México ante la militarización

Después de 11 años de vigencia, la militarización de la estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico no ha reducido la violencia, ni las violaciones a derechos humanos, ni la comisión de crímenes graves. Al contrario, han ido en aumento.

Por: Lucía Guadalupe Chávez Vargas (@LucyChavezV)

Según los principios de cualquier país democrático –establecidos en el texto de nuestra Constitución-, la seguridad pública deberá estar en manos de civiles y no de militares, además, el poder militar siempre debe ser subordinado al poder civil.

Sólo en periodos dictatoriales o de conflicto armado interno en América Latina, se ha hecho uso de militares en tareas propias de civiles. La comunidad internacional se alarmó al oír los terribles casos que ocurrieron en las dictaduras del sur de América Latina. En Chile, el 11 de septiembre de 1973 se instauró un régimen militar que derrocó al Gobierno del Presidente Salvador Allende. Una junta de gobierno militar asumió en un inicio el poder ejecutivo y posteriormente también el poder constituyente y legislativo. El resultado de 27 años de dictadura militar fueron al menos 3,197 personas desaparecidas y ejecutadas[1] y 27,250 reconocidas como víctimas de tortura.[2]

En Perú, desde 1980 y durante 20 años, se cometieron una serie de abusos contra civiles, incluidos crímenes contra la humanidad so pretexto de la lucha contra grupos terroristas. Los crímenes incluyeron 530 víctimas reconocidas de tortura, 23,969 de ejecuciones y 3,355 de desapariciones forzadas.[3] Las historias detrás de estas cifras tienen que ver con detenciones, torturas, juzgamientos y ejecuciones de civiles en lugares clandestinos de detención y cuarteles militares; recordamos también cómo la comunidad internacional, en estos casos la Corte Interamericana, condenó esas atrocidades.

En diciembre de 2006 se declaró la guerra contra las drogas en México y la estrategia tuvo aparejada una mayor actuación de los militares en tareas de seguridad pública. Esa estrategia de seguridad, después de 11 años de vigencia, no ha reducido la violencia, al contrario, la ha incrementado. Tal y como lo muestra la experiencia en otros países, en México tras la militarización, las violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes graves han ido en aumento.

Desde diciembre de 2006 en nuestro país son comunes las detenciones arbitrarias a manos de militares; es decir, de esa fecha hasta febrero de 2017 los militares –SEDENA y SEMAR- detuvieron a 80,259 personas, alrededor de 21 personas por día. En todas las detenciones se argumentó “flagrancia delictiva”, eso quiere decir que los militares observaron directamente como más de 80 mil personas en 11 años cometían algún delito o mediante elementos objetivos, pudieron identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, la persona se encontraba cometiendo el delito.[4]

Hay otros datos que nos permiten confirmar los abusos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el uso de la tortura contra civiles como método de investigación. Son 2,418 las investigaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República (PGR) contra las Fuerzas Armadas por ese crimen. Rondan entre las 5,600 las quejas en la CNDH por actos de tortura cometidas por militares.

La CNDH en sus recomendaciones ha comprobado 196 incidentes en los que hubo participación militar al momento de la tortura: aplicando ellos mismos la tortura, facilitando instalaciones militares, médicos militares o simplemente tolerando esa práctica. Cuando los militares torturan, en la mitad de los casos, se asfixia a las víctimas con una bolsa de plástico, agua u otro objeto; en 1 de cada 4 casos de tortura se aplican descargas eléctricas. En uno de cada 3 casos documentados, a las víctimas civiles se les trasladó a instalaciones militares para someterles a tortura.[5]

No hay razón alguna para justificar el uso de la tortura y en el mismo sentido, ¿por qué un civil puede ser trasladado y retenido en instalaciones militares?

Además de que la evidencia demuestra una grave crisis de violaciones graves a derechos humanos por la militarización del país, también ha probado que dar facultades a los militares para hacer funciones de seguridad no es la respuesta a la crisis de violencia.

Es difícil hacer en sólo unas líneas una crítica completa a la Ley de Seguridad Interior que regulará la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a continuación, menciono sólo algunas.

En primer lugar, la emisión de la Ley genera una afrenta al discurso por el cual se pretende hacer pasar como excepcional la actuación de las Fuerzas Armadas. Igualmente, reta las recomendaciones de diversos mecanismos de derechos humanos que han recomendado la desmilitarización de la seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior –ya aprobada por diputados- genera varios problemas que colocarán a las Fuerzas Armadas en una posición de interpretar la ley para determinar su intervención o no. Por ejemplo, podrán intervenir cuando a su juicio una protesta social o político electoral no sea pacífica (artículo 8). La Ley prevé una Declaratoria para la intervención de las Fuerzas Armadas (artículo 20), diferente al régimen de excepción que plantea el artículo 29 constitucional; el Ejecutivo Federal tendrá la facultad de analizar y decidir cuándo se hace necesaria la participación de las Fuerzas Armadas.

La actuación de las Fuerzas Armadas, en caso de que se emita la Declaratoria de emergencia, no se subordina a las autoridades civiles, sino que el comandante, designado por los Secretarios de la Defensa y Marina, será quien coordine a las acciones, incluso en las que participan instituciones civiles (capítulo tercero de la Ley).

Con la aprobación en San Lázaro de la Ley de Seguridad Interior, lo que se evidencia es que la clase política tiene un cínico y profundo desconocimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y una deuda con las policías estatales, municipales y la federal, ante la falta de voluntad de los gobiernos para fortalecerlas. Además, se muestra un desdén por la democracia, los principios constitucionales y el respeto a los derechos humanos.

 

* Lucía Guadalupe Chávez Vargas es Directora del área de Investigación en la @CMDPDH.

 

[1] CIDH. (2015), Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y Otros Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 22.

[2] Universidad Diego Portales Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011) (2° Informe Valech)  Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política  de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (1996).   Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos

[3] . Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), Lima, 2003.    Documental “Cicatrices del engaño”

[4] SCJN, Primera Sala. (2016), Tesis aislada: 2010963, detención en flagrancia. Apreciación de su validez constitucional cuando la autoridad tiene conocimiento, por medio de una denuncia informal, que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito.

[5] Análisis a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

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