Caso Morlett,el vía crucis de la justicia mexicana
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Caso Morlett,
el vía crucis de la justicia mexicana

Por Claudia Ramos
17 de diciembre, 2010
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Adriana Morlett.

La familia Morlett Espinosa no festejará este año la Navidad. Javier, Adriana y su hijo Javier acordaron permanecer en la Ciudad de México, alquilar unas películas y cenar como cualquier otro día. El objetivo es estar ocupados y tratar de no pensar.

Porque ésta será la primera vez en 21 años que estará ausente Adriana Eugenia, la primogénita. Estudiante de tercer semestre de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, con promedio de 9.7. Adriana fue privada de su libertad el pasado 6 de septiembre al salir de la Biblioteca Central de la UNAM.

Desde entonces, toda la familia Morlett, cuyas raíces se encuentran en el puerto de Acapulco, Guerrero, no ha encontrado paz ni justicia. A partir de ese lunes, sus padres han tenido que sortear la insensibilidad de diversas autoridades universitarias y judiciales, cuya ineficiencia han contrarrestado con sus propios recursos, contactos e incluso servicios de inteligencia, para poder dar con el paradero de su hija.

Esta historia no es sólo de la familia Morlett. También la han vivido miles de personas en este país, cada vez con mayor frecuencia en los últimos 10 años, y cuya máxima exponente por el caso de su hijo secuestrado, Isabel Miranda de Wallace, recibió el pasado miércoles 15 de diciembre el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010.

Como doña Isabel, Javier Morlett ha tenido que hacer su propia investigación. Y ha hecho de todo: desde contar con la asesoría de expertos en criminalística hasta acudir con brujos. A eso lo ha orillado la desesperación.

Porque qué puede hacer un padre, se lamenta don Javier, cuando la autoridad responsable de investigar la desaparición sólo atina a decir: “No tenemos nada. Lo único que queda es esperar a que algo suceda”.

Hija de familia

Adriana Eugenia Morlett Espinosa es hija de una familia muy unida. Una joven amiguera, sin novio, dedicada a sus estudios. Hasta el día de su desaparición, compartía con su hermano Javier un departamento en la colonia Copilco, a unos 30 pasos de Ciudad Universitaria.

Llegó a estudiar a la Ciudad de México en agosto de 2009. Su perfil en Facebook la describe como fan del rock, aunque también de la música clásica. Sus películas favoritas son la trilogía de El Padrino, La Princesita y The Cove. Sus series favoritas: Desperates Housewives y The Big Bang Theory. Le gusta esquiar, ir al gimnasio y bailar. Está contra el maltrato a los animales. En esta red social tiene 919 amigos.

Ese lunes 6 de septiembre acudió a las 19:00 horas a la Biblioteca Central de la UNAM. Pidió en préstamo el libro Arquitectura, teoría y diseño de contexto, de Enrique Yáñez, con el número de folio 819419.

Tenía previsto regresar inmediatamente a su departamento, donde había quedado de verse a las 20:30 horas con unos amigos para ver unas películas. En ese intervalo, recibió tres llamadas a su celular de Mauro Alberto Rodríguez Romero, estudiante de quinto semestre de Psicología, también en la UNAM.

De acuerdo al testimonio de Mauro Alberto, ambos se vieron afuera de la biblioteca a las 19:30 horas. Caminaron por “las islas” (la explanada frente a la biblioteca), pasaron frente al departamento de Adriana, se subieron al metro Copilco, se bajaron en Universidad y tomaron una combi rumbo al departamento de él, ubicado en la colonia Santo Domingo. Ahí, Mauro Alberto le mostró un sofá que presuntamente Adriana quería comprar para su departamento, cosa que duró aproximadamente dos minutos. Salieron del departamento y en la esquina de avenida Aztecas y Nezahualpilli, Adriana abordó un taxi y se fue, a las 20:30 horas. Eso es lo último que se sabe de ella.

Mauro Alberto declaró posteriormente a la Fiscalía Antisecuestros (FAS) que -contrario a su costumbre y al código de seguridad que sigue cualquier estudiante, como él mismo admitió- no se fijó qué tipo de auto era el taxi, que no tomó el número de placas ni se fijó en el chofer.

“Se fue con el novio”

Acostumbrada a estar en contacto permanente con su hija, la mamá de Adriana recibió un último mensaje de ella a las 18:30 horas, antes de salir de la Terminal de Autobuses del Sur en la corrida a Chilpancingo, después de haber estado el fin de semana con sus hijos. Al llegar a su destino, a las 22:30 horas, Javier le informó que Adriana no había regresado a la casa.

