Dejen todo como estaba: el ridículo caso de la reforma en transparencia

Todo parece indicar que el sentido de la reforma en Transparencia, en discusión en San Lázaro, va de la mano con la excesiva prevención de los partidos políticos de cubrirse a sí mismos. Y de no ser por organizaciones que dan seguimiento a reformas como la que hoy nos ocupa, no se lograría tener las votaciones públicas de cada legislador. Las comisiones no transparentan, no comunican ni colocan en acceso público la información que generan. Y eso, a estas alturas, es lamentable y más que eso: inaceptable.

El acceso a la información pública debe ser visto desde la perspectiva ciudadana, del público no especializado, que es quien recurre a este derecho. Desde medios de comunicación hasta individuos. En ese sentido, el gobierno está obligado a facilitar su consulta y acceso, y el legislador debería perfeccionar los derechos existentes. Si la reforma en materia de transparencia retrocede el estado actual de cosas, será preferible que los senadores sean colegisladores con mayor altura de miras e impulse reformas de mayor aliento.

Frente común

Organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y el mismo IFAI coinciden en fortalecer la transparencia y sus alcances. Frente al avance de la dictaminación de la reforma en comisiones de la Cámara de Diputados, el IFAI se pronunció: “En más de diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en el ámbito federal, no existe evidencia alguna de que al ordenar la entrega de información se haya puesto en riesgo alguno la seguridad nacional o la estabilidad económica del país.”

En la votación de la sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Trasparencia y Combate a la Corrupción y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, debieron participar 75 diputados, de los cuales una quinta parte no asistió; el detalle fue el siguiente:

  • 45 votaron a favor, 14 en contra y uno se abstuvo.
  • PRI, PRD, PVEM y NA apoyaron.
  • El único diputado del PRD que votó en contra de las modificaciones fue José Ángel Ávila Pérez.
  • El PAN votó en contra.
  • Hubo 15 ausencias: 6 del PRD, 5 del PAN, 2 de MC, 1 del PRI y 1 del PT.

Irónicamente la comisión que tuvo más diputados ausentes fue la de Transparencia (8 diputados de 27). En Puntos Constitucionales se ausentó el 7 por ciento, en Reglamentos el 28 por ciento y en Transparencia el 30 por ciento. Con todo y que es tema de atención del periodo extraordinario que hoy inicia, la cuarta parte de los diputados encargados de analizar a detalle la reforma, no se pronunciaron.

Votación de reservas en comisión, 21ags13 vespertino

 

Diputados ausentes de votación del dictamen de reforma al IFAI, 21ags13 vespertino

 

¿Es para tanto?

El IFAI presentó ante el Congreso su décimo informe de labores. El acceso a la información debe ser una prerrogativa constitucional respetada y fortalecida constitucionalmente por los legisladores. El espíritu de la gestación de la primera Ley de Transparencia hace once años, permitió que quien decida solicitar información, en el mejor de los casos la obtenga.

Las solicitudes de información al Ejecutivo Federal en 2012 las concentra el centro del país: seis de cada diez fueron del Distrito Federal y estado de México. El 4.7 por ciento de las solicitudes de información interpusieron recursos, de un total de 131 mil 154. En 7,125 casos se declaró la inexistencia de la información, lo que representa el 5 por ciento del total. Para el cierre de 2012, los expedientes reservados sumaban 14 millones 430 mil.

Cabe observar que con el paso del tiempo el crecimiento porcentual de las solicitudes de información, ha disminuido. Hay un claro brinco con el cambio de sexenio de Calderón (PAN), el cual marca el mayor crecimiento en diez años, de 57 por ciento. Habrá que esperar al corte de 2013 para verificar si hubo una reacción con la entrada de Peña Nieto (PRI). Para 2012 el crecimiento de solicitudes de información fue del seis por ciento.

Crecimiento solicitudes información 2003 a 20012, 21ags13

Con todo y estas cifras, resulta que el debate de la reforma en materia de transparencia causa revuelo. Todo parece indicar que el sentido de la reforma en discusión en San Lázaro va de la mano con la excesiva prevención de los partidos políticos de cubrirse a sí mismos. Quitar a partidos y sindicatos como sujetos obligados no es más que un recurso legislativo al que recurren para conservar su nicho de confort.

Asamblea del DF y Estado de México

Para el caso de la actividad legislativa y gastos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el Poder Legislativo del estado de México, hay un común denominador: la ausencia de información.

Al revisar el desglose de uso de recursos legislativos en sus sitios web, Visión Legislativa encontró que el Programa Operativo Anual de la Asamblea tiene una sola tarea: legislar; en consecuencia, no detalla el uso de presupuesto. La Asamblea pareció olvidar las facultades que por ley orgánica tiene: fiscalizar, gestionar, representar, investigar y evaluar las políticas públicas del gobierno local.

Por su lado, el Legislativo del estado de México no refiere el gasto utilizado en recursos materiales, comisiones o grupos parlamentarios. Sabemos que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pero no se trata de comparar carencias y concluir que en el Congreso de la Unión la información no es tan precaria. Ciudadanos, interesados o no, con menor o mayor participación, requieren congresos que representen y rindan cuentas.

