Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por medio del amparo en revisión 795/2023, votado y aprobado ayer miércoles 8 de mayo del 2024, determinó que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso a la reparación integral del daño de la familia Ponce Ríos, desplazada del estado de Chihuahua por la violencia del crimen organizado.
Esta decisión sienta un precedente judicial de gran importancia para esta familia y también para las más de 300 mil víctimas de desplazamiento interno forzado que se calcula que hay en el país.
Las y los representantes legales que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos resaltaron que, con este fallo, la justicia mexicana está reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de desplazamiento, y además se está marcando el camino que deben seguir las instituciones públicas que atienden los casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
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Esta decisión se produce después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no emitiera una resolución de la reparación del daño sobre el caso de la familia Ponce Ríos, a pesar de disponer de un extenso expediente que detalla los hechos de violencia que sufrieron en los últimos 14 años. En el documento se expone que, en el 2010, aproximadamente 100 miembros de esta familia fueron desplazados de distintos municipios del estado de Chihuahua debido a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado y la impunidad con la que operaban. Tras una serie de intimidaciones, secuestros y asesinatos de sus integrantes, huyeron de su lugar de origen hacia distintos estados de la República.
Desde su desplazamiento, los Ponce Ríos acudieron ante la extinta PROVICITMA en búsqueda de ayuda y reparación del daño y continuaron su búsqueda de reparación ante la CEAV. Pero su recorrido en está institución ha estado lleno de obstáculos: en el 2016 esta Comisión se negó a reconocerles su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y su acceso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
A lo largo de este tiempo, la familia Ponce ha tenido que enfrentar las consecuencias del desplazamiento sin recibir soluciones ni atención por parte de las autoridades. En mayo de 2023, estas omisiones tuvieron repercusiones: el señor Víctor Manuel Ponce Ríos, una de las víctimas, fue secuestrado en el Estado de Jalisco y encontrado sin vida en Zacatecas. Esta pérdida refleja la realidad a la que se enfrentan las víctimas en México y el ciclo de violencia en el que están inmersas.
Ahora bien, más allá del reconocimiento del más alto tribunal de justicia, lo cierto es que hasta el momento el reconocimiento del Estado de la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno no ha tenido aún grandes repercusiones en beneficio de las víctimas, ni en la prevención del fenómeno.
La activista Ligia de Aquino, especialista en el tema, recordó en este sentido que ya hay varios antecedentes de reconocimiento gubernamental previos a 2019, primer año del actual gobierno de López Obrador, entre ellos la Ley de Chiapas (2012); la Ley de Guerrero (2014), la reforma a la Ley General de Víctimas (2017), la Recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el Informe (2016) y Protocolo (2017) elaborados por dicha Comisión.
Sin embargo, hasta ahora, los casos de desplazamiento interno como el de la familia Ponce continúan siendo invisibilizados, subestimados e incluso negados por las autoridades gubernamentales, expuso la activista.
Miguel Ángel Alcaraz, quien acompaña legalmente a la familia Ponce Ríos, señaló que este precedente debería llevar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a modificar sus formas de trabajo, desistir de “la permanente obstaculización” para el acceso a servicios y procedimientos, y atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas que buscan en la CEAV “una institución sensible a sus necesidades”.
A partir de este momento, las personas desplazadas contarán con un precedente judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual se reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y en donde se hace especial énfasis en que los principios previstos en la Ley General de Víctimas reconocen esta situación especial de vulnerabilidad, y, que, quien lo opera (CEAV), tiene que observar y delinear su trabajo conforme a ello, explicó el representante legal de las víctimas.
Por su parte, el abogado especializado en temas de litigio de Derechos Humanos, Víctor Alonso Del Pozo, señaló que esta sentencia es importante porque supone un reconocimiento a la larga lucha que ha dado la familia Ponce “para combatir la impunidad, el olvido y la negligencia estatal”.
“La Corte vio la necesidad de poner un alto al vaivén burocrático y judicial por el que han atravesado las personas desplazadas durante la última década, por lo que tomó la decisión de ordenar una reparación integral que deberá implementar en corto plazo”, planteó.
Del Pozo agregó que la sentencia es muy relevante por sí misma, pero ésta “quedará vacía de contenido si no se asume con seriedad el proceso de ejecución de la decisión judicial”. De ahí, subrayó, que resulte muy valioso que la Corte haya fijado plazos estrictos para reparar el daño a las víctimas.
¿Qué sigue para la familia Ponce Ríos?
Miguel Ángel Alcaraz explicó que procesalmente sigue la etapa de cumplimiento de ejecutoria de amparo, en donde la CEAV tendrá que emitir una resolución motivada y fundada, en la que deberá atender de manera pormenorizada la multilateralidad de los daños causados a las quejosas en el amparo (más de 90), tanto en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, como de víctimas del delito, considerando sus características y necesidades especiales, tomando en consideración si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros elementos de interseccionalidad.
Alcaraz subrayó también que el cumplimiento del amparo involucrará no solo a la CEAV, sino a diversas autoridades federales, estatales y municipales, por lo que tendrá que realizarse un verdadero ejercicio de coordinación gubernamental para lograr reparar de forma integral el daño de la familia Ponce Ríos.
Esta resolución es significativa no solo por el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, sino también porque resalta la importancia de la reparación integral del daño como un aspecto fundamental en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno y sienta las bases para una mayor protección y atención hacia las personas desplazadas internamente en México.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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