La familia de Adriana llamó reiteradamente a su celular y a su Nextel, que daban tono pero no contestaban. Los padres decidieron viajar a la ciudad de México, a donde llegaron el martes 7 de septiembre a las 2 de la mañana. A partir de ese momento, inició su vía crucis.

Asesorados por el director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Alejandro Fernández, a quien acudieron por haber sido la biblioteca el último lugar donde ubicaban a Adriana, los Morlett se presentaron en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) y posteriormente en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en sus oficinas de la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán. Los Morlett fueron acompañados por un abogado asignado por la universidad, Alfredo Estévez.

En ambas dependencias se negaban a recibir la denuncia de los Morlett hasta que no pasaran las 72 horas reglamentarias para considerar a una persona desaparecida.

Además, no había “seguridad” de que se tratara de un secuestro, porque “nadie había solicitado un rescate”. Ante la insistencia del papá, que nunca aceptó el argumento de que su hija “se había ido con el novio” y que pronto regresaría, como “todo mundo”, finalmente consintieron en iniciar el papeleo del trámite. Pero nada más.

Ante la inacción de las autoridades judiciales, los Morlett recurrieron al abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, conocido de la familia, quien les consiguió una cita con el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, cinco días después de la desaparición de Adriana. Los recibió una asistente, a quien los padres sólo identifican como la señorita Ángeles y cuya ayuda resultó determinante para que el caso se turnara a la FAS.

Sólo entonces los Morlett perciben cierto interés de la autoridad por hacer su trabajo, muchas horas después de las primeras 48 que los especialistas consideran cruciales para investigar un crimen.

El testigo


En lo que la autoridad tomaba nota del caso, la familia se puso a hacer su propia investigación. Conocedores de las contraseñas de su hija en las redes sociales, como medida de seguridad que habían tomado por acuerdo familiar, su prima Ana María se metió al perfil de Adriana en Facebook y ahí encontró diversos mensajes enviados por Mauro Alberto momentos antes de su desaparición.

Por medio de un contacto personal, los Morlett consiguen el registro de las llamadas recibidas en el celular de su hija y encuentran las tres que resultan ser del teléfono de Mauro Alberto.

Al ponerse en contacto con él para averiguar qué sabía de Adriana, confirman que Mauro Alberto fue la última persona en verla. De acuerdo con la versión de los Morlett, el joven da información con reticencias y preguntando reiteradamente si se había interpuesto una denuncia. Se vuelve ilocalizable los siguientes días y finalmente decide presentarse a declarar, “porque se enteró que lo andaban buscando”. Se presenta el martes siguiente a la desaparición de Adriana, con un abogado y amparado, aún cuando se le considera un testigo.

Los agentes investigadores reconstruyen el recorrido seguido por ambos jóvenes, de acuerdo con la declaración de Mauro Alberto, y llegan hasta el departamento, donde sólo verifican que Adriana no se encontraba ahí en ese momento. No realizan pruebas periciales ni de criminalística que corroboren que la joven Morlett haya estado efectivamente en ese lugar. Se le pregunta al dueño del departamento, quien vive en el mismo edificio y dice no saber nada, al tiempo que un vecino se niega a declarar sobre el tema.

Se solicitan los videos de las cámaras de seguridad del metro y de la esquina donde supuestamente Adriana tomó el taxi, con el inconveniente de que éstos ya habían sido borrados el día anterior. De acuerdo con los responsables de ambas áreas, los videos duran sólo ocho días en el archivo. Algo se habría podido hacer si los hubieran pedido a tiempo.

Ante las dudas sobre la versión que daba, Mauro Alberto se limitaba a declarar que no recordaba nada más o que no sabía la respuesta a lo que se le preguntaba. Los agentes investigadores concluyen que el testigo no tiene nada que ver con la desaparición de Adriana, “aunque su versión suene absurda”, porque no tiene antecedentes penales, no hay llamadas “sospechosas, de la delincuencia organizada” en sus registros de teléfono y “no muestra incongruencia” alguna en su declaración.

En una segunda declaración, tomada por insistencia del padre, Mauro Alberto acepta ayudar a la familia en la difusión del caso (pegando cartulinas en Ciudad Universitaria y llamando a los amigos) pero bajo ciertas condiciones de días y horarios, “porque está muy ocupado”. Ante el cuestionamiento del señor Morlett, de que no le ve disposición por ayudar a encontrar a su amiga, el joven se enoja, le indica que “ya no va a colaborar” y que “le haga como quiera”, y consigue el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien emite una “advertencia” a la FAS que no lo acosen.

