Un Sistema de Atención a Víctimas que funcione

A más de tres años de aprobarse la Ley, el Estado mexicano no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos.

En el marco de las actuales discusiones que se están planteando para reformar la Ley General de Víctimas (LGV), el pasado 24 de agosto se realizó el Conversatorio “Derechos de las Víctimas en México”, a fin de compartir experiencias sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) e identificar los elementos principales para la reforma a la LGV.

En dicho Conversatorio participaron un total de 106 personas, dentro ellas expertos/as, víctimas y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, provenientes de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, y Zacatecas, así como de Guatemala. Alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y 12 colectivos de familiares de víctimas compartieron y evaluaron sus experiencias como usuarias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Asistieron en calidad de observadores representantes de 7 embajadas (Alemania, Bélgica, Costa Rica, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suiza), de la Oficina en México del Alto Comisionado (OACNUDH), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como diversos especialistas en la materia.

La Ley General de Víctimas es fruto de un proceso de demanda y movilización sin precedente de organizaciones civiles y de las propias víctimas de la violencia, por lo tanto el proceso de reforma a dicha ley no puede dejar fuera su voz y participación.

A más de tres años de aprobarse la Ley, el Estado mexicano no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Víctimas y organizaciones de la sociedad civil que se han acercado al SNAV, particularmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han identificado una falta de voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para cumplir con los derechos de las víctimas consagrados en la Ley.

Entre las principales deficiencias, las y los participantes del Conversatorio subrayaron las siguientes:

a) La dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos de ingresar al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual en muchos de los casos acentúa la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

b) Las personas que ingresan al Sistema generalmente observan deficiencia de capacitación y sensibilización de las y los funcionarios públicos, lo cual culmina en hechos revictimizantes.

c) También se observan procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos, los cuales obstaculizan el reconocimiento de su calidad de víctimas, así como su acceso al reembolso de gastos más inmediatos.

Otra preocupación que se planteó durante el Conversatorio fueron las limitaciones que el actual diseño institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas favorece, tales como las complejidades para alcanzar acuerdos dentro de un órgano colegiado, así como la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la falta de sanciones a servidores públicos que no actúan con la debida diligencia en la atención inmediata, la implementación de medidas de asistencia y la reparación integral a víctimas.

Víctimas y familiares, así como organizaciones de la sociedad civil, identificaron serias deficiencias en los procedimientos para el reembolso de viáticos, traslados, gastos funerarios, repatriación de restos, medidas de alojamiento y alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, medidas de protección, así como de asesoría jurídica, previstas en la disposiciones reglamentarias a la Ley General de Víctimas.

También observamos con preocupación la falta de medidas de reparación integral, la poca o nula coordinación interinstitucional con la CEAV, la falta de profesionalización y sensibilidad de las y los funcionarios de dicha institución, la carencia de un enfoque diferencial para víctimas migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes o pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, así como el subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Resulta de gran gravedad que las disposiciones reglamentarias a la Ley condicionen la atención y reparación integral de las víctimas, y que los mismos procedimientos burocráticos incidan en el desistimiento de las víctimas de su búsqueda de verdad y justicia, agravándose y consolidándose el ya de por sí grave problema de impunidad en el país.

Por ello, durante el Conversatorio se identificaron algunas propuestas principales que agrupamos en los siguientes temas:

