Legisladores, los primeros en violar la ley

A la hora de rendir cuentas, los congresos federal y estatales se oponen a la transparencia y en algunos casos, como Tabasco, han reservado por varios años información que debería ser pública.

¿Cómo fortalecer las facultades de fiscalización de los legisladores si ellos mismos no son fiscalizables? Es una desafortunada coincidencia a nivel federal y estatal.

Fiscalización

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA-UdG) presentaron el estudio “Auditorías Superiores Locales de México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”. El objetivo es mostrar el estado de los sistemas de fiscalización superior en las entidades federativas con base en tres segmentos: una evaluación del ordenamiento jurídico; análisis de las experiencias y perspectivas de las auditorías superiores de las entidades federativas; así como una evaluación de sus portales electrónicos.

Contextualizan que existen dos tipos de rendición de cuentas: vertical y horizontal. La vertical refiere a la capacidad de los ciudadanos de premiar o castigar a gobernantes y sus partidos políticos por medio de las elecciones o denuncias sociales. La horizontal implica la existencia de instituciones que legalmente supervisan, controlan, ratifican y/o sancionan actos ilícitos de otras instituciones del Estado. En este plano se encuentra la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Una de sus conclusiones refiere que “es necesario llamar la atención de los legisladores para que se realice una reflexión y análisis profundo sobre su función en la vigilancia de los recursos públicos y para que reformen las leyes de fiscalización superior.” Es una tarea que deben llevar a cabo los 1,765 legisladores que tiene el país (1,137 locales y 628 federales).

¿Excepción o regularidad?

Visión Legislativa observa el grado de rendición de cuentas en los congresos locales y en el Congreso de la Unión a nivel federal. Participa en un proyecto de evaluación de la calidad de vida en la ciudad de México (D.F. y municipios conurbados del estado de México) dentro del segmento de indicadores de gobierno. En el área específica del desempeño legislativo, se construye el índice de transparencia en el uso de recursos legislativos.

Es un trabajo encaminado a impulsar las metas de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, pues Visión Legislativa es una de las tres organizaciones encargadas de observar y evaluar en México el estado de transparencia legislativa a nivel federal y en los congresos locales.

Ahora bien, la estructura programática del gasto es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aún más, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Congreso de la Unión y los legislativos locales están obligados a transparentar, difundir y publicar por Internet el uso de su presupuesto, cuentas públicas y desglose del uso de recursos federalizados (que la Federación transfiere a los estados). En fin, legalmente, están obligados a ser más transparentes, luego de que la entrada en vigor de esta ley para las entidades federativas es justo el presente mes de mayo.

En contraste a la ley (o por saltarse olímpicamente lo que disponen), hay un par de casos dignos de referencia: el Distrito Federal y Tabasco.

Máxima publicidad: un mito

En marzo pasado el Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó un desglose de las ministraciones que mensualmente reciben. Llevaron la delantera en transparencia y difusión de esta información, aunque no es suficiente ni exhaustivo. El resto de los grupos parlamentarios no presenta el detalle del uso de recursos públicos. La capital del país tiene un órgano legislativo que no acata las propias disposiciones legales y eso no sólo es lamentable sino que debe tener una consecuencia.

Aún más, el resultado de una investigación de La Jornada arrojó que más de la mitad de los módulos de la ALDF están prestados y los diputados locales reciben íntegros los recursos asignados para renta. La pregunta es: ¿en qué utilizan ese dinero? En sentido estricto deberían regresarlo por no necesitarlo.

El caso reciente del congreso del estado de Tabasco es dramático. Realizaron la reserva de información del uso y aplicación de los recursos públicos de 2013 y su cuenta pública hasta 2015. La violación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al artículo sexto constitucional que establece el principio de máxima publicidad de la información es clara. Esta resolución fue firmada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco el pasado 10 de mayo.

Las reformas de noviembre de 2012 a la citada ley establecen que los entes públicos (congresos locales entre ellos) deberán publicar por Internet a finales de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño del presupuesto a su cargo (Art. 79). ¿Habrá sanciones a los legislativos de los estados si incumplen lo que la ley les obliga? Hasta ahora no hay un solo ejemplo en México.

Recursos legislativos

Cerca de setenta variables integran el índice para evaluar la transparencia del uso de los recursos legislativos. De acuerdo a las actividades y organización de los congresos se medirá si el uso de los recursos es accesible y público. Se divide en siete segmentos: apoyo técnico, comisiones, difusión, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, representación y comisión permanente.

Por lo pronto en la distribución de presidencias de comisiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Poder Legislativo del Estado de México, prevalece el partido en el gobierno como mayoritario. El PRD en la Asamblea preside el 52 por ciento de las comisiones; el PRI en el Edomex encabeza el 50 por ciento.

La transparencia, difusión y accesibilidad de la información legislativa depende básicamente de estos dos partidos. Veremos si sus decisiones coinciden con los acuerdos que los partidos políticos construyen a nivel federal y con el impulso de la reforma de transparencia pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión.

Blog Visión Legislativa 15may13

 

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