Ciudad de los Niños: apuntes críticos

La denuncia en contra del albergue Ciudad de los Niños pone a prueba a las instituciones ministeriales y administrativas, y a la nueva estructura de protección integral a la niñez creada apenas hace unos años.

Por: Raymundo Sandoval (@ray_sandoval)

Hace un par de semanas salió a la luz pública a través de una sentencia de amparo y después a partir de informes de organizaciones civiles, la realidad de maltrato físico y violencia sexual que presuntamente habrían vivido niñas, niños y adolescentes en el albergue Ciudad de los Niños, que funciona como asociación civil desde hace 40 años en Guanajuato.

A continuación, presento unos breves apuntes y unas primeras reflexiones sobre el caso desde una mirada crítica para ayudar a comprenderlo, hasta donde se encuentra ahora.

1. Ciudad de los niños: una nueva “gran familia

El gobierno de Guanajuato y los municipios no cuentan con espacios residenciales oficiales para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales; son las organizaciones civiles las que cumplen esa función, y el Estado canaliza casos. Estas casas constituyen en muchas ocasiones una familia de acogimiento, que según las directrices internacionales tendría que ser temporal, pero que en la realidad no sucede así. Violencia familiar, ausencia de cuidados parentales, pobreza (aunque las observaciones del Comité de Derechos del Niño señalan lo contrario) y más recientemente, los efectos de la delincuencia, son las causas de que niñas y niños lleguen a estos espacios a través de ingresos “voluntarios” o canalizados por el DIF y los ministerios públicos.

Una sociedad conservadora como la de Guanajuato que defiende el familismo tradicional, con un gobierno estatal que promueve los valores, no puede garantizar a niñas, niños y adolescentes condiciones para que puedan desarrollarse en familias libres de violencia. Toda una paradoja.

La REDIM ha dicho claramente que este caso reproduce en muchos sentidos la dolorosa experiencia del albergue llamado “La Gran Familia” de “Mamá Rosa” en Michoacán; sólo que en Guanajuato.

En esta nueva gran familia las niñas son objetos, eventuales víctimas, beneficiarias “de la bendición de Dios” (embarazarse y tener un hijo para el albergue). Son para la reproducción.

2. El papi Pedro

El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador del albergue, no sólo constituye el liderazgo vitalicio de la asociación, sino que es El Patriarca de la casa; según medios de comunicación registró más de 171 niñas y niños a su nombre teniendo como madre a una religiosa, lo que está prohibido por la iglesia. Pero además el papi Pedro se refería a quienes estaban bajo su cuidado como hijas e hijos.

Para las oficinas de registro civil de Guanajuato el sacerdote tuvo 171 hijos; todo un patriarca, líder social, religioso y político.

En los hechos, esto constituye una violación al derecho a la identidad, y más ampliamente al proyecto de vida; además, es violatorio al artículo 216 del Código Penal.

3. Para siempre jamás

Al ingresar a La Ciudad de los Niños se firmaba un acuerdo que cedía “voluntariamente” para siempre jamás la custodia y la patria potestad (algo a todas luces ilegal) de niñas y niños al Padre Pedro, incluso teniendo como testigo a la madre Xóchitl.

Efectivamente, los efectos de haber estado en La Ciudad de los Niños no sólo serían la institucionalización, sino la supuesta violencia enraizada en la estructura institucional (como los maltratos correctivos) y solapada por el Estado, esa sí, para siempre jamás.

4. Cosificación de los cuerpos de las niñas y las adolescentes

Le tocará al ministerio público verificar si son ciertas las acusaciones de presunto maltrato físico y psicológico; violencia sexual, incluidos presuntos actos de pederastia; desaparición de adolescentes embarazadas; venta de órganos; explotación sexual comercial; desvío de fondos, e incluso de adopciones ilegales.

Como se ha señalado en los documentos citados al principio, existía violencia sexual por parte de los cuidadores, y las adolescentes embarazadas eran trasladadas a otros lugares y desaparecidas. Cosificación y utilización del cuerpo de las niñas y adolescentes no sólo con fines de explotación, sino como “un rebaño de chivitas”, le ha dicho una víctima a una periodista.

Poder eclesial sobre el cuerpo de las niñas. Tecnología del poder sobre función reproductiva de las adolescentes.

5. Estado cómplice

El Albergue se fundó en 1978 y se habla de que en estos 40 años ha recibido apoyo de múltiples actores políticos. En la sentencia y en el informe se señala que al menos se han documentado casos de maltrato desde 2003 y denuncias penales desde 2009 que no prosperaron; un testimonio señala haber “visto” maltrato desde el 2000. ¿Y el Estado? Autorizó las actas de nacimiento, eventualmente aprobó adopciones y dio recursos públicos, pero: ¿supervisó el albergue? Es un Estado cómplice por acción y por omisión.

Este caso pone a prueba no sólo a las instituciones ministeriales y administrativas, sino a la nueva estructura de protección integral a la niñez creada apenas hace unos años a nivel federal, estatal y municipal, y puede evidenciar si el Estado puede corregirse a sí mismo y si está listo para cambiar el paradigma de la niñez. Es más, cuestiona el compromiso de la sociedad con la denuncia de este tipo de situaciones.

Sipinnas, Procuradurías, Comisiones, Diputados, etc.: esta es una oportunidad para combatir la impunidad y fortalecer a las instituciones.

Cuestiona también las políticas que obligan a la transversalización de la perspectiva de género y de combate a la violencia contra las mujeres, en particular niñas y adolescentes. Incluida la trata de personas y la victimización sucesiva (afectaciones múltiples en contextos de violencia, dice la CIDH) a niñas, niños y adolescentes.

Conclusión

El papi Pedro denunció a través de sus abogados a quienes resulten responsables de difundir esta información porque afectan su honor, según se establece en los arcaicos delitos de difamación y calumnias, vigentes todavía en Guanajuato. Es una forma de amenazar y castigar a quienes han revelado la estructura de su sistema patriarcal y cuestionan su modus operandi. Así, suena absurdo que medios locales, estatales, nacionales e internacionales sean alcanzados por la legislación penal local por dañar con dolo el honor del papi.

El control social de una institución cerrada dejó de serlo gracias al trabajo con perspectiva de derechos humanos de una jueza del Noveno Distrito en Guanajuato, que presenta una sentencia ejemplar, además, con perspectiva de interés superior de la niñez y de género.

Los datos oficiales señalan que en Guanajuato hay 45 albergues de cuidados residenciales. Reconozco que muchos de ellos buscan rescatar a la niñez de riesgo extremo y de los efectos de la desigualdad estructural, e incluso tienen como mirada las directrices y observaciones internacionales. Esperemos que sean la mayoría.

Según las propias declaraciones del otrora director del albergue, han pasado durante estas décadas por la Ciudad más de 1200 personas. Dice que las acusaciones vienen de “mentes demoniacas y solemnemente perversas”. ¿Usted qué opina?

 

Raymundo Sandoval es defensor de los derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana León, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y director de NIMA Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.

 

@CMDPDH

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