Cooperación internacional para combatir impunidad

Un consejo asesor de investigación que examine responsabilidades y formule recomendaciones basadas en una evaluación independiente e imparcial, constituye el paso correcto para erradicar la impunidad en México.

El pasado 24 de marzo culminó el 34° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Mexico ha sido históricamente un actor importante en la definición de la agenda de derechos humanos en este espacio multilateral. Durante este periodo, nuestros diplomáticos y diplomáticas mexicanas promovieron principalmente dos resoluciones. Una en relación a la renovación del mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. En dicha resolución además de prorrogar por un período de tres años su mandato, se alienta a los Gobiernos a que cooperen plenamente con el Relator y le proporcionen toda la información solicitada y respondan sin demora a sus llamamientos urgentes. La otra resolución, en relación al fortalecimiento de los acuerdos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, observa con reconocimiento los avances realizados por los gobiernos en el establecimiento de acuerdos regionales y subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos, y pide a la Oficina del Alto Comisionado que amplíe su cooperación con los mecanismos regionales de derechos humanos mediante la creación en 2018 de un programa específico para que dichos mecanismos adquieran experiencia sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de aumentar la creación de capacidad y la cooperación entre ellos.

Así mismo, durante este periodo de sesiones, el nuevo Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, presentó el informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones hechas por su antecesor tras su visita oficial a México en 2014. Dicho informe confirma que la tortura en México sigue siendo una práctica generalizada y ante la falta de investigaciones diligentes y efectivas, la impunidad es alarmante.

Ante los preocupantes índices de impunidad por violaciones a derechos humanos en México, organizaciones de la sociedad civil mexicana han solicitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la comunidad internacional de países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como al presidente Enrique Peña Nieto, el establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG ).

Reafirmando el deber de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar de conformidad con las obligaciones que han adquirido en virtud del derecho internacional a las personas responsables de todas las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, nos hemos dirigimos a la clase política mexicana así como a la comunidad internacional, seriamente preocupadas ante el incumplimiento del Estado mexicano en la adopción de medidas nacionales eficaces orientadas a esos fines.

No se puede soslayar que las conclusiones efectuadas en septiembre de 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, después de su visita a México, coinciden con nuestra valoración sobre la existencia de una crisis de derechos humanos en México y el severo problema que representa la impunidad de atrocidades como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales para superarla. Las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México después de su visita son una muestra reiterada de la urgente necesidad de adoptar medidas efectivas que pongan fin a esa impunidad en nuestro país.

Es por lo anterior que acogimos con beneplácito dichas recomendaciones, a la vez que trabajamos de manera activa en la generación de un diálogo constructivo con el Gobierno de México para acompañar y coadyuvar con su cumplimiento. En especial tenemos un gran interés en que pueda ser implementada, de manera pronta y adecuada, la primera recomendación relacionada con el establecimiento de un Consejo Asesor contra la impunidad, como un primer paso hacia el establecimiento a mediano plazo de un mecanismo internacional contra la impunidad.

El Consejo Asesor, como lo establece la primera recomendación del Alto Comisionado, deberá estar conformado por renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos.

Tal como se lo manifestamos organizaciones de la sociedad civil a Ra’ad Al Hussein en ocasión a su visita, el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México constituye una medida pertinente y necesaria que no solo podría decididamente poner fin a la impunidad, sino que constituiría un mecanismo complementario del papel esencial que desempeñan los mecanismos judiciales para proteger los derechos humanos.

Reconociendo el importante papel que la Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado en la asistencia a los Estados en la planificación, creación y puesta en funcionamiento de mecanismos de justicia de transición y en el fomento del estado de derecho, estamos convencidas que el establecimiento de un consejo asesor de investigación, integrada por personas expertas locales e internacionales, que examine las opciones para exigir responsabilidades y formule recomendaciones basadas en una evaluación independiente e imparcial, constituye el paso correcto para erradicar la impunidad del país.

Reafirmando la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua, de conformidad con sus obligaciones internacionales y el derecho interno, será fundamental que la comunidad internacional, que generalmente ha visto a México como un país aliado y estratégico, apoye las iniciativas de la sociedad civil mexicana para combatir la impunidad y haga eco a las voces de las víctimas que piden justicia en México.

 

@CMDPDH

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