Cambios de coordinador y PND sin transparencia

Las reglas internas de los partidos las establece cada uno, porque en México no existe una ley de partidos políticos como tal que los obligue sobre todo a la transparencia. En esa misma sintonía se encuentra el gobierno actual según su Programa Nacional de Desarrollo. Es una alerta roja que el gobierno federal no presente políticas en la materia y que no se haya comprometido a generar un sistema legal que fortalezca la rendición de cuentas en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

La remoción del coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, el pasado 19 de mayo ha dado pie a discusiones respecto a las facultades del Presidente del PAN y sus alcances en la dinámica del Congreso. Se ha extrapolado y en ocasiones confundido las funciones partidistas con las legislativas. ¿Cuál es su diferencia y qué alcances tienen las tareas de un legislador y las de un coordinador?

Sistema de partidos

El apartado I del artículo 41 constitucional refiere que “Los partidos políticos tienen como fin… contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. El sistema político se rige por un sistema de partidos.

Las reglas internas de los partidos políticos las establece cada uno; cabe agregar que en México no existe una ley de partidos políticos como tal. De hecho crear su propia ley y transparentarlos son propuestas electorales que presentaron en 2012 tanto el PAN como el PRD. Adicional, el Pacto por México establece el compromiso de aprobar una ley general de partidos. Esperemos que concreticen estas promesas en proyectos legislativo.

En el caso de Acción Nacional, su Presidente tiene la facultad de nombrar a los coordinadores de los grupos parlamentarios de diputados y senadores. Su elección y remoción es prerrogativa del presidente de partido. En ese sentido, el primer vínculo es partidista.

El “Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección postulados por el PAN” en el inciso h) del artículo 14 señala que el coordinador deberá “Ser el vínculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos del partido y coordinarse con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en aquellos asuntos que revistan importancia para la consecución de los objetivos del grupo parlamentario y del partido en general.”

En el ámbito legislativo, de acuerdo a los artículos 27 y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política. Se conforma un solo grupo parlamentario por cada partido político representado.

Qué hace un coordinador

Han habido críticas de que la remoción como coordinador atenta contra la actividad legislativa, es más: que la intromisión de un presidente de partido afecta la calidad de representación ciudadana que tienen -en este caso- los senadores. Nada más alejado de la realidad. Los legisladores (sean coordinadores o no) en igualdad de circunstancias, tienen las mismas facultades a nivel constitucional de presentar iniciativas, discutirlas, analizarlas y votarlas en comisiones y en el pleno. Los límites y alcances de las negociaciones dependerán de la habilidad política, estrategia y oportunidad del legislador no únicamente del puesto que ostente.

De iniciativas electorales

El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral el pasado 14 de mayo. Se propone la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al Instituto Federal Electoral y a los 32 institutos electorales locales. Por su parte, un grupo de senadores encabezados por Cordero anunció que presentarían junto con senadores del PRD una iniciativa propia al margen de lo que propusiera el consejo rector del Pacto por México.

Con independencia de la calidad de la propuesta y la factibilidad de aprobar una reforma electoral, la razón pública del cambio de coordinación del GPPAN en el Senado fue que se requiere la confianza en la representación partidista. Si hay trabajo legislativo realizado y avance en negociaciones, no importará si Cordero es o no coordinador de bancada. Al final, al igual que Santiago Creel en su momento cuando fue destituido como coordinador, Cordero terminará el periodo de la Presidencia de la Mesa Directiva hasta el último día de agosto.

Lo que inminentemente cambia al remover al coordinador es la organización interna del GPPAN: subcoordinadores e integrantes de comisiones. Adicional al manejo de las ministraciones mensuales.

PND nulo en transparencia

Por otro lado, el Ejecutivo Federal publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). En materia de transparencia y rendición de cuentas no hay líneas de acción concretas. Después de haber convocado a foros de discusión para que organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanos presentaran propuestas, el texto del PND no retomó ninguna.

El capítulo VI integra objetivos, estrategias y líneas de acción de los cuales se desprenden los compromisos y promesas del gobierno federal. En total son: 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción. La única referencia de transparencia se encuentra en el apartado VI.A Gobierno Cercano y Moderno; señala “Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos personales, fomentando la rendición de cuentas”. El eje México en Paz incluye los temas de seguridad pública, fuerzas armadas, seguridad nacional, soberanía, justicia, derechos humanos y prevención de desastres.

Hay una preocupante y clara ausencia de lineamientos y compromisos en transparencia y rendición de cuentas. Es una alerta roja que el gobierno federal no presente políticas en la materia y que no se haya comprometido a generar un sistema legal que fortalezca la rendición de cuentas en todos los ámbitos y niveles de gobierno. En comparación con los PND de las administraciones pasadas 2001-2006 y 2007-2012, el Partido Revolucionario Institucional no consideró relevante ni siquiera incluir el tema como apartado.

Si por disposiciones legales la evaluación del presupuesto debe realizarse por resultados, y estos se valoran de acuerdo a los objetivos y –entre otros- a los lineamientos que establece el PND, ¿cómo pretenderá el Presidente Enrique Peña Nieto entrelazar los resultados y responsabilidades con la ejecución del gasto? ¿La transparencia y rendición de cuentas brillarán por su ausencia en los próximos seis años? Si es así, la alarma es francamente escandalosa. El actual Poder Ejecutivo tendrá que dar una respuesta clara a los ciudadanos.

 

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