Luto en la legitimidad legislativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo en sus manos la oportunidad de abonar a la legitimidad, de acercar a los ciudadanos con los servidores públicos y contribuir al combate a la corrupción. Prefirió en su lugar oponerse a que los servidores públicos estén obligados a divulgar sus declaraciones patrimoniales.

Los ciudadanos estamos abatidos por la inobservancia de la ley en torno al funcionamiento del Congreso y los alcances de transparencia. Las declaraciones patrimoniales de cualquier servidor público no serán publicitadas. Los recursos legislativos de grupos parlamentarios se utilizan a discreción.

El Presidente de la cámara alta tuvo una conducción partidista en vez de respetar la ley y ser institucional. La indignación ciudadana no ha alcanzado para que grupos parlamentarios cumplan con la ley y publiquen sus estatutos internos. Para ser breves: la legitimidad de la representación ciudadana está de luto.

Episodio 1: Declaraciones patrimoniales ocultas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo en sus manos un asunto primordial para abonar a la legitimidad, al acercamiento de los ciudadanos con los servidores públicos; pudo dar un elemento de combate a la corrupción y no estuvo a la altura. Sólo tres de once ministros votaron a favor de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de servidores públicos.

“La votación de la Suprema Corte duele porque es una oportunidad perdida” comentó Miguel Pulido, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “La crisis de confianza se refleja en la impotencia ciudadana, porque se percibe que los políticos no la toman en cuenta, porque viven y deciden en lo oculto, en un lugar distinto, inalcanzable para el ciudadano común”, expresó Guillermo Ávila.

Agrega que “Los funcionarios del Estado tienen una naturaleza pública por las actividades que realizan y, por ende, están obligados a permitir un control ciudadano de ellas en función del interés público”. Lo cual es indudable. La Suprema Corte en México decidió no apuntalar la democracia.

Cabe señalar que a nivel nacional el estado de Morelos es el único que publica las declaraciones patrimoniales de servidores públicos. En contraste con México, en Estados Unidos existe la obligación de presentar y publicar un reporte de la situación financiera y de los intereses que funcionarios públicos tengan fuera del gobierno.

Episodio 2: Sin curiosidad por la transparencia

Noticias como los gastos en joyas, ron y chicles de senadores del PAN tienen revuelo en medios de comunicación. Pero en la práctica, las solicitudes de información requeridas por transparencia dejan mucho que desear. De acuerdo con el informe anual 2012 del Senado, se recibieron 558 solicitudes, de las cuales únicamente 4 fueron para grupos parlamentarios.

En comparación con el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Migración o el Archivo General de la Nación despertaron mayor cuestionamiento en transparencia que el Senado; de acuerdo al Informe de Labores del IFAI de 2011 tuvieron 578 y 585 solicitudes, respectivamente.

En el caso de la Cámara de Diputados su informe anual 2012 de transparencia reporta haber recibido 1,813 solicitudes, de las cuales 24 por ciento correspondieron a áreas parlamentarias. En 2011 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución que más solicitudes de transparencia recibió, con 9,240. San Lázaro representaría únicamente el 5 por ciento de interés en transparencia en comparación con el IMSS.

Resulta bizarro que el Senado estableciera sus Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2013 para las áreas de estructura de la cámara, mientras que no hay restricciones ni control sobre el uso de ministraciones a los grupos parlamentarios. La cámara alta tiene un alto grado de discrecionalidad en el manejo de recursos. No se conoce el detalle de los gastos en comisiones, de grupos parlamentarios, mucho menos de los órganos de gobierno como la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política.

El presupuesto autorizado para 2013 para la Cámara de Diputados es de 6 mil 529 millones 590 mil pesos. Para el Senado de 3,757 millones de pesos. ¿Cuándo decidirán los legisladores rendir cuentas sobre el uso de estos recursos?

Episodio 3: desorganización partidista

Los grupos parlamentarios son los brazos legislativos de los partidos políticos en el Congreso. Se rigen por dos vías: la Ley Orgánica del Congreso y los estatutos de cada partido político. De acuerdo a la citada ley, al inicio de cada legislatura los grupos parlamentarios anuncian su constitución y los estatutos que regirán su funcionamiento.

