Julieta acudió al servicio de Salud Pública en Jalisco para realizar una interrupción después de haber sufrido violencia sexual. Una abogada le acompañó para que su derecho de interrumpir no le fuera negado y permaneció fuera de la sala.
La joven antes de ingresar, dejó en claro al personal la solicitud de discreción. Pero el personal médico revisó su expediente y marcó a su casa para informar y pedir que fueran por sus pertenencias, vulnerando por completo la voluntad de Julieta, nombre que ha sido cambiado para mantener su anonimato.
Este caso fue narrado por la abogada Angela García, quien es una de las abogadas, defensoras de derechos reproductivos y acompañantas, entrevistadas para este reportaje. En los registros internos de denuncias que resguardan las entrevistadas, se muestra que los médicos realizan legrados,— un procedimiento que conlleva riesgos como hemorragias, infecciones o daño en el útero y que está fuera de recomendación desde hace más de una década por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y que en el espacio donde permanecen a solas el médico y la solicitante puede existir una posible criminalización durante el procedimiento.
Por eso optan por recomendar otras opciones. Sí están en sus posibilidades, invitan a las solicitantes a trasladarse más de 500 kilómetros de distancia, a los servicios de salud de la Ciudad de México, donde hay un programa de atención pública y privada desde 2007.
Si esto no es posible, entonces recomiendan el acercarse a colectivas jaliscienses que dan acompañamiento para un aborto medicamentoso desde casa, como Mis Amigas Me Acompañan.
“¿Para qué me arriesgo a decirles que vayan [a los hospitales de aquí]? Para que las cuestionen aunque eso esté fuera de la ley, o las quieran obligar a denunciar, que inicien con un procedimiento y terminen con otro, que las tengan más horas de lo necesario, que ellas pidan privacidad y les hablen a sus familiares, que las criminalicen… Hace falta avanzar en muchos aspectos”, dice una acompañanta que pidió el anonimato.
“Al final es mucho más fácil acceder a las pastillas, que acceder [al aborto] por ley [en Jalisco]… Por eso hago lo que hago. Sin esta ayuda, las mujeres terminarían recurriendo a abortos clandestinos. Porque, ojo, que sea en casa no quiere decir que sea inseguro. Hacemos los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud”, asegura otra acompañanta, que también pidió no ser citada por temor a represalias.
El servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México reporta que, entre abril de 2007 y mayo de 2023, han acudido 728 mujeres de Jalisco a solicitar el procedimiento, aunque no se especifica si acuden tras una agresión sexual o por otros motivos.
La organización civil Fondo MARIA, ofrece apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para acceder a una interrupción. En una entrevista a través de zoom, sus integrantes reconocieron que Jalisco siempre se ubica en su top cinco de entidades con mayor número de solicitudes de apoyo económico y orientación.
Entre 2007 y 2022 brindaron a 789 mujeres jaliscienses ayuda económica, para el pago del traslado, cubrir el costo del servicio médico en una institución privada, o proporcionarles artículos higiénicos como papel, toallas sanitarias o analgésicos durante su estadía en un hospital público.
Puedes leer la primera parte de este reportaje en esta liga: Abortar en Jalisco, entre legrados y violencia médica
Obtener el servicio por amparo o en la vía privada es costoso
El que no se despenalice el aborto en jalisco, no significa que no deje de ocurrir. Solo hace que personal médico dispuesto pueda solicitar grandes montos por realizar el procedimiento. “En el servicio privado, en la entidad, se cobra entre 25,000 y 30,000 pesos, porque no está permitido por la ley”, afirma Ortega, integrante de Ddeser.
Y en caso de que la solicitud del servicio sea por alguno de los motivos permitidos, pero el personal médico lo niegue, entonces se tiene que buscar un amparo. “Sino apoya un servicio ciudadano, una ONG, entonces, en honorarios y transporte, por una abogada se pueden ir unos 25,000 pesos, más el amparo para solicitar el acceso [al servicio] son 5,000 pesos; asciende a los 25,000 o 30,000 pesos”, calcula la abogada Ángela García, integrante del Colectivo Latinoamericano Emma Goldman.
