Asesinato del periodista Javier Valdez: organizaciones exigen extradición del “Mini Lic” a siete años del crimen
A siete años del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, familiares, organizaciones, periodistas y medios de comunicación exigieron al gobierno mexicano lograr la extradición de Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, presunto autor intelectual del crimen.
“El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda grande en el caso: lograr la extradición del presunto autor intelectual”, dice un comunicado firmado por Propuesta Cívica, el Comité para la Protección de Periodistas, Tejidos Solidarios, Artículo 19, RíoDoce y Reporteros Sin Fronteras.
El “Mini Lic” se entregó a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) por cargos de narcotráfico en 2017 y, junto con su padre Dámaso López Núñez, cooperó con las autoridades a cambio de reducir sus sentencias.
En septiembre de 2022 el “Mini Lic” fue liberado luego de que un juez federal de la Corte del Distrito Sur de California determinó que debería salir libre por su cooperación con las autoridades. Actualmente se encuentra en calidad de procesado y testigo clave en múltiples procesos judiciales.
Griselda Triana López, viuda del periodista, se sumó a las exigencias de extradición y de justicia en un evento realizado en el busto de Valdez junto a la Catedral de Culiacán: “Hoy se cumplen siete años de su asesinato, pero también siete años de impunidad”.
Las organizaciones y el gremio periodístico señalaron que los compromisos bilaterales entre Estado Unidos y México no deberían ser excusa para dejar en impunidad los delitos cometidos por personas extraditadas “ni invisibilizar las voces de las víctimas que exigen justicia”.
¿Cuántos sentenciados hay por el homicidio de Javier Valdez?
Por el homicidio de Javier Valdez, uno de los autores materiales, Heriberto Picos Barraza, optó por ser sentenciado a través de un procedimiento abreviado, por lo que fue condenado a 14 años y 8 meses desde el 2020.
En octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación de Sinaloa confirmó la sentencia en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, por la cual se le impusieron 32 años de prisión, aunque aún podría iniciar un juicio de amparo directo contra dicha decisión.
“Saludamos el trabajo de investigación y litigación desarrollado por la FEADLE y en sus inicios por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, así como la imparcialidad del Poder judicial federal durante los procesos penales, los cuales sin duda ayudaron a la emisión de fallos condenatorios apegados a la legalidad”, señala el comunicado.
¿Qué exigencias se mantienen a siete años del asesinato?
A la Fiscalía General de la República:
– A través de FEADLE: garantizar que la línea de investigación relativa a la autoría intelectual se encuentre debidamente fortalecida, además de garantizar la protección de testigos y resguardar la información que de ellos se obtuvo en relación al caso.
– A través de la Coordinación de Asuntos Internacionales: evitar retrasos injustificados en la entrega de información al gobierno de Estados Unidos para continuar el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.
– Mantener el diálogo con la familia de Javier Valdez y las organizaciones de la sociedad civil acompañantes.
– Continuar los refuerzos para disminuir la impunidad de los delitos de alto impacto cometidos contra la libertad de expresión en México, incluyendo la debida atención e investigación en casos de amenazas de muerte.
Al Gobierno de México:
– Incentivar la colaboración entre las instituciones, principalmente entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervienen en el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.
– Propiciar la coordinación entre autoridades locales y de los tres niveles para garantizar la prevención y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
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Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Ciudadanos sin voto en Puerto Rico
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
Cuál es la situación actual en Puerto Rico
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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