En el caso del Senado, el Diario de los Debates de la sesión del 4 de septiembre de 2012 refiere la recepción de los estatutos, pero no los publica en su anexo; tampoco se encuentran en la Gaceta Parlamentaria. Hay un claro incumplimiento de la Ley Orgánica desde septiembre de 2012. La omisión de todos los grupos parlamentarios lleva nueve meses, ¿será suficiente para que publiquen sus estatutos?

Ahora bien, la restructuración del grupo parlamentario del PAN en el Senado lleva más de un mes, incluido el cambio de su coordinador. La reagrupación de fuerzas llevó a que 22 de 38 senadores buscaran modificar sus reglas de funcionamiento como grupo parlamentario. Ante lo cual, la dirigencia de Acción Nacional declaró inválido elintento de reformas pues a la reunión donde se expusieron las modificaciones, no asistió ni el coordinador ni vicecoordinador como lo señalan los lineamientos de bancada.

Episodio 4: Presidente del Senado omiso de la ley

El zafarrancho panista no quedó ahí. El Presidente del Senado, Ernesto Cordero, dio como válidos los cambios de los estatutos de bancada y con ello tuvo una conducción partidista en vez de procurar el interés general del Senado. Incumplió lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso que señala que el Presidente del Senado “en su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo”.

Más aún, el Reglamento del Senado de la República en su artículo 25 apartado dos establece que “los grupos parlamentarios son autónomos en su organización y funcionamiento internos, conforme a lo dispuesto en este Reglamento y en sus respectivos estatutos. Las controversias al interior de los mismos se solucionan con apego a las disposiciones estatutarias relativas; en su caso, los órganos directivos del Senado están a lo resuelto”.

Al llamar a conferencia de prensa en el Senado, su Presidente mostró un sesgo partidista al pretender ser juez y parte de una controversia interna de grupo parlamentario.

Interés internacional

En sentido inverso a lo que ocurre en México, organismos internacionales están enfocados a incentivar la transparencia parlamentaria. Refiere la Organización de Estados Americanos (OEA): “La creciente importancia que van adquiriendo los poderes legislativos, tanto en el funcionamiento de las democracias de América Latina y el Caribe, como en los procesos de integración y participación ciudadana, requiere de instituciones verdaderamente sólidas y capaces de cumplir cabalmente con sus funciones y responsabilidades. Por ello, se busca promover el desarrollo y fortalecimiento institucional, que depende en gran medida de la capacidad que una institución tiene en términos de recursos estratégicos como el conocimiento, la información y los recursos humanos calificados.”

Justo la semana pasada el Secretario General de la OEA y congresistas hablaron sobre los principios fundamentales de dotar de mecanismos que impriman más transparencia a los poderes legislativos de la región, mediante una mayor difusión de la información contenida en los documentos públicos; una mayor participación ciudadana; y una mayor rendición de cuentas en las gestiones legislativas a nivel nacional, regional y municipal.

En ese sentido, la OEA y la Fundación Ciencias de la Documentación (FCD) realizan el proyecto “Documentación en Instituciones Legislativas de América Latina y el Caribe”. Buscan promover una cultura de la transparencia, transparentar la información parlamentaria, facilitar el acceso a ésta, así como permitir su acceso electrónico y análisis.

¿Llegará a tener relevancia e implicaciones en el desempeño y transparencia del Congreso de cara a los ciudadanos? Deseamos que sí y hacemos un voto de confianza.

#TransparenciaYA

En cuatro vías se mermó la democracia y saltaron la aplicación de la ley. Una forma en que podemos aprovechar la coyuntura con la exhibición de pleitos internos en senadores PAN, el abuso de los recursos legislativos para beneficio personal y que la Suprema Corte no se pronunciara por la publicidad de las declaraciones patrimoniales, es exigir a diputados y senadores lleven a cabo la reforma constitucional de transparencia que México necesita.

Una reforma en materia de transparencia que incluya como sujetos obligados a los partidos políticos y sindicatos; que otorgue autonomía del IFAI. Adicionada con una reforma de transparencia legislativa que ayude a fortalecer la legitimidad y el vínculo de los ciudadanos con sus representantes. La opacidad es costosa para la política misma; es directamente proporcional a la deslegitimación de sus actores.

 

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