Injustificable, el Ejército en la seguridad pública

La historia de México durante los últimos 11 años evidencia que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ha traído consigo resultados nada deseables.

Por: Jorge Lule 

Con la discusión de la Ley de Seguridad Interior y lo que ésta implica ha surgido una serie de cuestionamientos y debates respecto a la participación de elementos castrenses en tareas propias de seguridad pública. Sin embargo, la historia de México durante los últimos 11 años evidencia que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas ha traído consigo resultados nada deseables y dejado claro que su participación vino a acompañada de violaciones graves a Derechos Humanos y crímenes constantes en contra de población civil.

En este sentido la propuesta de la Ley de Seguridad Interior representa una falta de memoria histórica, reconocimiento y aceptación de estos crímenes así como un intento más de justificación y legitimación de la participación de elementos castrenses en tareas de seguridad pública. Situación que es aplicada como política de Estado, desde la implementación de la llamada Guerra contra las Drogas (guerra que hasta la fecha continúa vigente).

La implementación y el actuar general de las Fuerzas Armadas al interior del país se dieron en el inicio de dicha guerra, en el marco de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, la cual fue transmitida a inicios de 2007 a los cuarteles militares de todo el país, estableciendo como responsables a los comandantes de las 12 Regiones. La amplia libertad de acción con la que dotaba esta directiva al personal militar así como los múltiples ordenamientos de las distintas operaciones conjuntas que se desarrollaron a lo largo del país, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Veracruz y Chihuahua, trajeron consigo el crecimiento exponencial de crímenes en contra de población civil por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), crímenes que se justificaban en el marco del combate frontal al narcotráfico.

Los procesos de militarización de policías locales, estatales y, en general, de todo el país han sido un fenómeno creciente, con una regulación poco clara, ordenamientos clasificados como confidenciales y operaciones conjuntas con cadenas de mando y órdenes difusas. Durante el año 2006, la SEDENA había desplegado cerca de 37,253 elementos, mientras que la SEMAR hizo lo propio con 4,102; para el año 2009 ambas cifras subieron considerablemente, siendo 48,648 los efectivos desplegados por la SEDENA y 8,056 por la SEMAR. Este fenómeno continuó su pendiente de crecimiento y no ha dejado de ser constante en el aumento de personal castrense desplegado a lo largo del país; en el año 2016, la SEMAR desplegó 17,482 elementos mientras que la SEDENA, 51,994.[i]

El aumento de la participación de elementos militares en patrullajes, atención a denuncias anónimas y tareas de reconocimiento dio aumento al número de detenciones por parte de elementos castrenses. Para el 2006 existieron 1,861 detenciones por parte de elementos de la SEDENA, dos años después (una vez que ya habían iniciado operativos como Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas) dicha cifra casi se cuadruplicó ascendiendo a 6,438 detenidos; para finales del 2011, dicha cifra ya alcanzaba 12,624 personas detenidas en el año.[ii] Mientras que la SEMAR durante 2006 y los siguientes tres años no contaba con ninguna persona detenida, durante 2013 la cifra alcanzó las 932 detenciones[iii] (año en el que ya habían dado inicio operaciones como Guerrero, Veracruz y Coahuila[iv]).

De acuerdo con cifras presentadas por Amnistía Internacional, en su informe “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército”, en al año 2006 se habían presentado 182 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por actos cometidos por elementos de la SEDENA, cifra que se duplicó para el 2007, pasando a ser 367 quejas, de las cuales sólo 6 resultaron en recomendaciones emitidas por dicho organismo; de forma clara y bajo el entendido de que muchos de los operativos conjuntos mencionados ya habían dado inicio para el año 2008, esta cifra creció de forma exponencial, durante este año, ascendió a 1,230 quejas, dando como resultado sólo 14 recomendaciones (dentro de las cuales se encontraban 6 por actos concernientes a tortura y 4 por ejecuciones).

Por medio del análisis de incidentes contemplados en recomendaciones emitidas por CNDH durante los últimos 11 años, se pueden identificar 200 recomendaciones con hechos concernientes a violaciones graves a derechos humanos, de las cuales en el 73% de los casos (146 recomendaciones) se cuenta con involucramiento de las Fuerzas Armadas de México.[v]

La práctica de fabricar culpables, principalmente de “delitos contra la salud” o de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por medio de la obtención de confesiones auto incriminatorias o inculpatorias y a través métodos tortura, amenazas, desapariciones forzadas, ejecuciones, alterando escenas, sembrando armas o sustancias, se volvió una dinámica cada vez más utilizada por elementos de seguridad y, principalmente, de las Fuerzas Armadas; una actitud sospechosa (dejada al libre juicio de cada militar), una supuesta llamada anónima y el uso personal de sustancias psicoactivas (aun cuando el uso no está penado y existen cantidades legales de portación de las mismas) resultaron ser el móvil y la justificación perfecta para tomar “acciones” y hacer “uso legítimo de la fuerza” en contra de la población civil.

