Vladimir Chorny

Voces Disidentes

Perfil Licenciado en derecho y docente (UNAM). Ha sido asistente de investigador y activista por los derechos humanos y la democratización del sistema de medios de comunicación. Amante de la filosofía, inconforme del mundo actual, disidente de paradigmas y miembro #YoSoy132.

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Comunidades sin destino

Los derechos humanos son contramayoritarios, son barreras infranqueables (o deberían serlo) contra el poder de las mayorías. Pero además, son principios orientadores que se basan en la idea de la dignidad de las personas y que, aunque esto suela olvidarse, deben valorarse en cuanto a su peso frente a otras ideas que pudieran entrar en conflicto con ellos, sin subsumirse sin más cuando se prefiera una idea distinta a ellos. Son también blindaje para las minorías y espacios frente a tendencias dominantes, como son las ideas del desarrollo y el progreso. ¿Qué debe pasar cuando estas ideas chocan? ¿Dónde dejamos los derechos de las comunidades cuando las empresas apoyadas por el gobierno buscan pavimentar sus costumbres y su forma de concebir el mundo?

Este problema se vive en distintos lugares del país. Hoy muestro el ejemplo de la comunidad de Tepoztlán, en donde las últimas semanas ha existido un conflicto sobre los territorios de la comunidad donde se intenta construir la carretera la Pera-Cuautla. Para contextualizar, el testimonio de Francisco Ortíz, ejidatario y representante del Frente de los Pueblos en Defensa de Tepoztlán (grupo que se conformó para oponerse al proyecto carretero). Además –para argumentar en defensa de la resistencia hecha por esta parte de la comunidad-, la postura y explicación del “Colectivo CAUSA” (el colectivo solidario de abogados que acompaña y asesora a la comunidad).

 

Francisco Ortíz Martínez, ejidatario y representante del FPDT:

Esto empieza con el tema ejidal, donde en asambleas ejidales recibieron la propuesta de la carretera. Sin que les explicaran, en una asamblea se aprobó el proyecto por 30 miembros de un total de entre alrededor de 700. Aún cuando se intentó buscar la nulidad de esta asamblea, no se ha dado respuesta, dejando el proceso inconcluso, aunque la construcción avanzó sin que esto le importara a la empresa TRADECO. [1]

El problema creció cuando la empresa entró a tierras comunales, sin permiso de la asamblea de comuneros, sin ninguna acta ni convenio de ocupación. Hemos buscado todos los canales de diálogo con gobierno y la SCT, sin que nos hayan dado opciones para hablar o resolver el problema o tomar decisiones. A cambio de esto han intentado enviar a otras comunidades, ayudantes municipales y empleados del ayuntamiento a fingir asambleas o mayoritear las nuestras. Acarreados, provocadores y demás, para intentar obtener una aprobación que no existe.

Además, sabemos de intentos de coacción por parte del gobierno a distintos empleados para participar en estos actos y manifestarse a favor de un proyecto, aún cuando se trata de personas que no han formado una opinión al respecto. Se parte de la confrontación y la manipulación, para llegar a las amenazas. Nuestras demandas son mudas porque no hay nadie que las escuche ni que busque solucionar los problemas.

 

Colectivo solidario CAUSA:

La ampliación de la carretera la Pera-Cuautla se ha impuesto utilizando la bandera del “progreso y desarrollo”, como si por sí solas esas palabras justificaran el abuso de poder, las violaciones a derechos, la corrupción, ilegalidad, afectaciones ambientales y demás violaciones a derechos humanos de las que ha sido víctima la comunidad de Tepoztlán.

La empresa TRADECO invadió de manera ilegal la tierras de los tepoztecos, con su maquinaria se negaron a escuchar a los defensores de la tierra, sordos a sus exigencias y al mandato de la ley, poco les importó no contar con los requisitos necesarios para ingresar a las tierras comunales. Impunes, como si la ley pudiera borrarse por momentos, y con la autoridad defendiendo sus intereses, comenzaron la destrucción del cerro, de sus tierras, sus árboles y sus derechos.

Junto con la ilegalidad y múltiples irregularidades que rodean el proyecto carretero, los excesos en el uso de la fuerza pública han sido una constante. Lo anterior, aun cuando los defensores del territorio de Tepoztlán que se oponen a la ampliación de la autopista y a sus nocivos efectos de la urbanización salvaje que vendrá con ella,han solicitado el diálogo y están abiertos a debatir el proyecto, a escuchar y proponer alternativas que permitan la resolución pacífica del conflicto.

 

Las sociedades democráticas apostaron a una forma particular de resolver los conflictos que anteriormente se resolvían de manera violenta o autoritaria. Cuando concepciones de vida completamente distintas se enfrentan, es necesario respetar dos mínimos indispensables:

Primero, seguir las leyes establecidas para la protección de los bienes más importantes que se vinculen a los derechos, como pudieran ser el territorio, las costumbres o el lenguaje de una comunidad.

