El Sabueso: ¿CDMX es más insegura por las personas que salieron de la cárcel, como dijo Mancera?

Según el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la CDMX hay más delitos porque aumentó la cantidad de gente que salió de la cárcel, pero no hay una relación o una tendencia constante para confirmar que eso sea verdad.

mancera
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX. Cuartoscuro Archivo

No se puede probar

Frase: “Hay un incremento (en la inseguridad) que obedece a que tenemos muchas más personas que antes estaban en prisión (…) Hoy la Ciudad de México tiene 12 mil o más presos que estaban en prisión (…) nuestro sistema penitenciario tenía 42 mil personas en prisión, hoy tenemos 30 mil”.


Los delitos cometidos en la Ciudad de México registran un incremento porque la población carcelaria de la capital del país ha disminuido, según el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Pero las cifras de incidencia delictiva y de presos en penales de la Ciudad no muestran una relación o una tendencia constante para confirmar o refutar lo anterior. La frase Mancera no se puede probar.

Los datos sobre delitos

Al finalizar el primer bimestre de 2014 había 40 mil 672 personas en prisión y se cometieron 13 mil 618 delitos.

Tres años después, en 2017, los datos del gobierno de la Ciudad de México registran 30 mil 363 presos o 25% menos. En ese periodo las cifras indican que los delitos aumentaron 8.7%: con esa comparación se cumple con lo que dijo Mancera.

Pero al revisar la relación presos-delitos por año, aunque la cifra de presos siempre va a la baja hay periodos en los que el número de delitos no aumenta, al contrario, disminuye.

Gráfico: Omar Bobadilla (@obobadilla)

Gráfico: Omar Bobadilla (@obobadilla)

Como muestra el gráfico, en febrero de 2015 había dos mil presos menos en comparación con el año anterior, pero los delitos también bajaron y casi en la misma proporción.

Además de ese, los datos muestran otro fenómeno que contradice a Mancera.

Para febrero de 2017 han quedado libres 5 mil 463 reos en comparación con el año anterior, y se cometieron 861 delitos más.

Un periodo antes (2015-2016) la cifra de presos que quedaron en libertad fue de 2 mil 800 y los crímenes crecieron en 1,511 actos. Es decir, cuando más reos salieron de prisión se cometieron menos delitos, contrario a lo que dijo Miguel Ángel Mancera.

En conclusión, no en todos los años se cumple una relación por menos presos, más delitos (o viceversa) que permita confirmar o refutar la frase de Mancera.

Gobierno de la CDMX responde…

Tras una solicitud de El Sabueso del 23 de marzo pasado sobre los datos que sustentan esta afirmación, el gobierno de la Ciudad de México sólo respondió que la tasa de reincidencia en la Ciudad es de 40% en varones y de 30% en mujeres.

Esto quiere decir que de cada 10 varones que quedan en libertad, cuatro vuelven a delinquir.

Pero no entregó datos concretos que confirmen que el aumento de 8.7% de los delitos en comparación con 2014, cuando había 40 mil presos, esté directamente vinculado a la baja en la población carcelaria.

Según el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública explicará en los próximos días en qué consiste exactamente el fenómeno que citó Miguel Ángel Mancera.

Close
Comentarios
  • JUAN CARLOS Rivera

    El reconocimiento de Miguel Mancera de que existe un incremento en la inseguridad por la liberación de presos de las cárceles de la Ciudad de México, (…Hoy la Ciudad de México tiene 12 mil o más presos que estaban en prisión (…) nuestro sistema penitenciario tenía 42 mil personas en prisión, hoy tenemos 30 mil…), es la confesión tácita de la incapacidad de su administración respecto de lo que prevé la Constitución General de la República, que en su artículo 18 párrafo segundo literalmente dispone que “…el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir…” así como lo señalado por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en lo que corresponde a los principios estratégicos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleados públicos y en la administración de los recursos económicos con criterios de eficacia e imparcialidad, al igual que en la cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, mismos criterios que se encuentran previstos en dicho estatuto jurídico (artículo 12).

