Senadores de oposición presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El recurso fue recibido este miércoles por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y fue firmado por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).
Te puede interesar: “Es venganza y persecución política”: Claudia Sheinbaum reprueba investigación contra Arturo Zaldívar
En la solicitud de juicio político denunciaron supuestos actos de presión a jueces para solucionar asuntos a favor de la administración federal.
Ante ello, legisladores del PRI y del PAN pidieron que el exministro Zaldívar sea inhabilitado para acceder a cualquier cargo público.
Senadoras y senadores del PAN mostraron respaldo a ministra Norma Piña
El pasado 17 de abril, senadores y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) dieron a conocer que presentarían una solicitud de juicio político contra Zaldívar ante la Cámara de Diputados.
Esto “por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar a la Presidencia de la República”.
La senadora y vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, sostuvo que Arturo Zaldívar antepuso los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador a los del pueblo de México.
López Rabadán indicó también que la investigación por parte del Consejos de la Judicatura Federal (CJF) en contra del exministro era resultado de “una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados”.
Esta decisión de las y los senadores del PAN, así como su respaldo a la ministra Norma Piña, se presentó luego de que Zaldívar presentara una solicitud para promover un juicio político contra la presidenta de la SCJN.
El exministro informó que las denuncias serán por delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos.
“Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral y el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Judicatura investiga al exministro Arturo Zaldívar
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar investigaciones en contra del exministro Arturo Zaldívar y excolaboradores por presuntos actos de corrupción y “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
El pasado 9 de abril, la ministra Piña recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros exintegrantes del Consejo de la Judicatura Federal por los presuntos actos cometidos entre el 2019 y 2022 “que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.
De acuerdo con el expediente de investigación J/108/2024, Zaldívar es acusado de “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Según el escrito, Zaldívar ejerció presión sobre los titulares de órganos jurisdiccionales a través del entonces secretario general de Presidencia del consejo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos y económicos a cambio.
Carlos Antonio Alpízar Salazar es acusado a su vez de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
De acuerdo con la denuncia, este pudo obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos tras ponerse a las órdenes del exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
Carlos Antonio Alpízar Salazar fue designado titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación en marzo de 2023.
Otro de los exfuncionarios del consejo implicados es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, entonces titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, quien es señalado de delincuencia organizada institucional.
Mientras que Netzaí Sandoval Ballesteros es señalado de presionar a defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses durante su actuación como director del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Sandoval Ballesteros, es actualmente secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Según el documento, de acreditarse estos hechos, pudieran significar la existencia de actos que atentan contra la independencia de la función judicial; falta de imparcialidad y profesionalismo; violencia sexual; cohecho; abuso de funciones; desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
Todas estas conductas son causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
