Una tempestad interminable, el caso de Miriam Carbajal

Autoridades federales encargadas de investigar presuntos hechos delictivos destrozaron la vida de Miriam y al día de hoy no hay ningún responsable. Para que Miriam cuente con una reparación deberá iniciar un nuevo proceso, largo y complejo: el reconocimiento legal como víctima directa de violaciones a los derechos humanos.

Por: Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto)

“Era la mañana del 02 de marzo de 2010, aproximadamente a las 06:30 horas de la mañana, me despedí de mi familia y salí a trabajar. No volví a ver sus caras, hasta siete meses después.

Trabajaba para el Instituto Nacional de Migración (INM) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún. Mi labor consistía en registrar de manera electrónica la información de los pasajeros a través de su pasaporte y, al mismo tiempo, sellar su forma migratoria. El día 02 de marzo alrededor de mediodía junto con mis compañeras y compañeros de turno fuimos llevamos a la oficina de migración para después ser trasladados a la Ciudad de México. Únicamente se nos informó que iríamos a rendir una declaración.  

Al arribar a la Ciudad nos presentaron ante las oficinas de la antigua Agencia Federal de Investigación (AFI) y fue hasta ese momento en el que se nos notificó que teníamos la calidad de indiciados bajo el cargo de Tráfico de Personas y Delincuencia Organizada.

Después del aviso me desvistieron totalmente sin importarles mi discapacidad —tengo una prótesis en la pierna derecha— me obligaron a removerla, me sentí humillada. Me encerraron en una celda por tres días, sin explicación alguna.  

Una vez que me sacaron de ese encierro, fui trasladada a una casa de arraigo; durante el camino se me trató como a una criminal, por 80 días no pude ver a mi familia. En una ocasión, mi abogado de oficio me dijo “que sabían que no éramos culpables, pero que teníamos que pagar. Pagadores, así les dicen y ni modo, les tocó a ustedes”.

Fueron 80 días en los que presencié motines dentro de la casa de arraigo, intimidación psicológica, amenazas, desatención médica —en mi caso, padezco de púrpura trombocitopenia idiopática y a pesar de estar diagnosticada y medicada de por vida, durante ese tiempo no recibí ninguna atención—. Fuera de la casa de arraigo, mi familia fue engañada y estafada por pseudoabogados que prometían mi liberación, todo fue en vano.  

Al pasar los 80 días y a pesar de no contar con ninguna prueba que me ligara con el delito que se me imputaba, fui trasladada a la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al Centro de Sanciones y Ejecuciones Santa Adelaida. Para nadie es un secreto, esa es una de las cárceles en las que domina el llamado “autogobierno”, ese lugar es controlado por el crimen organizado.

Al llegar, no recuerdo cuántas horas estuve hincada contra la pared, golpeada, torturada física y psicológicamente a fin de obtener datos de mi familia y así poder extorsionarla. Se me informó que debía pagar 5,000 dólares en ese momento, solamente para que respetaran mi vida. Después, la cuota sería de 500 dólares semanales, ese era el precio de mi “tranquilidad”.  

Mi estancia en ese lugar fue sin duda la experiencia más dolorosa que he vivido. Solo a través del consuelo de Dios y de la esperanza de volver con mi hijo pude sobrellevar aquella dolorosísima situación.  

Estuve ahí un total de tres meses, hasta que el 31 de agosto de 2010 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales dictó Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar []”.

Estos párrafos forman parte del testimonio que envió, mediante correo electrónico, Miriam Carbajal Yescas a la la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La historia de Miriam, lastimosamente, no es única; acompaña a los miles de casos de personas y familias que padecieron y continúan padeciendo las deficiencias de un sistema de justicia negligente, falto de compromiso, pero sobre todo, insensible, inhumano.

Actualmente, el caso de Miriam Carbajal Yescas forma parte del guion del multipremiado documental mexicano Tempestad, de Tatiana Huezo. Sin embargo, la vida diaria de esta mujer de 47 años de edad, desempleada, quien se hace cargo de su hijo mientras vive con discapacidad y una enfermedad hemática, refleja el nivel de impunidad con la que se vive en nuestro país. Autoridades federales encargadas de investigar presuntos hechos delictivos destrozaron su vida, al día de hoy no hay ningún responsable, nadie responde por este daño y para que Miriam no pierda la esperanza de contar con una reparación, deberá iniciar un nuevo proceso, largo y complejo: el reconocimiento legal como víctima directa de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas (LGV) se entenderá por víctima la persona física que directa o indirectamente [haya] sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.[1]

Y su reconocimiento se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

  1. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada.
  2. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa.
  3. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima. 
  4. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos.
  5. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.
  6. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; VII) La Comisión Ejecutiva.
  7. El Ministerio Público.[2]

De acuerdo a los hechos del caso, Miriam Carbajal podría obtener el reconocimiento con la determinación que en su caso realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o bien, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República (PGR), no obstante, cualquiera de las dos opciones representa la inversión de un recurso no renovable: tiempo.

¿Cuántos años más tendrán que pasar para que las autoridades federales se pronuncien sobre su caso? Miriam es incansable, tomó una decisión y seguirá luchando.

Es por esto que, en un acto solidario pero sobre todo empático, convidamos a la reflexión y hacemos un llamado a las autoridades responsables de la atención a personas que a diario pelean por un reconocimiento a manos del mismo Estado que toleró acciones que agraviaron sus derechos, sus cuerpos y sus vidas, a que de manera URGENTE e INMEDIATA se pongan en contacto con Miriam Carbajal Yescas, quien sobrevive en condiciones de alta vulnerabilidad y con la cual, sin duda, el Estado mexicano tiene una cuenta pendiente.

 

* Carolina Hernández Nieto es abogada de la @CMDPDH.

 

 

[1] Ley General de Víctimas, artículo 6, fracción XIX.

[2] Ibídem., articulo 110.

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