Como despedida, la madre de Mauro Alberto informa a los Morlett que a su hijo le están haciendo estudios psicológicos para demostrar que no puede retener recuerdos y, con ello, anular su calidad de testigo.

En forma paralela, los Morlett consiguen los videos de la Biblioteca Central, ante la insistencia del padre, quien tuvo que hablar de nueva cuenta con el abogado general de la UNAM, para que éstos fueran proporcionados, tres días después de haber sido solicitados. A las autoridades universitarias les tomó entonces unos minutos entregarlos.

En esos videos se corrobora que Adriana acudió a sacar el libro. Solicitan otros videos de las cámaras externas al edificio de la biblioteca para verificar el recorrido contado por Mauro Alberto, pero éstas no funcionan. Las que sí sirven, colocadas prácticamente en el techo de los edificios, tenían tomas abiertas, panorámicas, en las que no se distinguía nada. El caso se empantana de nuevo y las autoridades siguen tratando el caso como “una fuga”.

El libro y la llamada


Sin algo por dónde seguir, la mamá de Adriana se acuerda del libro que retiró su hija y pregunta qué había pasado con él. En la FAS le informan que ya había sido devuelto. En ese momento es el padre quien solicita a la UNAM que sea entregado a las autoridades para que lo analicen.

En compañía del abogado Alfredo Estévez, los Morlett y los agentes investigadores acuden a la Biblioteca Central, donde les entregan el libro. Se encontraban revisándolo, cuando una empleada sindicalizada de la biblioteca los “increpó” por encontrarse en las instalaciones, les quita el libro y los corre. El papá estalla en su desesperación, ante lo cual el abogado le indica que no pueden hacer nada porque se trata de “una empleada sindicalizada y no pueden meterse con el sindicato”.

La FAS tiene que elaborar dos veces un memorándum para solicitar la entrega del libro (la primera vez lo hicieron mal), el cual es entregado tras la firma y el sello correspondiente.  La autoridad no encuentra nada revelador, aunque a los padres les parece extraño el simple hecho de que un taxista, presunto secuestrador y violador, regrese un libro de su víctima a la biblioteca.

Mención aparte merece el buen trato que hasta ese momento habían recibido los Morlett del área jurídica de la UNAM. Explican que todo cambió radicalmente, pues dejaron de atenderlos y ahora ni siquiera les toman la llamada.

Por esos días apareció una nueva pista. El 18 de septiembre, un primo de Adriana cuyo número de celular se encontraba en su lista de contactos, recibe una llamada de una mujer, quien le indica que como “ella también es madre y sabe del dolor por el que pasan los Morlett, quiere avisarles que tres estudiantes de la UNAM tienen secuestrada a la joven cerca de CU para dedicarla a la prostitución”.

Los padres solicitan a la FAS que investiguen la llamada y descubren que se hizo de un teléfono público de la delegación Gustavo A. Madero. Como los agentes no localizan la caseta, no se le puede dar seguimiento. Con asesoría de un exagente de la AFI, los Morlett consiguen la ubicación del teléfono público y piden a la fiscalía que investigue las llamadas que se hicieron antes y después de que llamaran a su sobrino. Hace una semana se consiguió este listado y apenas se está analizando.

Un dolor que no acaba


Los tiempos muertos son los principales enemigos de los Morlett. Mientras están ocupados, no piensan. Por eso han solicitado asesoría de Eduardo Gallo, de Isabel Miranda de Wallace, de Alejandro Martí. Han hecho todo lo que les han sugerido y hasta han acudido con cuanto psíquico y brujo les han recomendado. Resignado, el señor Morlett externa su desesperación: “Nos han dicho que está viva, que tiene lastimado el brazo izquierdo, que piensa en nosotros… pero nadie nos puede decir en dónde está”.

Pensó en contratar espectaculares con la foto de su hija, pero los 20 mil pesos mensuales que le cobran están más allá de su presupuesto. Con su despacho de avalúos trabajando al 10% en Acapulco, el dinero escasea, aunque la familia lo apoya.

El padre de Adriana ha tenido que pasar el trago amargo de recorrer ocho servicios médicos forenses en el DF, Estado de México y Morelos, para averiguar si alguno de los cadáveres encontrados es su hija. Ha salido feliz de que no sea y angustiado porque no es. Pero su angustia se potencia cuando se topa con la negligencia e ineficacia del sistema de procuración de justicia del país.

“Gente tonta e ineficiente hay en todos lados. Pero lo que he visto hasta ahora ha sido ineficiencia, incluso negligencia, por falta de recursos y coordinación entre las distintas dependencias, ya no digamos entre los distintos estados”, cuenta Javier Morlett.