Jalisco es uno de los estados donde se tienen menos causales aprobadas para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo. Como anteriormente mencionamos, solo están aprobadas cuatro, pero a nivel nacional se tipifican once: violación, aborto imprudencial, peligro de muerte, alteraciones graves a la salud, problemas de salud, inseminación artificial, razones económicas, voluntad de la mujer, omisión de información, trastorno ginecológico, y cuando una autoridad niega el acceso al aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
La entidad está en la posición número 17 del ranking de estados del país con menor número de causales aprobadas. La lista incluye también a Chihuahua, el Estado de México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Campeche, Chiapas, Durango, Nuevo León, Sonora y Tabasco con tres causales permitidas, y Guanajuato y Querétaro con únicamente dos.
Pero la despenalización tampoco asegura el acceso a la interrupción del embarazo. Un artículo de GIRE publicado en abril de este año establece que, de las entonces once entidades —ahora son doce — donde el aborto voluntario es legal, en diez se registran problemas para acceder al servicio, relacionados con su prestación, pues hay una negativa del personal médico a realizarlo y falta presupuesto para la compra de insumos médicos.
De acuerdo con las respuestas proporcionadas a GIRE por las secretarías de salud estatales, en la Ciudad de México 260,836 mujeres accedieron a un aborto seguro desde abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2023. En el resto de las entidades consultadas, el número de beneficiarias hasta el 31 de enero de 2023, fueron: Guerrero (1,426), Hidalgo (1,198), Coahuila (927), Oaxaca (543), Sinaloa (384), Veracruz (369), Baja California (362), Colima (281), Baja California Sur (140), y Quintana Roo (7).
Derecho a decidir permanece ‘congelado’
En 2022 cientos de mujeres en Guadalajara salieron el 28 de septiembre, —día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro— y tomaron las calles para exigir la despenalización del aborto.
Ese año, se dividieron en dos actividades distintas. El primero, fue de los colectivos radicales. Recorrieron el paseo de Avenida Alcalde, para finalmente llegar al Congreso del Estado y leer su pliego petitorio en voz alta.
En su marcha se encontraron con grupos que visten y se identifican como “celestes”, —un color utilizado por las personas que están en contra del aborto—. Se les puede identificar, porque entrelazan sus manos, rezan en voz alta, y se convierten en una muralla humana entre las marchantes y los templos católicos que están a su paso.
Al momento de encontrarse de frente, los grupos celestes comienzan a empujar, gritar, pedir “que el diablo y el pecado salga de ellas”. Les escupen, lanzan botellas y piedras, para amedrentarlas. Parte del contingente feminista, identificado como “bloque negro”, se mantiene al frente de la marcha y se dedican a la defensa para que avancen el resto del contigente. Mientras cubren su identidad con un pasamontañas, usan bates, extintores y cualquier objeto con el que puedan defenderse.
Por las agresiones presentadas y el temor a represalias de agrupaciones celestes, hubo una segunda actividad. Ddeser, con intención de evitar el enfrentamiento, realizó una marcha entre cánticos y papiroflexia a unos kilómetros de distancia, en la Glorieta Alcalde.
Pero, sin importar lo que hagan ninguna de las manifestantes, colectivos u organizaciones es llamada al Congreso de Jalisco para escucharle. Las únicas dos propuestas en la Legislatura LXIII para despenalizar el aborto se propusieron a la par en 2021 y ambas permanecen congeladas. Entre 2005 y 2020 no se registraron iniciativas, según se documenta en una solicitud de información.
Las iniciativas fueron presentadas por la diputada Susana de la Rosa, del partido Futuro, y la diputada Mara Robles, del partido Hagamos. Ambos partidos pequeños. De la Rosa es la única con curul de su partido y Robles, solo tiene un compañero como bancada. No lograron que las iniciativas fueran a votación.
Mara Robles, en su iniciativa, propone armonizar el marco local y desaparecer la prisión preventiva por el delito de aborto. También agrega al listado del acceso al aborto, los motivos de inseminación no consentida y alteraciones genéticas que pongan el riesgo la sobrevivencia. En el caso del aborto forzado, propone sanción.
La iniciativa presentada por Susana también propone sancionar el aborto forzado. Contempla la despenalización total del aborto, y busca el derecho a la educación sexual, el acceso a metodos anticonceptivos y la atención a víctimas de violencia sexual. Introduce y define la “violación de personas menores de edad”, pues ese delito no existe en la Entidad y las penas que reciben los agresores son por agresión sexual, un delito de menos años.
De ojos apiñados y cabello lacio, Susana de la Rosa accedió a una entrevista. Casi dos años después de presentar su iniciativa, en mayo de 2023, reconoció que cuando ingreso a la Legislatura imaginaba que se podía despenalizar el aborto.