  • Rediseño institucional
    1. Modificar la dirección de CEAV por un órgano unipersonal a fin de evitar la falta de coordinación e indebida interpretación de la Ley entre las y los integrantes del órgano colegiado.
    2. Prever mecanismos de supervisión y rendición de cuentas a nivel financiero y operativo de la CEAV y de sus equivalentes en los estados donde las propias víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil tengan un rol central.
    3. Prever mecanismos de sanción para aquellos funcionarios públicos que no cumplan con las disposiciones de la Ley.
  • Simplicidad de procedimientos
    1. Asegurar procedimientos ágiles para el reconocimiento de la calidad de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, independientemente si la persona solicitante haya interpuesto una denuncia penal, o si proviene o no de una entidad federativa.
    2. No condicionar la reparación a una sentencia judicial que determine una responsabilidad penal o a la acreditación de una violación a derechos humanos por un organismo público.
    3. Asegurar la atención inmediata a víctimas en situación de riesgo, aun cuando no estén registradas en el RENAVI.
    4. Facilitar el reembolso de los gastos más inmediatos de traslado, hospedaje y alimentación para las diligencias necesarias.
  • Recursos suficientes y disponibles[1]
    1. Recursos humanos: El personal de la CEAV y sus similares estatales deberán contar con suficiente personal capacitado para atender las necesidades de las víctimas, y así evitar la sobre carga laboral e insensibilidad en el trato cotidiano. En virtud de la naturaleza de su trabajo, todo el personal del Sistema deberá recibir formación permanente en temas de acompañamiento psicosocial como eje transversal de su actuación. En particular debemos señalar el escaso personal asignado para la Asesoría Jurídica, la falta de capacitación y los bajos salarios que éstos devengan.
    2. Recursos financieros: Evitar que las interpretaciones de las disposiciones reglamentarias a la LGV constituyan un obstáculo para el uso eficiente de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Federal, el cual está generando la doble victimizacion y un subejercicio muy grave como el identificado hasta la fecha.
  • Enfoque diferencial: Incluir procedimientos especializados en la atención de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
  • Armonización legislativa:
    1. Las legislaciones estatales deberán replicar los mismos criterios establecidos por la LGV, sin limitar el ejercicio de los derechos ya reconocidos en el ámbito federal.
    2. Las reformas a la LGV deberán estar alineadas con los contenidos de otras iniciativas de Ley en materia de desaparición forzada o tortura, entre otros.
  • Cumplimiento de recomendaciones internacionales: Las sugerencias aquí planteadas estarán en perfecta sintonía con las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos internacionales a nuestro país, tales como las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] o por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas[3].
  • Reconocer a las víctimas de desplazamiento interno forzado como la persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida. En su calidad de víctimas, se deberá contar con medidas de asistencia y atención especializada a fin de garantizar su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente. 

Como colectivos y organizaciones civiles de derechos humanos reiteramos que todas las reformas planteadas tienen que enfocarse en el fortalecimiento y empoderamiento de las víctimas, a fin de hacer realidad su proceso de transformación como sujetos de cambio social y que toda discusión involucrará su participación y consulta.

Las mencionadas problemáticas y propuestas fueron entregadas a senadores y senadoras de la República, quienes tendrán en sus manos la oportunidad de darle a México un Sistema de Atención a Víctimas que atienda y repare integralmente a víctimas en uno de los momentos más difíciles por los que atraviesa el país en materia de derechos humanos.

 

 

* Este texto fue escrito en conjunto con I(dh)eas, organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro que trabaja en la documentación, denuncia y litigio de casos en derechos humanos, y con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organización civil dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia.

 

 

[1]De acuerdo a cifras que se observan en la página de la CEAV, a octubre de 2015, la CEAV contaba con $ 1,028.2 Millones de Pesos de los cuales solamente fueron erogados $ 33 Millones de Pesos, es decir destinó a las víctimas sólo el 3 % de los recursos.

[2] Integrar dicho registro (Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas) al Sistema Nacional de Atención a Víctimas que establece la Ley General de Víctimas, con el propósito de que las víctimas tengan derecho a acceder a los beneficios establecidos por dicha ley. Impulsar un programa de formación psicosocial para quienes deben atender a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Debe estar dirigido sobre todo a funcionarios de la CEAV, PGR, CNDH, y sus homólogos en los estados, entre otros, con mecanismos de seguimiento e implementación para garantizar la calidad de la atención y evitar las frecuentes formas de victimización secundaria en estos procesos.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México. Disponible aquí.

[3] Informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, pág. 58. Disponible aquí.

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