejanas para convertirlos al cristianismo, los surem debieron tomar una decisión.

Quienes eligieron bautizarse se quedaron en la tierra y se convirtieron en seres humanos grandes y fuertes que fundaron la tribu; aquellos que rehusaron la evangelización se convirtieron en animales o se adentraron en el territorio como seres animados que, aunque invisibles para los humanos, los guiaron a desarrollarse a orillas del río Yaqui y continúan visitándolos al día de hoy.

Esta cosmovisión no sólo es parte fundante de la cultura e identidad del pueblo yaqui sino que nos permite, además, empezar a entender los elementos que se encuentran a la base de siglos de historia de sangre y despojo.

Especialmente el siglo XIX, fue un período de fuertes incursiones territoriales desde el ejército, con el fin de conseguir mano de obra esclava, pero sobre todo, para lograr la colonización en el territorio yaqui. Durante el Porfiriato, las políticas de despojo fueron en aumento, iniciando campañas para construir proyectos agrícolas y sistemas de riego para las élites del país, provocando una larga guerra que pronto se convirtió en uno de los más crueles etnocidios; miles de yaquis fueron asesinados, otros tantos desplazados de manera forzada a Oaxaca y a Yucatán, vendidos como esclavos, y no fue sino hasta inicios de la Revolución que consiguieron su liberación y comenzaron un lento retorno a su territorio que tardaría años.

Hoy en día, y aunque quisiéramos creer que estos tiempos de abuso y exterminio llegaron a su fin, la lucha del pueblo yaqui en defensa de su identidad y territorio vuelve a resurgir, y como si volviéramos al Porfiriato, una vez más la causa es la disputa por la tierra y el despojo del agua, en beneficio de intereses estatales y empresariales, y bajo un discurso de “Bienestar, Desarrollo, Crecimiento y Competitividad”[1].

Bajo el argumento de la sequía generalizada que sufre Sonora desde 1995, en 2010 el gobierno estatal inició la construcción del acueducto Independencia para llevar agua a la ciudad de Hermosillo; no obstante, este megaproyecto ha sido muy cuestionado pues no resuelve realmente el problema de escasez de agua de la población, pareciendo responder más a la necesidad de abastecimiento de grupos económicos, situación que amenaza seriamente la sobrevivencia de la tribu.

Esta vez la batalla se ha peleado también en el marco jurídico, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictara, el 8 de mayo de 2013, una sentencia[2] en la que reconocía la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de la tribu al haber autorizado el Acueducto sin su consentimiento, en contravención de lo dispuesto en el sistema jurídico mexicano de acuerdo al artículo 1° constitucional.

Derivado de esta resolución, la SCJN ordenó que se iniciara un proceso de consulta, no obstante, no sólo no ha sido cumplida sino que, además, se ha generado un contexto creciente de hostigamiento hacia la tribu yaqui y sus voceros, por medio de un discurso encaminado a la estigmatización y odio étnico, criminalizando las acciones de defensa de sus derechos colectivos e, incluso, a través de ataques directos en contra de varios de sus miembros.

Ejemplo de lo anterior fue lo sucedido el 11 y 23 septiembre de 2014, cuando Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la tribu fueron detenidos de manera arbitraria, acusados indebidamente por los delitos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad, por los que permanecieron respectivamente 1 año y 11 días, y 11 meses y 3 días en prisión, respectivamente, a pesar de las pruebas que evidenciaban que ninguno de los dos se encontraba en el lugar de los hechos que les fueron imputados[3].

Estas nuevas violaciones también fueron combatidas por la vía institucional, logrando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 43/2015[4] en la que determinó la violación al derecho a la autonomía en el marco de la libre autodeterminación de la tribu yaqui en la aplicación de su sistema normativo, así como la violación al debido proceso derivado de las detenciones arbitrarias de sus voceros.

La resolución de la CNDH hace referencia a la obligación del Estado de reparar integralmente los daños ocasionados, sin embargo, esto se aborda de manera imprecisa y limitada, restringiendo la reparación a individuos y medidas de indemnización, evidenciando una mirada cerrada y una falta de comprensión real tanto de las violaciones y sus impactos y alcances, como de los distintos contextos estructurales en las que estas de producen.

De acuerdo con los estándares internacionales en la materia[5], una reparación integral abarca la implementación de una serie de medidas orientadas a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual y colectiva, así como material, moral y simbólica.

Debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido, sus medidas deben seguir una lógica y coherencia interna y externa, y debe ser asumida desde una mirada integral y que comprenda las características, alcances y magnitud que pueden adoptar los daños, tanto a nivel individual, como familiar y comunitario; de aquí que el trabajo basado en una perspectiva psicosocial ayude a complementar las medidas reparatorias[2].

Desde este enfoque, una reparación integral no sólo cumple la función de restablecer un bien jurídico sino que debe contribuir a la recuperación de todas las personas afectadas donde puedan reconstruir los proyectos de vida, aportar al fortalecimiento del tejido social, a la restitución de la confianza y la solidaridad e, incluso, a la transformación de los contextos que permitieron las violaciones en primer lugar.

Asimismo, las reparaciones de violaciones a derechos humanos deben ser vistas, necesariamente, desde el punto de vista de las víctimas, lo que supone pensar en cómo se puede restituir a las personas afectadas desde sus requerimientos y su contexto particular, entendiendo que el proceso de recuperación y redignificación no ocurre sólo a través de una indemnización, sino del proceso de participación y adecuación de ese objeto a las necesidades de las propias víctimas.

En el caso de la tribu yaqui, estos criterios adoptan especial importancia pues cualquier planteamiento serio de reparación -aun cuando formalmente apunte de manera individual a dos de sus voceros-, para ser realmente reparador debe contemplar propuestas que:

  1. Reconozcan no sólo las afectaciones biopsicosociales vividas por sus voceros en su detención y reclusión arbitrarias sino, también, los distintos impactos de esto en sus familias, en sus proyectos de vida, etc., así como las distintas afectaciones a nivel socio-comunitario, tanto a nivel material como simbólico.
  1. Se construyan desde la mirada, contexto y necesidades de las propias víctimas, desde lo individual, familiar y colectivo, reconociendo a las mismas no como objetos pasivos de la represión, sino como sujetos activos capaces de movilizar recursos y crear nuevas formas de afrontamiento.
  1. Apunten a la recuperación de estas secuelas y afectaciones pero, también, a la transformación de los contextos y estructuras que han permitido no sólo violaciones como la detención arbitraria y el encarcelamiento injusto sino, además, la existencia de estrategias de guerra psicológica y políticas de despojo y exterminio.

Desde su legado histórico, las y los miembros de la tribu yaqui son educadas y educados para servir a su pueblo, manteniendo fuertes lazos comunitarios y un importante vínculo con el territorio; en este sentido, una verdadera reparación integral no estará completa si no integra y repara las violaciones cometidas, tanto individuales como colectivas, pero tampoco si continúan violentándose otros derechos del pueblo Yaqui como el derecho a su territorio, el derecho al agua y el respeto de su dignidad como pueblo.

 

* Alejandra Leyva es investigadora y Valeria Moscoso es directora de trabajo y acompañamiento psicosocial, ambas de la @CMDPDH.

 

 

[1] Palabras de Guillermo Padrés Elías, exgobernador del estado de Sonora en el periodo 2009-2015, en la inauguración de la obra del Acueducto Independencia en noviembre de 2012. En línea aquí.

[2] Gómez, Dupuis, N. (2009). Peritaje Psicosocial por violaciones a derechos humanos, Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Beristain, C. (2010). Diálogos sobre la reparación. ¿Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos? Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

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