Segundo mínimo: que cuando el caso sea difícil y enfrente los derechos de comunidades, de carácter económico, social, cultural o ambiental, las autoridades deben tener claro que no se trata de problemas cotidianos en los que pueden actuar de la misma manera en que resolverían un problema de derechos civiles o políticos. El diálogo debe ser uno de los cauces principales, pero sobre todo es fundamental que se avance a una nueva idea de sobrellevar los conflictos sociales, que es totalmente ajena a nuestra cultura política y que no se toma en cuenta prácticamente nunca por parte de las autoridades: la idea de la presunción de legitimidad de la protesta social.

La protesta social es fundamental para el desarrollo y el diálogo en una sociedad que pretenda ser democrática. No sólo al concebirse como un medio instrumental del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión, sino como una garantía para otros derechos que tiene un valor agravado en sociedades con altos niveles de desigualdad e injusticia (o incluso, para algunos, como un derecho autónomo mismo).[2] Frente a esto, las autoridades están obligadas a actuar de manera distinta, a maximizar sus niveles de tolerancia y minimizar sus ánimos de restricción (o represión), agotando todos los medios posibles antes de tomar una decisión definitiva que implique elegir entre la opción de quienes protestan y la de los que causan la protesta.

Desafortunadamente, nuestra sociedad encuentra resistencias a esto desde todos los frentes. Muchos medios de comunicación criminalizan a quien protesta, satanizando el ejercicio de derechos fundamentales; el grado de intolerancia, clasismo, racismo y violencia de una parte importante de las personas es de dar miedo, basta dar un pequeño recorrido a las reacciones en redes sociales sobre el tema de las manifestaciones de los maestros de la CNTE en los últimos días (independientemente de la postura que se tenga sobre el tema); muchas veces las instituciones no tienen idea de lo que significa actuar con perspectiva de derechos humanos, resultando en la violación sistemática de ellos (como en los muchos casos de abusos por parte de autoridades de seguridad pública en distintas partes del país). Pareciera que estamos a siglos luz de la aceptación de la diferencia, la otredad y el diálogo. Al final, lo que se pierde son los derechos y quienes perdemos somos todos.

En el caso concreto, no importaron las leyes como primer mínimo para evitar conflictos (se permitió que la empresa TRADECO destruyera territorio comunal sin ninguna autorización de la comunidad), el diálogo e intento de comprensión de las diferencias como segundo mínimo tampoco existió,[3] las construcciones continuaron sin dar solución al problema de fondo,[4] los recursos judiciales no se resolvieron tomando dando prioridad a la naturaleza del problema ni entendiendo que se trataba de derechos que requieren otra aproximación (donde se sigue destruyendo el territorio y afectando el ambiente cada día).[5] Incluso al final, se reconocieron vestigios arqueológicos en la zona de construcción en los que el Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que requiere al menos tres meses para descartar que se llevaran daños a un posible patrimonio cultural intangible. Todo esto, al final, a costa de los derechos.

Siempre es fácil criticar las marchas, las movilizaciones y la protesta, pero pocas veces se toma en cuenta la desigualdad, abusos, arbitrariedad, injusticia y violaciones a las que han sido sometidas y sometidos aquellos grupos que protestan. Esta crítica es vacía y promueve los estigmas y vicios de una sociedad como la nuestra. Pensar desde los derechos exige cambiarnos el chip de verdugos por el de defensores, cambiar la mirada de la comodidad del sillón por la de las tierras donde se reciben los abusos y reconocer que ahí donde se oprime a uno, se nos oprime a todos. Buscar nuevas alternativas y maneras de acercarse a este tipo de problemas (sin prejuzgar qué lado debe resultar ganador) es hoy más necesario que nunca. Nadie dijo, que esto sería fácil.



[1] La ley agraria establece que para que se puedan llevar este tipo de actos, se deberá contar con la autorización de la comunidad, a través de una asamblea y por medio de un convenio de ocupación. La carretera se construye sobre dos tipos de territorios: el ejidal y el comunal. En este caso, en el ejidal, existe un recurso en contra de la asamblea donde se autorizó, mientras que en el comunal nunca se llevó a cabo la asamblea ni existió el convenio. En los dos terrenos, TRADECO lleva construyendo desde hace semanas, apoyado por la fuerza pública para el desalojo de aquellos que se oponían al proyecto.

[2] La idea de la protesta social como derecho no es nueva, y ha sido explorada ampliamente por teóricos como Roberto Gargarella. Aquí, no sólo toma un valor fundamental frente a otros derechos, sino que exige que las autoridades tengan que dar una respuesta completa cada que se lleva a cabo, para cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos.

[3] Aquí es importante subrayar que el FDPT expresó repetidamente que incluso ellos querían abrir el diálogo para explorar opciones que permitieran construir la carretera pero de una manera distinta y explorando otras posibilidades que tuvieran menor impacto ambiental y respetaran sus derechos.

[4] Hasta el momento, no se ha podido llevar a cabo la asamblea para discutir sobre la autorización de construcción, sin que esto le haya importado a la empresa y autoridades, actuando en la ilegalidad. Esto ha sido corroborado por Ignacio Cortés, presidente del comisariado de bienes comunales –autoridad responsable sobre los mismos-.

[5] Existen denuncias ante la procuraduría agraria, un amparo en materia ambiental, una denuncia ambiental ante PROFEPA y denuncias por despojo ante la Procuraduría del Estado.

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