El amparo sobre el hacinamiento carcelario en la CDMX

¿Hay interés legítimo para que organizaciones de la sociedad civil se amparen y exijan al gobierno capitalino que resuelva el problema de hacinamiento carcelario en la Ciudad de México?

Por: Documenta

Cuando los medios de comunicación tocan el tema de las cárceles suelen hablar con mayor frecuencia de la violencia, los motines, las extorsiones, la ausencia de servicios básicos como el agua y la educación, pero ¿cuántas veces nos preguntamos cuáles son los orígenes de todas estas problemáticas? ¿Y qué podemos hacer para remediarlo o, por lo menos, para disminuir estas situaciones?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas de 2011 observó que uno de los problemas más graves y extendidos en la región es la sobrepoblación y hacinamiento.[1] Tan solo a junio de 2015, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente presentaba una capacidad instalada para albergar 6,276 personas y contaba con una población de 12,899. Por su parte, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte contaba con una capacidad instalada para albergar a 6,565 personas y únicamente contaba con espacio para 11,180; es decir, el número de internos sobrepasaba más de la mitad de lugares disponibles[2].

La Comisión de Derechos Humanos del distrito Federal constató que en algunos dormitorios llegan a vivir entre 200 y 400 personas, cuando la capacidad instalada es en promedio para 100 personas.[3]

Así, la sobrepoblación y hacinamiento en las prisiones capitalinas representa un problema estructural y el origen de muchos que mencionamos al inicio, ya que al tener mayor población y no tener la capacidad para su debida atención, se generan una serie de dificultades que hace prácticamente imposible su organización.

A partir de esto se genera la necesidad de sobrevivir a cualquier costo, tanto como de las autoridades, como de las personas privadas de libertad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que este entorno genera molestias por la saturación de los servicios, además de conflictos que pueden derivar en hechos violentos y poner en riesgo la integridad física de los internos, del personal que presta sus servicios en los establecimientos penitenciarios e incluso de los visitantes. Asimismo, indicó que la sobrepoblación afecta la calidad de vida de los internos, impide que tengan acceso a las oportunidades de trabajo, capacitación para el mismo y educación. así como atención médica y psicológica, necesarios para enfrentar la vida en reclusión[4]. 

El papel de las organizaciones civiles

Una vez que hemos expuesto una de las fuentes que generan la problemática penitenciaria, cabe preguntarnos: ¿qué podemos hacer las organizaciones de la sociedad civil para enfrentarla? Una herramienta útil podría ser el juicio de amparo. A partir del año 2013 el poder legislativo instauró una figura jurídica llamada interés legítimo, que reconoce el derecho de las personas a presentar un amparo frente a violaciones que les afecten de manera indirecta o que, de alguna manera, estén relacionadas con la población o persona que se pretende beneficiar, lo que representó una gran oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil para defender derechos individuales o colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.

Con el uso de esta herramienta, en el año 2015 la organización de la sociedad civil Documenta presentó un amparo a fin de que las autoridades penitenciarias, en conjunto con las judiciales, resolvieran el problema de hacinamiento carcelario en la Ciudad de México.

Sin embargo, el Juez de Distrito que tramitó el juicio de amparo no reconoció el derecho de esta organización para presentarlo, por lo que el problema de fondo (hacinamiento) no pudo ser resuelto. Ahora está en manos de un Tribunal Colegiado realizar una interpretación a fin de hacer efectivo el amparo y de esa forma se garanticen los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad.

Con una sentencia garantista en materia de derechos humanos, que reconozca el derecho de Documenta a presentar amparo para resolver las condiciones carcelarias de la Ciudad de México, se obtendrían grandes resultados que no solo beneficiarían a los internos, sino a otras organizaciones de la sociedad civil que quisieran acceder al amparo en beneficio de las poblaciones que defienden.

 

* Documenta. Análisis y acción para la justicia social A. C. es una organización de la sociedad civil que busca incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como de las personas con discapacidad en México.

 

 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, adoptado el 31 de diciembre de 2011.

[2]Respuesta a una solicitud de información pública con número de oficio SG/OIP/1503/15 de fecha 17 de junio de 2015 emitida por MAGNOLIA FLORES VERDAD HIDALGO MONROY2 (Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno).

[3]CIDH, Informe especial sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal 2010-2011, pág. 115.

[4] Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Recomendación General No. 18 sobre la situación de los derechos de los internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana del 21 de septiembre de 2010, pág. 3.

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