¿Consultas ad infinitum? Plan Nacional de Desarrollo

Es el momento en que legalmente la participación y consulta de todos los ciudadanos debe ser equitativa e incluyente. Pero no es suficiente pedir y presentar propuestas de gobierno para los próximos seis años; es indispensable testificar que se lleven a cabo.

Hay un síndrome colectivo de insaciabilidad de reformas de ley. Se exigen y realizan modificaciones constitucionales y legales sin que haya quien evalúe su cumplimiento, aplicación, regulación y sanción.

Mientras haya una simulación de catarsis pública al realizar foros y consultas como la que ahora se lleva a cabo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin dar seguimiento a su cumplimiento en los próximos cinco años, sólo presenciaremos un conjunto de buenas intenciones y uso de recursos públicos para publicitar la consulta nacional. Después de dos alternancias de gobierno, ¿es esto lo que requiere el país o amerita tener gobiernos evaluados y de datos abiertos?

Revisores y evaluación del PND

El apartado A del artículo 26 constitucional establece los elementos del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Es el momento en que legalmente la participación y consulta de todos los ciudadanos debe ser equitativa e incluyente. Pero no es suficiente pedir y presentar propuestas de gobierno para los próximos seis años; es indispensable testificar que se lleven a cabo.

La Ley de Planeación establece la intervención del Congreso de la Unión, el cual formulará las observaciones que estime convenientes sobre el PND. En marzo de cada año el Poder Ejecutivo remite al Congreso los informes de acciones y resultados de ejecución del Plan. A su vez, las Cuentas Públicas deben relacionarse con los objetivos y prioridades del Plan Nacional. Si hay 628 evaluadores de la actuación del Ejecutivo ¿dónde estará la falla del cumplimiento del PND?

El PND, más allá de que pueda ser un conjunto de buenos deseos, tiene un sustento legal de aplicación, evaluación y seguimiento. La propia Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal construirá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño, el cual medirá los avances que las dependencias tengan. Alguno de ustedes ha escuchado ¿cuál es la calificación del trabajo del gobierno? Es una pena, pero aún no existe. Es una aspiración encontrar una calificación del gobierno de acuerdo a las áreas de la sociedad que debe mejorar.

Algunos datos

El PND debe emitirse después de seis meses contados a partir de la fecha de inicio de la nueva administración federal; es en mayo cuando debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El sexenio de Vicente Fox inició las consultas en diciembre de 2000, recibió 153,367 propuestas. La administración de Felipe Calderón recibió 131,918 propuestas recibidas en foros de consulta popular, página de Internet, centro de atención telefónica, correo postal y electrónico.

Veamos cuáles van a ser los resultados del gobierno de Peña Nieto. Por lo pronto arrancó la consulta a mediados de marzo y el ciudadano común sólo tiene acceso a presentar sus propuestas por Internet. El portal del PND no cuenta con un desglose de lugares donde los ciudadanos pueden acudir y participar; mencionan los foros que habrá, pero no establece detalles de dónde se llevarán a cabo para que cualquier interesado acuda a ellos. Incluso han tenido reclamos por ser una consulta acotada, como lo denunciaron algunos alcaldes participantes del Foro de Consultas del Federalismo.

Mayo: un parteaguas

Si en México se diera un peso real al sistema legal existente, estaríamos frente a una realidad que considera lo mínimo para que ciudadanos y legisladores exijan al Ejecutivo Federal los resultados de las acciones que se desprenden de las prioridades nacionales. Un caso concreto son las reformas de noviembre de 2012 a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La reforma establece la obligación de generar y difundir por Internet los datos financieros de los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades federativas sobre el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos. La Auditoría Superior de la Federación también deberá difundir la información de su programa anual de auditorías respecto del gasto público federal transferido.

Cabe agregar que esta Ley establece que a partir de mayo de 2013 deben aplicarse todas sus disposiciones. Es obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Mayo es crucial tanto para el mejoramiento de la transparencia de los gastos públicos en todo el país en sus tres niveles de gobierno, como por la publicación del PND.

Propuestas de transparencia para PND

La transparencia es una herramienta en dos vías: gobernante-ciudadano. La autoridad o servidor público tiene la responsabilidad legal de informar, de ser transparente, accesible y entendible. La ciudadanía debe evaluar continuamente al gobierno municipal, estatal y federal. En esta dinámica, las propuestas concretas de Visión Legislativa para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), son tres.

1)      El gobierno federal debe impulsar y concluir una digitalización de la información gubernamental, para que los documentos que generen estén en formato electrónico, digitalizado, catalogado, clasificado y en bases de datos que permitan realizar búsquedas. Con ello el contenido que sea solicitado vía transparencia, deberá entregarse en formato electrónico y gratuitamente. Más aún, cualquier persona que deseara observar, analizar las acciones del gobierno, podría consultar su actividad fácilmente por open data.

La Unión Europea en 1999 emitió el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información. Desde entonces se reconocía que “las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando rápidamente la forma de trabajar de los organismos del sector público, lo que hace que un debate oportuno sobre la información del sector público sea de la mayor importancia”.

Ya es momento de realizar la implementación de datos abiertos en la administración pública por lo menos a partir del actual gobierno, lo que no implica generar más costos de aplicación ni burocracia. Se cuenta con la estructura y experiencia de más de diez años en la clasificación y ordenamiento de información derivado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información. Incluso la Ley Federal de Archivos expedida en enero de 2012 establece que se debe “favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados”.

2)      Difundir y terminar la implementación de un sistema de indicadores que liguen el desempeño del presupuesto público por resultados. De tal forma que al final del sexenio, especialistas, organizaciones, medios de comunicación, académicos y ciudadanos interesados, cuenten con elementos de evaluación del trabajo del gobierno a nivel federal.

La alianza para el gobierno abierto a nivel internacional ha generado líneas de acción definidos y compromisos específicos en el caso de México. Uno de ellos es la transparencia presupuestal.

3)      Instrumentar reformas legales para establecer la obligatoriedad en la comprobación del uso de recursos de programas federalizados. En caso de que no se cumpla con la comprobación, que exista penalización a los servidores públicos responsables.

Oposición real

Teóricamente la oposición política debería rendir frutos por la competencia originada por la preferencia ciudadana. Los incentivos de la oposición a ser más profesionales, vigilantes, especialistas y fiscalizadores, debería ser muy alta debido a la alternancia del Ejecutivo Federal. Veremos si realmente los legisladores cumplen con su trabajo de evaluar anualmente los alcances y resultados del PND.

Observaremos si realmente la contabilidad gubernamental es más transparente y se deja de argumentar que la legislación no es suficiente, a expensas de que en noviembre de 2012 se publicó una reforma que pretende mejorar ampliamente la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

No olvidemos que la transparencia debe ser proporcionada por la autoridad, independientemente del ejercicio ciudadano de acceder a ella.

 

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