Casos como el contenido en la recomendación de CNDH 022/2010 fueron cada vez más recurrentes. En éste, elementos pertenecientes a la SEDENA entraron a un domicilio privado sin contar con una orden judicial; en el patio se encontraba una persona fumando mariguana, la detuvieron y llevaron a su cuarto, donde la retuvieron aproximadamente dos horas, tiempo durante el cual le preguntaban en qué lugar tenía escondidas las armas y drogas, la respuesta era que sólo tenía su consumo personal (una bolsa con aproximadamente 100 pesos de mariguana); ante esta respuesta los militares le vendaron los ojos y la sacaron de su casa con rumbo desconocido; llegaron a una bodega, lugar en el que la desnudaron y golpearon en repetidas ocasiones, en distintas partes del cuerpo y con diferentes objetos.

La detención por parte de los elementos de la SEDENA ocurrió aproximadamente a las 11:00 hrs.; sin embargo, no fue puesta a disposición de la autoridad hasta después de las 19:00 hrs. La SEDENA manifestó que los elementos del Ejército Mexicano realizaban actividades de patrullaje terrestre, cuando cerca de las 19:00 horas del día 9 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron a un hombre porque éste empezó a correr al ver la presencia de la patrulla militar; al ser detenido, se procedió a su revisión, encontrándole en posesión de cinco paquetes confeccionados con cinta canela con un peso aproximado de 2.3 Kg, 34 envoltorios de plástico de color blanco con 58 gr, entre todos, y una bolsa de plástico transparente con un peso de 60 gr, todos éstos contenían en su interior mariguana, más cuatro relojes de pulso de diferentes marcas y modelos así como dos teléfonos celulares.

Esta persona reiteró en su declaración ministerial que esos paquetes no eran suyos, ni ninguna de las otras cosas que los militares afirman que le aseguraron, agregando que dichos elementos militares le dijeron que le iban a sembrar droga para que las autoridades lo sentenciaran a varios años de prisión al mismo tiempo que lo golpeaban y amenazaban, diciéndole que si aceptaba ser narcotraficante dejarían de golpearlo.

La tortura se convirtió en un recurso común para obtener información (o culpables) bajo cualquier método o costo (recurso que hasta la fecha se continúa implementando). Datos obtenidos de los incidentes comprendidos en las recomendaciones emitidas por la CNDH del 2006 hasta inicios de 2017 nos hablan de la existencia de 479 personas que sufrieron episodios de tortura, de las cuales, 1 por cada 5 personas fue víctima de desaparición y 21 fueron asesinadas por medio de los métodos utilizados para su tortura. De las personas que lograron sobrevivir estos episodios, a 3 por cada 5 se les inició averiguación o se les ejerció una acción de carácter penal en su contra, siendo los Delitos contra la Salud la imputación más frecuente, con el 53% de los casos.[vi]

Es injustificable e inhumano el uso de la fuerza, éste debe dejar de pretender ser legítimo; de tener intentos de instrumentación, ordenamientos, códigos o leyes, que le avalen, respalden y permitan actuar en la impunidad. Debe dejar de escudarse en una guerra que el mismo Estado declaró y mantiene, que da resultados negativos, que desplaza, tortura, asesina y desaparece de manera forzada a miles y miles de personas, bajo el falso discurso y promesa de paz y seguridad.

Dejar la seguridad pública en manos del Ejercito Mexicano, es totalmente injustificable e inhumano.

 

* Jorge Lule es analista en The Investigation and Documentation System (I-DOC) en la @CMDPDH.

 

 

[i] Solicitudes de información. SEDENA folio: 0000700043617 y SEMAR Folio 0001300019517

[ii] SEDENA, solicitud de información folio: 0000700211514

[iii] SEMAR, solicitud de información folio: 0001300021217

[iv] SEDENA, solicitud de información folio: 0000700211514

[v] Análisis a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

[vi] Ibídem.

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