Bitácora por la transparencia 2: los excesos de los diputados

En lo que va de la actual legislatura, la Cámara de Diputados ha realizado 152 contratos que incluyen una erogación de recursos por un mil 56 millones de pesos, equivalente a la quinta parte de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) en 2013.

La transparencia es como la honestidad o la ética: se practica o carece de ella. No es selectiva, coyuntural o a conveniencia. Existe y se basta a sí misma como un primer paso –en el mejor de los casos, si se cuenta con una legislación adecuada- para empezar a rendir cuentas.

Como parte de la bitácora ciudadana por la transparencia que realizan Visión Legislativa y Animal Político, esta ocasión se reporta la respuesta recibida por la Cámara de Diputados sobre el uso de recursos en contratos, licitaciones, estudios y consultoría. Los resultados, como la primera entrega sobre las votaciones en comisiones y grupos parlamentarios, son muy significativos y urgentes por atender.

Pedir no cuesta, responder sí

Se requirió a la Cámara de Diputados por solicitud de información, lo siguiente:

“Listado de contratos, honorarios, licitaciones, adjudicación directa, publicaciones, ediciones, estudios, asesorías, servicios especializados, monitoreo, consultoría, en los ámbitos de: comunicación social, información legislativa, historia parlamentaria, derecho, análisis legislativo e informática realizados durante la LXII Legislatura (septiembre 2012 a julio 2013) por órganos de gobierno (Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Mesa Directiva de Comisión Permanente y estructura que dependa de ellos como Comunicación Social), comisiones, comités, grupos parlamentarios, Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría de Servicios Parlamentarios. El listado de contratos deberá incluir: 1) fecha de firma, 2) periodo de vigencia que abarca, 3) a quién se otorga (persona moral y representante legal), 4) monto bruto y neto, 5) objetivo de contratación, 6) entregables, 7) fecha de término.”

De las áreas que se refirió en la solicitud, dentro de la respuesta que dio la Mesa Directiva de San Lázaro, la única que otorgó la información con el detalle que se requirió, fue comunicación social. De diez áreas, sólo contestó una, lo que daría una calificación de uno (en la escala del uno al diez) en acceso a la información sobre contratos.

De 2012 a julio de 2013 los contratos de comunicación social suman 30 millones de pesos. Incluyen monitoreo de medios, producción de spots en radio y televisión, fotografía y asesoría. Destacamos el contrato sobre análisis de temas de coyuntura y de integrantes de mesa directiva y coordinadores por 687 mil pesos realizado al inicio de la LXII Legislatura (2012-2015).

Lamentablemente, permanecen en completa oscuridad los contratos que realizan los grupos parlamentarios y comisiones. Incluso cabe señalar que la respuesta de Diputados no mencionó haber consultado a los grupos parlamentarios; y en el caso de las comisiones, refiere que no cuentan con información.

La omisión de consultar a los grupos parlamentarios incumple con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, en el que considera en su fracción IV a los grupos parlamentarios como sujetos obligados de generar información, entre la que se encuentra la publicidad actualizada de contratos.

Contratos equivalen a la quinta parte del Fonden

Sin entrar al detalle de la calidad de la información proporcionada en el listado público del Portal de Adquisiciones del Congreso, ni el apego a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, se encontró que al 18 de septiembre de 2013, los legisladores han realizado 152 contratos que incluyen una erogación de recursos por un mil 56 millones de pesos, equivalente a la quinta parte de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) en 2013.

La mitad del monto de los contratos es por concepto de seguros, el 29 por ciento por servicios y el 13 por ciento por asesorías. El listado público mantiene como vigente el contrato por asesoría de 115 millones de pesos que escandalizó en marzo pasado por servicios de monitoreo de información legislativa (Contrato DGAJ-001/2013), aun cuando está confirmado que ya se canceló, de acuerdo a lo difundido por el Boletín 1124 de la cámara.

Al asignarse la mitad del presupuesto por contratos a seguros, los legisladores pagan alto el riesgo. Seguros de gastos médicos, de instalaciones, de vida y automóviles de San Lázaro, cuestan una décima parte del presupuesto federal del Fonden. Quizá, en ese sentido, pudiera ayudarse a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel que afectaron en días recientes a distintas entidades del país.