    Es incuestionable que en los reclusorios de la Ciudad, no existe respeto a los derechos humanos (basta oir y ver los reportajes recientemente transmitidos por el comunicador Ciro Gómez Leyva en sus programas de radio y televisión denominados “Las Graduaciones del Infierno”) pues en dichas cárceles atentar contra la dignidad de las personas es el emblema o la divisa principal.

    Respecto al trabajo penitenciario, si la actividad productiva del país esta convulsionada y en crisis, en fácil imaginar que en lugares tan descompuestos como las cárceles de la capital del país, las actividades que prevalecen son las ilícitas tales como la venta de drogas, las extorsiones telefónicas a través de secuestros virtuales, el cohecho de los celadores, ampulósamente llamados técnicos penitenciarios; por lo que hace a la capacitación del trabajo resulta una quimera hablar de la misma; es innegable que si no existen actividades productivas para los internos, la terapia ocupacional más común para éstos la constituye la elaboración de artesanías de pésima calidad, que son comercializadas por los familiares de los presos o por la tienda institucional de la dependencia.

    Por lo que toca a la salud, ésta brilla por su ausencia, siendo menester señalar que para que ésta prevalezca, se hace necesario el postulado elemental de la HIGIENE; siendo importante mencionar que los internos en el sistema penitenciario de nuestra ciudad, cuando se asean, si es que lo hacen, lo realizan con agua fría lo cual en la época de frío genera enfermedades bronco-pulmonares, que prevalecen aún después de la temporada invernal.

    En este tema de la salud e higiene, sobra decir que no obstante que la provisión de combustible es muy puntual, al igual que la presentación de las facturas correspondientes por parte de los proveedores de gas y diésel, el abastecimiento real se realiza en un porcentaje muy por abajo de lo que indica la facturación presentada por el proveedor, con el contubernio de los subdirectores administrativos que, por un lado, reportan un suministro al cien por ciento, como lo indica la factura y en la realidad abastecen una menor cantidad, por lo que la disparidad, es decir la diferencia entre lo no abastecido pero efectivamente cobrado por los proveedores es repartido entre la empresa proveedora y los servidores públicos encargados de la administración de los reclusorios. En resumen de todo lo anterior, es decir la falta de integridad (corrupción), que genera la falta de combustible, que genera la falta de aseo, que llega a generar enfermedades respiratorias, de la piel e incluso psicológicas, es la forma en que el gobierno de la Ciudad atiende el tema de la salud en las cárceles de la ciudad,

    La alimentación merece comentario aparte: para nadie es un secreto que el Gobierno de la Ciudad eroga cantidades millonarias a la empresa monopólica “La Cosmopolitana”, encargada de suministrar la alimentación en sus cárceles; esta compañía cobra cuidadosa, metódica y puntualmente las raciones alimenticias de desayuno, comida y cena calculando su suministro mediante el reporte del número de la población de internos, así como por la cantidad de personal de custodia y administrativo con derecho a ello que le proporcionan las propias autoridades penitenciarias, como si realmente se brindara la alimentación a todos y cada uno de ellos. Situación tramposa y mendaz, si se considera que muchos internos y custodios no consumen los alimentos suministrados por esa empresa, circunstancia que se puede acreditar fehacientemente, de la simple observación de los días de visita a los internos (martes, jueves, sábados y domingos, amén de los días festivos, es decir, 4 de los 7 días de la semana), en que los familiares de éstos ingresan cantidades incalculables de toneladas de alimentos, para que sus parientes en encierro no tengan la penalidad y aflicción de consumir los comestibles otorgados por “La Cosmopolitana”, pues aún los propios celadores prefieren pagar sus víveres, con su propio peculio que consumir los alimentos de ínfima calidad preparados por esa empresa.

    Ante este parcial estado de circunstancias, aunado a la instrumentación del sistema de justicia penal tan anunciado desde la reforma constitucional de 2008, es incontrovertible que Mancera no sólo no previó las consecuencias de dicha reforma penal constitucional (que beneficio a miles de internos ahora en libertad), sino que ni siquiera ha aplicado una política congruente con los fundamentos jurídicos aquí enunciados, ni tampoco ha dado cumplimiento a los previsto en su Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 11 de septiembre de 2013. pero lo peor: que tiene la procacidad de auto designase aspirante en la carrera presidencial, según él, poniendo en la mesa lo “logrado” como Jefe de Gobierno.