“Cuando vi que éramos más mujeres en la Legislatura que hombres, creí que solo sería cuestión de negociar e impulsar en bloque entre las compañeras…. Pero, hay mucha obstrucción de las propias compañeras”, cuenta.
No está equivocada, en la actual Legislatura LXIII, hay más diputadas que diputados. Se trata de 24 mujeres versus 14 hombres.
Días antes de ocupar su curul, dijo ante medios que “el aborto legal, seguro y gratuito, ya cuenta con un primer voto en este Congreso” y aseguró que la despenalización era parte de su agenda durante su paso por el Legislativo. Entre los temas que consiguió destrabar está el derecho al matrimonio igualitario y la menstruación digna, que obtuvo presupuesto dentro de un programa piloto para que niñas y adolescentes puedan tener acceso gratuito en toallas femeninas.
Ahora, cree que saldrá de la legislatura sin poder convencer al resto de diputados para que la iniciativa de despenalizar el aborto sea votada. “Lo veo difícil”, reconoce.
Antiabortistas en el Congreso
Para darse cuenta de por qué los diputados se niegan a votar a favor de la despenalización, hay que voltear a ver escenarios pasados y revisar archivo bibliográfico, como el reportado por el diario local, El Informador.
El 26 de marzo de 2009, la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco anunció a bote pronto una sesión extraordinaria. Urgía votar la iniciativa antiborto.
Para medios y defensoras de derechos reproductivos, resultó un “madruguete”. Apenas seis meses atrás, en septiembre de 2008, los diputados acordaron discutir la iniciativa en agosto de 2009, para que no influyera en proselitismos de votación.
La urgencia de votar provino de la bancada priísta, que pidió ayuda del PAN para que se presentará ese día. El coordinador estatal del PRI, Francisco Javier Guízar Macías, ofreció al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que su partido votaría a favor de la iniciativa.
La iniciativa antiaborto fue gestionada por el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Salinas Osornio y se planteó desde la sociedad civil. La asociación Mexicanos por la Vida de Todos, reunió 53,000 firmas solicitando una reforma constitucional para establecer la prohibición del aborto.
En la sesión extraordinaria, durante seis horas, al recinto estuvo repleto de niños, jóvenes y adultos vestidos de blanco y celeste, que esperaban la votación de los diputados mientras coreaban frases y mostraban carteles antiaborto.
Afuera, cerca de 50 personas se manifestaban contra la iniciativa porque señalaban atenta contra la libertad reproductiva de las mujeres. En esta ocasión, no fueron agredidas por elementos policiales, como ocurrió un mes antes, cuando se abordó por primera vez-
La iniciativa modificó el artículo 4 de la Constitución Política del estado para reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación. En total hubo 29 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, dos de diputados de Nueva Alianza, Alejandro Díaz Medina y Lorenzo Moccia, y una del perredista Samuel Romero. Los legisladores del PRD Carlos Orozco Santillán y Enrique Alfaro Ramírez —actual gobernador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano— se retiraron del recinto advirtiendo que no participarían en la votación porque no se discutió con la sociedad.
La iniciativa también modificó el artículo 228 del Código Penal estatal para permitir a las mujeres que abortan sustituir la pena de cárcel por otras sanciones.
Actualmente el artículo 4 permanece igual y el artículo 228 del Código Penal establece una pena máxima de un año de prisión por aborto, que se duplicará si es realizado después de los cinco meses de gestación.
La iniciativa aprobada en 2009 en Jalisco sería inconstitucional, de acuerdo con lo establecido en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó un artículo de la Constitución Política de Nuevo León que protegía a las personas desde la concepción, ya que determinó que los legisladores no tienen autoridad para decidir dónde empieza la vida.
“Esa disposición sólo deja de existir en Nuevo León. [Pero] eso no quiere decir que otros congresos no puedan reformar sus constituciones. Cualquier otro congreso podría cambiarla y prever eso. Imagínate que yo promuevo un amparo y el juez que se pronuncie sobre mi caso tiene que aplicar ese criterio de la [suprema] corte”, explica Cecilia Kalach, abogada que trabajó en la SCJN.
Este reportaje fue apoyado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y el programa VAW-PM del NDI, y fue escrito durante el taller de Periodismo de Investigación y Narrativo, impartido por Quinto Elemento Lab, en el marco del proyecto Guadalajara, Capital Mundial del Libro.
Recuerda que puedes leer la primera parte de este reportaje en esta liga: Abortar en Jalisco, entre legrados y violencia médica
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Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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