El Sabueso: ¿Los asesinatos de periodistas en Veracruz están “totalmente esclarecidos”?

Para el Gobierno de Veracruz los casos de los periodistas asesinados Regina Martínez, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez, están "totalmente esclarecidos". Sin embargo, hasta el momento de 11 consignados por estos homicidios sólo uno ha recibido una sentencia firme. Además, aún hay presuntos responsables prófugos de la justicia.

Engañoso

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Frase a revisión: “Tres casos (de periodistas asesinados) están a cargo de la Fiscalía de Veracruz y los tres se encuentran totalmente esclarecidos”

Autor: Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz

Lugar y fecha: Conferencia de prensa del lunes 10 de agosto de 2015 realizada en Xalapa.

Calificación de El Sabueso: Engañoso

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Los asesinatos de los periodistas Regina Martínez, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez son casos “totalmente esclarecidos” por las autoridades de esta entidad. Así lo aseguró el gobernador Javier Duarte en una rueda de prensa celebrada en Xalapa el pasado lunes 10 de agosto, en la que remarcó que en estos homicidios ya hay “personas detenidas y procesos penales abiertos”.

El Sabueso solicitó a la Fiscalía de Veracruz documentación que respaldara este dicho del gobernador. Como respuesta, envió información sobre 11 personas consignadas por estos tres homicidios.

Sin embargo, una revisión de los tres casos demuestra que los casos de Regina, Gregorio y Moisés no están esclarecidos ni “resueltos”, tal y como también afirmó el viernes 7 de agosto el fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, en una entrevista con la periodista Denise Maerker.

Primero: De los 11 consignados sólo uno ha recibido una sentencia condenatoria firme por parte de un juez.

Segundo: en dos de los tres asesinatos, los principales sospechosos aún no han sido detenidos, juzgados ni condenados y ni siquiera plenamente identificados.

Tercero: en los tres casos se documentaron deficiencias graves en las labores de investigación de las autoridades para resolverlos.

Por ello, El Sabueso califica la frase de Duarte como “engañosa”.

1.- Caso de Moisés Sánchez

Por el homicidio de Moisés Sánchez, editor del semanario La Unión de Medellín, quien fue privado de su libertad por un grupo armado el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, la Fiscalía de Veracruz informa que cuatro personas recibieron formal prisión: Clemente Noé Rodríguez –exagente de la policía interestatal quien confesó haber participado en el homicidio-; Martín López Meneses –chofer y escolta del alcalde de Medellín, Omar Cruz, presunto autor intelectual-, y los motopatrulleros de la policía municipal, José Francisco García y Luigi Heriberto Bonilla.

No obstante, el excalde Omar Cruz, presunto autor intelectual del asesinato del periodista según la propia Fiscalía, sigue libre y prófugo.

Pero además, de acuerdo a la misma fiscalía, otros cinco presuntos autores materiales siguen en libertad. Se trata de los expolicías ‘El Harry’, ‘El Chelo’, ‘El Piolín’, ‘El Moi’, y ‘El Olmos’ (José Luis Olmos), quienes a excepción de éste último fueron identificados sólo por sus apodos por Noé Rodríguez en la investigación ministerial 01/E/2015.

Es decir, para la autoridad el caso de Moisés Sánchez está “totalmente esclarecido”, a pesar de que el presunto autor intelectual, así como cinco autores materiales, siguen prófugos, sin declarar sobre los hechos que se les imputa ni sobre el móvil del homicidio, y sin que las personas que sí están consignadas hayan recibido la sentencia de un juez.

Además, tanto la organización civil Artículo 19, que como parte coadyuvante de la defensa de la familia de Moisés Sánchez tuvo acceso al expediente del caso, como Jorge Morales, comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz, emitieron sendos informes en el que documentan graves deficiencias en el proceso de investigación.

Cámaras de video del C4 que las autoridades tardaron en identificar hasta 11 días, ausencia de pruebas periciales y protocolos de búsqueda, falta de respuesta de autoridades a los oficios de búsqueda emitidos, líneas de investigación que se guían por dichos de informantes, y errores de forma en la integración del expediente, son algunas de las deficiencias expuestas en la investigación de este caso “esclarecido”.