    En síntesis, ES CIERTO lo señalado por Mancera, pues el aumento de la incidencia delictiva y la inseguridad si se ha incrementado por la liberación de presos de las cárceles de la Ciudad de México, pero no sólo por el hecho mismo de la despresurización de las cárceles, sino fundamentalmente porque en materia de reinserción y readaptación de los reos, los gobiernos perredistas HAN DEJADO DE HACER SU TAREA en estos ya casi veinte años que se encuentran gobernando la ciudad.

  • Juan Rivera

    El reconocimiento de Miguel Mancera de que existe un incremento en la inseguridad por la liberación de presos de las cárceles de la Ciudad de México, (…Hoy la Ciudad de México tiene 12 mil o más presos que estaban en prisión (…) nuestro sistema penitenciario tenía 42 mil personas en prisión, hoy tenemos 30 mil…), es la confesión tácita de la incapacidad de su administración respecto de lo que prevé la Constitución General de la República, que en su artículo 18 párrafo segundo literalmente dispone que “…el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir…” así como lo señalado por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en lo que corresponde a los principios estratégicos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad, a la previsión de la actuación gubernativa con criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad, también en lo que se refiere a la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general, al igual que en la cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes. mismos criterios que se encuentran previstos enunciativamente en el artículo 12 de dicho estatuto jurídico.

    Lo cierto es que en los reclusorios de la Ciudad, no existe respeto a los derechos humanos (basta oir y ver los reportajes recientemente transmitidos por Ciro Gómez Leyva en sus programas de radio y televisión denominados “Las graduaciones del Infierno”); respecto al trabajo, si en la calle no lo hay, menos en lugares tan descompuestos como las cárceles de la capital del país; por lo que hace a la capacitación resulta una quimera hablar de ella; por lo que toca a la salud, ésta brilla por su ausencia, sobra decir que no obstante que el abastecimiento de combustible es muy puntual, al igual que la presentación de las facturas correspondientes por parte de los proveedores de gas y diésel, los internos en el sistema penitenciario de nuestra ciudad, se llegan a bañar, si es que lo hacen (porque además hay escases de agua), con agua fría por la penetrante circunstancia de que el abastecimiento real de combustible se realiza en un porcentaje muy por bajo de lo que indica la facturación que realiza el proveedor, sin embargo los subdirectores de enlace administrativo reportan un abastecimiento al cien por ciento, por lo que el remanente, es decir lo no abastecido pero efectivamente cobrado por los proveedores es repartido entre éstos y los “servidores públicos” encargados de la administración. La alimentación merece comentario aparte: para nadie es un secreto que el Gobierno de la Ciudad eroga cantidades millonarias a la empresa monopólica judío-mexicana “La Cosmopolitana”, encargada de suministrar la alimentación en la cárceles de la Ciudad; esta compañía cobra cuidadosa, metódica y puntualmente por número de internos, así como personal de custodia y administrativo, como si realmente se brindara la alimentación a todos y cada uno de ellos. Situación más que falsa si se toma en cuenta que los días de visita a los internos (martes, jueves, sábados y domingos, amén de los días festivos, es decir, 4 de los 7 días de la semana), los familiares de éstos ingresan cantidades incalculables en toneladas, para que sus parientes en encierro no tengan la penalidad y aflicción de consumir los comestibles otorgados por “La Cosmo” (como le dicen), pues aún los propios celadores prefieren pagar sus víveres con su peculio. Ante este parcial estado de circunstancias, aunado a la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal de nuestra ciudad tan anunciado desde la reforma constitucional de 2008, es incontrovertible que Mancera no sólo no previó las consecuencias de dicha reforma penal constitucional (que beneficio a miles de internos que ahora están libres), sino que ni siquiera ha aplicado una política congruente con los fundamentos jurídicos reseñados, ya que tampoco ha dado cumplimiento a lo previsto en su Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 11 de septiembre de 2013. Y lo peor: que tiene la procacidad de autonombrarse aspirante en la carrera presidencial, poniendo en la mesa lo “logrado” como Jefe de Gobierno, cuando a demostrado una incapacidad manifiesta en un aspecto tan focalizado como lo es la seguridad pública…
    Saludos.