“Ya aprendí como funciona: primero ves al jefe, que es empático contigo, te atiende bien, te da café y te dice que tu hija está viva. Al segundo día te atiende el asistente y al tercer día el funcionario de tercera. Terminas atendido por un ministerio público de cuarta, ineficiente e insensible, para quien eres sólo un número y a quien no le interesa

“tu caso”. Los Morlett han pasado por un desgaste emocional, físico y económico del que no saben cuándo saldrán. Dejaron casa, trabajo y vida en Guerrero para instalarse indefinidamente en la Ciudad de México. Hasta que Adriana aparezca. Mientras tanto no pierden la fe y agradecen todas las cadenas de oración.

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Informe acusa a Benedicto XVI de inacción en 4 casos de abuso sexual cuando era Arzobispo de Múnich

Benedicto XVI es señalado en un informe sobre abusos sexuales a menores entre 1977 y 1982. La investigación fue ordenada por la Iglesia católica.
20 de enero, 2022
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Una investigación revelada este jueves señala que el papa emérito Benedicto XVI no actuó para dar a conocer cuatro casos de abuso sexual cuando era arzobispo de Múnich.

Benedicto XVI, cuyo nombre de pila es Josef Ratzinger, estuvo en ese cargo entre 1977 y 1982.

Durante años, el expontífice ha rechazado esas acusaciones históricas. Sin embargo, un nuevo reporte sobre este asunto entregado por una firma legal alemana lo incrimina directamente.

De acuerdo con el documento, el abuso sexual continuó durante los años que Ratzinger estuvo en el cargo y los sacerdotes acusados de estos crímenes continuaron en actividad en distintas parroquias y puestos adscritos a la Iglesia católica alemana.

El reporte, hecho por la firma Westpfahl Spilker Wastl, fue comisionado por la propia Iglesia católica.

“Dos de estos casos se refieren a abusos cometidos durante su mandato y sancionados por el gobierno local”, dijo el abogado Martin Pusch al presentar el informe.

“En ambos casos, los perpetradores permanecieron activos en el trabajo pastoral”.

Ratzinger, quien ahora tiene 94 años, en 2013 se convirtió en el primer sumo pontífice en renunciar en más de 600 años, alegando que se encontraba exhausto por las labores vaticanas.

Desde entonces vive en retiro en la Ciudad del Vaticano.

El Papa Emérito Benedicto XVI hace un gesto en el aeropuerto de Munich antes de su partida a Roma, el 22 de junio de 2020.

Reuters
El papa emérito Benedicto XVI tiene actualmente 94 años.

Los casos

En una instancia, el reporte afirma que Benedicto XVI sabía de la acusación de abuso sexual que pesaba sobre uno de los sacerdotes, que fue transferido de diócesis pero continuó en trabajos pastorales con la comunidad.

También se informa que el Papa emérito respondió mediante un escrito a las preguntas formuladas por la firma legal, en el que expresaba el apoyo a la investigación pero a la vez negaba estar en conocimiento de las acusaciones de abuso sexual o tener responsabilidad por inacción de su parte.

Sin embargo, el reporte contiene documentos que afirman de forma categórica que él estaba presente en una reunión en la que se discutió el tema de los abusos.

El Vaticano, por su parte, ha dicho en un comunicado de prensa que analizará detalladamente el informe una vez sea publicado formalmente.

“Al reiterar el sentimiento de vergüenza y pesar por los abusos a menores por parte de sacerdotes, la Santa Sede expresa su apoyo a todas las víctimas y confirma el camino para proteger a los menores, garantizándoles espacios seguros”, agregó el Vaticano.

Un informe previo sobre los casos históricos de abuso sexual en Alemania había concluido que más de 3.600 personas a nivel nacional habían sido abusadas por miembros del clero entre 1946 y 2014.

Muchas de las víctimas eran menores que servían de acólitos o asistentes en sus parroquias.

El nuevo reporte hace hincapié en los casos registrados en las regiones de Múnich y Freisin, donde se cuentan al menos 497 víctimas de abusos entre 1945 y 2019.

Además de referirse a la responsabilidad del Papa emérito, el informe criticó a otras figuras de la Iglesia, incluido el actual arzobispo de la región, el cardenal Reinhard Marx. Se descubrió que no actuó en dos casos de presuntos abusos.

El cardenal ya le ofreció al papa Francisco su renuncia en junio de 2021, diciendo que debería compartir la responsabilidad por la “catástrofe” de abuso que estaba saliendo a la luz.

Francisco, sin embargo, se negó a aceptar la dimisión. Días antes, el sumo pontífice había cambiado las leyes penales del Vaticano, endureciendo la postura de la Iglesia ante el abuso sexual.


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