Aquí puedes leer el informe de Artículo 19 y aquí el informe del comisionado de la CEAPP.

2.- Caso Regina Martínez

Por el homicidio de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz asesinada el 28 de abril de 2012 en su departamento, la Fiscalía veracruzana informó en su respuesta a Animal Político que hay una persona detenida y con sentencia condenatoria de 38 años de cárcel por este caso. Se trata de Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, a quien se le acusa de haber auxiliado al autor material.

No obstante, la propia Fiscalía informa que el presunto autor material de la agresión, Adrián Hernández Capetillo sigue prófugo, tres años después del suceso.

De nuevo, se da por “totalmente esclarecido” un caso, cuando uno de los presuntos autores materiales sigue en libertad, sin declarar sobre los hechos ni el móvil del homicidio, y sin haber recibido sentencia.

Asimismo, en el caso de Regina Martínez también se han denunciado inconsistencias. Por ejemplo, la única huella recabada por los peritos en el departamento de la periodista no coincide con la de quien hoy está preso en la cárcel. Además, la información genética que se obtuvo de la taza del baño de la casa de Martínez, lugar en el que fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético del inculpado ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de El Jarocho.

Así se lo dijo a Proceso Laura Angelina Borbolla, quien fuera titular hasta este 1 de agosto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En la entrevista, publicada el pasado 28 de abril con motivo del tercer aniversario del homicidio de Regina, Borbolla admitió que la participación de El Silva en los hechos “no es un elemento convincente”, mientras que en el caso de El Jarocho la PGJ ni siquiera tiene sus huellas dactilares (aquí puedes leer la entrevista y la nota completa).

Por otra parte, cabe recordar que después de los hechos El Silva estuvo libre durante un año y dos meses, desde agosto de 2013 a octubre de 2014, debido a que la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) lo exoneró por considerar que la procuraduría estatal lo acusó sin pruebas directas como corresponsable del homicidio de la periodista. Sin embargo, el hermano de Regina promovió un amparo contra el auto de libertad y el Cuarto Tribunal Colegiado en Material Penal le dio la razón a la Fiscalía veracruzana y ordenó su reaprehensión para posteriormente condenarlo a 38 años de cárcel.

3.- Caso Gregorio Jiménez

En cuanto al homicidio de Gregorio Jiménez, periodista de los diarios Notisur y El Liberal del Sur que fue asesinado en febrero de 2014, la Fiscalía de Veracruz detalló que hay seis detenidos “bajo proceso” por el delito de secuestro agravado y homicidio: Teresa de Jesús Hernández Cruz, José Luis Márquez Hernández, Jesús Antonio Pérez Herrera, Gerardo Contreras Hernández, Santos González Santiago, y Juan Manuel Rodríguez Hernández.

La Fiscalía recuerda que el pasado 18 de junio pasado un Tribunal Colegiado negó a los inculpados la protección federal, negándoles el amparo contra el auto de formal prisión. Situación que, según declaró Javier Duarte en la conferencia del 10 de septiembre, “confirma su participación en este crimen”.

No obstante, el propio Duarte dijo en esa conferencia que este caso aún está “en vísperas de que un juez imponga la sentencia condenatoria correspondiente”. Es decir, aunque en este caso sí están detenidos todos los presuntos responsables, ninguno ha sido todavía condenado.

En este caso, además, también se registraron numerosas debilidades en la investigación, tal y como documentaron en una “Misión de Observación” la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras, la Casa de los Derechos de Periodistas, y Periodistas de a Pie.

Falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, ausencia de dictámenes médicos que certificaran antes y después de los interrogatorios la salud de los acusados –quienes alegaron haber declarado bajo tortura-, no se verificó la información que confesaron, tampoco se llevó a cabo la identificación por parte de la familia de los agresores, no se certificaron pruebas encontradas en la casa de seguridad, y se registraron deficiencias graves en la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades ministeriales.

Estas son algunas de las “fallas graves” que la Misión de Observación documentó tras tener acceso al expediente en el informe Gregorio: asesinado por informar, que puedes leer íntegro aquí.

 

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