Un buen comienzo, tan básico como urgente, sería estructura y alimentar sitios web con las actividades legislativas que se realizan, así como crear redes sociales que difundan el trabajo legislativo y dar a las comisiones la prioridad que tienen: ser especialistas por tema.

Transparencia entre opacidad

Debido a la diferencia de información respecto a la lista de diputados que votaron en comisiones en la sesión del 19 de agosto y las firmas del dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria del 21 de agosto, se contrastó para observar la consistencia en el voto de los legisladores. Hay irregularidades; lo que se encontró fue lo siguiente.

En la integración actualizada de la propia Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción no tiene dado de alta a los Diputados de Movimiento Ciudadano José Antonio Hurtado Gallegos, y del PRI, Benjamín Castillo Valdéz. Dando por hecho que ambos se sumaron como integrantes de comisión, la misma se integraría por 27 diputados y no por 25.

Se da por sentado que estos dos diputados estuvieron ausentes en la sesión dictaminadora de comisiones unidas porque no hubo registro de votación y en el dictamen aparecen sin firma.

Al contrastar la información reportada del trabajo en comisiones de la Red por la Rendición de Cuentas, que a su vez se estructuró con los insumos que las comisiones dictaminadoras les proporcionaron (al igual que el seguimiento que dio Curul 501 de Fundar respecto a la votación de la misma sesión de comisiones unidas) y el dictamen publicado en Gaceta, se tiene que el diputado José Ángel Ávila Pérez del PRD tiene registrado voto en contra y firmó a favor. Tres diputados expresaron el sentido de su voto en comisiones y no incluyen firma en el dictamen. ¿Dónde habrá quedado la realidad?

Resaltamos como irregularidad estas diferencias de información con origen exclusivo de las comisiones legislativas, debido a que si tuvieran la responsabilidad en transparencia de ser una fuente oficial de información, con un portal propio, redes sociales y proporcionaran ellos mismos los documentos que constaten la actividad que realizan, no habría este tipo de debates. El objetivo del parlamento abierto es, precisamente, comunicar públicamente, de manera ágil, oportuna, accesible y gratuita, la información que se deriva de su trabajo legislativo.

E insistimos como reiteradamente ha realizado Visión Legislativa, las comisiones legislativas no difunden –hasta ahora- sus votaciones, informes de actividades, documentos de análisis de evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo. Ya es momento que con la coyuntura del debate de la reforma en materia de transparencia, la opacidad informativa se borre de origen por la claridad y resultados del propio Congreso.

Ahora bien, en estricto sentido, la Ley Orgánica del Congreso requiere un dictamen firmado por la mayoría de integrantes, para ser válido y discutido en el pleno. Sin embargo, la sesión de comisiones en la que se define el sentido del voto de un dictamen, no puede ser cambiado al momento de firmar el mismo. Sería tan irregular como si el pleno de las cámaras se pronunciara en votación y al momento de emitir el diario de los debates, se alterara el sentido del voto de los legisladores. A todas luces, sería una alteración del sentido de voto del legislador.

En ese sentido, no deberían existir las inconsistencias identificadas y, si son reales, los diputados en comisiones tendrían que dar una explicación al respecto.

Inconsistencias votación comisiones vs dictamen transparencia, 21ags13

 

Costo de la desinformación

Es indispensable subrayar que en estricto sentido, los ciudadanos no son armadores de rompecabezas legislativos. Es obligación de las cámaras de Diputados, Senadores, de los congresos locales, sus comisiones y estructura técnica de apoyo, comunicar y difundir la información de todas y cada una de sus actividades. Aún más relevantees cuando implican decisiones y dictaminación previas votaciones.

De no ser por organizaciones que dan seguimiento a determinadas reformas como la que hoy nos ocupa en materia de transparencia, no se lograría tener las votaciones públicas de cada legislador. Las comisiones no transparentan, no comunican ni colocan en acceso público la información que generan. Y eso, a estas alturas, es lamentable y más que eso: inaceptable.

El caso de la discusión de reforma en transparencia resulta ser sólo un ejemplo. Si multiplicamos el costo de dar seguimiento, investigar, contrastar las distintas fuentes de información de las actividades legislativas, el Congreso tendría que asignar una partida importante de recursos a especialistas, organizaciones, medios de comunicación e interesados que den seguimiento a su trabajo, por el simple hecho de estructurar la información que ellos deberían generar.

Finalmente, es de resaltar –y agradecer- que el debate público se ha enriquecido por el trabajo de comunicación, monitoreo e información generada por las organizaciones involucradas en el proceso de debate de la reforma en materia de transparencia: Colectivo por la Transparencia (incluye 14 organizaciones), México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas (que integra 70 organizaciones e instituciones) y distintos esfuerzos más que no alcanza el espacio para referir y que entre otras están Sonora Ciudadana, Impacto Legislativo, Fundar, Article 19, Gesoc eIFAI.

Por fortuna en México la dinámica y participaciónhan crecido con el mismo objetivo:fortalecer ciudadanía, impulsar gobiernos abiertos y representantes más responsivos. Organizaciones, instituciones, esfuerzos individuales y redes internacionales como NDI, Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Opening Parliament, Sunlight Foundation, son indispensables para continuar con la carrera de largo aliento: construir, perfeccionar y utilizar la transparencia y rendición de cuentas.

 

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