Contratos de diputados, 25sep13

Observamos que el 77 por ciento del monto por seguros, se asigna directamente a protección de inmuebles, le sigue gastos médicos (17 por ciento), de vida ((5.4 por ciento) y de autos (0.1 por ciento). Lo que lleva a concluir que del gasto en contratos que reporta la Cámara, cuatro de cada diez pesos se utiliza en aseguramiento de inmuebles, a cargo en dos contratos de AXA Seguros por un monto total de 421 millones de pesos.

Contratos de seguros, 25sep13

Fotocopiado

Ahora bien, al revisar las tablas de información pública de contratos, detectamos casos que tienen un rango de costo del contrato con una diferencia monumental entre dos y cinco y medio millones de pesos en servicio de fotocopiado e impresión (Contrato DGAJ-029/2013). Increíble encontrar estas erogaciones mientras deberían haber compromisos claros de impulsar un gobierno digital y así dar un uso más racional de los recursos públicos.

Estamos hablando que durante la presente legislatura sólo en fotocopias se podrían utilizar24 millones de pesos, la mitad del presupuesto asignado a la Mitigación del Cambio Climático que la Secretaría de Hacienda distribuyepara el Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas (establecidos en el Anexo 15 del PEF 2013). ¿En un mundo digital este gasto se justifica?

La pregunta de fondo va más allá: ¿en qué se utiliza el dinero público? Sea por parte del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, estados o municipios. El papel que jueguen las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, es indispensable para vigilar, evaluar y pedir cuentas.

Gobernanza

El pasado lunes se celebró en Nueva York, E.U., un evento de alto nivel sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs). Barak Obama comentó que éstas son indispensables para el cumplimiento de la ley, que el Estado debe protegerlas mediante un tratado y aún más: refirió que las organizaciones promueven la gobernanza haciendo gobiernos más efectivos y orillando a rendir cuentas.

El común denominador en los participantes del evento es resumido puntualmente por WorldMovementforDemocracy: hacer un llamado a los países para pasar de la retórica a la acción. México, en ese sentido, no es la excepción. En ese sentido, la Alianza para el Gobierno Abierto que establece una alianza entre gobierno y sociedad civil, pudiera expandirse al desempeño y mejor funcionamiento del órgano de representación por excelencia: el Congreso.

En el caso de la Cámara de Diputados, la respuesta incluye información sobre los cinco centros de estudios (Finanzas Públicas, Adelanto para las Mujeres y la Equidad de Género, Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Estudios Sociales y Opinión Pública); la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Comunicación Social.

Compromisos

Como parte de la Agenda para el Gobierno Abierto 2013-2015 se presentará en octubre próximo en Londres la conclusión de “crear e implementar una política nacional para la publicación y uso de datos abiertos que sea clara, proporcione certeza jurídica, que utilice estándares abiertos e interoperables, orientada por el principio de máxima publicidad para octubre 2015”.

Compromisos concretos como estos, es lo que requiere realizar el Poder Legislativo en México. Y en este sentido, sustentarlos al recordar que “la mejor herramienta para reinsertar los valores democráticos…es la promoción de la educación cívica, la formación democrática de las naciones, la constante observación y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y la potenciación de espacios para la Sociedad Civil Organizada”, como refiere laDeclaración de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democraciaque realizó con motivo del Día Internacional de la Democracia.

Visión Legislativa, en este sentido, propone considerar los siguientes puntos respecto a la transparencia en contratos de la Cámara de Diputados, al uso de recursos y suscripción de un compromiso para tener estándares mínimos de parlamento abierto:

Vincular los textos de los contratos que realicen, como parte del listado que puede consultarse en línea.

Que los grupos parlamentarios, comisiones y comités cumplan con lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y publiquen contratos realizados con la especificidad de información que se requiere.

Que la Cámara de Diputados haga público el documento legal de los términos del contrato DGAJ-001/2013 por la asesoría legislativa de 115 mdp.

En términos de máxima publicidad, que den respuesta exhaustiva y puntual a las solicitudes de información que formulen los ciudadanos, sin dejar vacíos.

Que la información de los contratos públicos observe los formatos de datos abiertos para consulta sencilla.

Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se comprometa a cumplir con plazos y acciones concretas la Declaración de Parlamento Abierto, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y medios de comunicación, para su puntual seguimiento.

Vigilamos para fortalecer la democracia e impulsar el acceso de información, transparencia y en el mejor de los mundos, la rendición de cuentas del Congreso. Esperamos respuestas concretas de los legisladores federales, que no dependen de las grandes reformas constitucionales o legales que regulan el sistema político mexicano. Voluntad política se requiere para echar a andar un parlamento abierto, no más –ni menos- que eso.

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