Libertad sin trabas

Para garantizar la reinserción social plena de las personas es necesario eliminar criterios discriminatorios para la obtención de beneficios penitenciarios de libertad condicional y libertad anticipada.

Por: David Samuel Mejía Cruz (@dsmejiac

En los siguientes días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), cruciales para una administración de justicia congruente con el principio de reinserción social establecido en el artículo 18 constitucional.

De lo argumentado en la Acción presentada por la CNDH, destaca la invalidez del artículo 141 fracción VII de la Ley, que establece criterios diferenciados para la obtención de un beneficio penitenciario para las personas condenadas por un delito culposo, es decir, sin intención de cometer algún daño y aquellas condenadas por un delito doloso, o intencional. Las primeras podrán obtener la libertad anticipada y plena después de haber cumplido con la mitad de su pena y las segundas al cumplir con el 50 % de su pena tendrán derecho a una libertad condicionada, es decir bajo supervisión y con restricciones. En este caso, es necesario recordar que las características de los delitos ya han sido consideradas al momento de imponer una pena. Por ejemplo, un homicidio culposo no recibirá la misma pena que uno doloso, puesto que el elemento de culpabilidad es algo que define la pena. Por lo tanto, conforme al principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos (no bis in ídem), resultaría absurdo sancionar sin el acceso a un beneficio por cuestiones ya juzgadas.

Para poner en perspectiva este argumento, cada privado de libertad, derivado del delito y de sus elementos, compurgará más años o menos, pero todos deben encontrarse en las mismas condiciones de reclusión. Por lo tanto, la concesión de los beneficios debe suscitarse en igualdad de condiciones para todos los privados de libertad, con base al comportamiento del recluso y su cumplimiento del Plan de Actividades. Esto es lo alegado por la CNDH.

Sin embargo, la diferenciación entre delitos culposos y dolosos no es el único precepto de la Ley que viola el principio de no bis in ídem: otro de los requisitos para la concesión de un beneficio (libertad condicional o libertad anticipada), es el no estar cumpliendo una pena por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es necesario reiterar que considerar cuestiones ya juzgadas no tiene cabida en nuestro sistema acusatorio penal, y vulnera además el principio de igualdad jurídica.

Por último, la Ley establece también como requisito para la obtención de un beneficio penitenciario el no contar con otra sentencia o el no estar sujeto a proceso por un delito que amerite prisión preventiva. Por un lado, un proceso penal no tiene relevancia en otro, ni debe ser condición para el acceso a un beneficio penitenciario.

El estar sujeto a prisión preventiva y el estar compurgando una pena representan dos situaciones jurídicas distintas. Tal es el caso que de concederse un beneficio que implique la extinción de la pena de prisión (como lo establece la libertad anticipada), la persona, en caso de estar sujeto a un proceso que amerite prisión preventiva, podrá: 1) comenzar a compurgar su futura pena (debemos recordar que la prisión preventiva es una pena adelantada), 2) estar detenido en otro espacio (los procesados y sentenciados deben encontrarse separados), y 3) estar a disposición de otro juzgado. El ignorar estos elementos constituye una violación al principio de presunción de inocencia.

Dichos criterios para la obtención de un beneficio penitenciario son contrarios a los principios non bis in ídem, presunción de inocencia, y de igualdad jurídica. Es importante saber que el objetivo principal de otorgar un beneficio es promover el buen comportamiento de las personas privadas de su libertad durante el compurgamiento de su pena, garantizando así la gobernabilidad de los centros de reclusión. En este sentido no tendrían que estar contemplados los antecedentes penales, la sujeción a un proceso distinto, el tipo de delito, ni el elemento de culpabilidad, lo único relevante es el comportamiento del sentenciado durante la reclusión.

La Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley sumamente progresista que recopila los más altos estándares internacionales respecto a las personas privadas de libertad. Sin embargo, para garantizar la reinserción social plena de las personas es necesario eliminar estos criterios discriminatorios para la obtención de los beneficios penitenciarios de libertad condicional y libertad anticipada. Solo a través de la eliminación de los obstáculos en la reinserción social garantizaremos la construcción de una sociedad más segura.

 

* David Samuel Mejía Cruz es abogado de Litigio Estratégico de Documenta (@Documenta_AC), organización de la sociedad civil que busca incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia en México.

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