Entierro de Sergio Adrián Hernández en Ciudad Juárez. Foto: Cuartoscuro.

“Le destrozaron su ojo, le dispararon en la cabeza y a mí me destruyeron la vida”.

Sergio Adrián jugaba con sus amigos junto a la malla, ahí donde van los jóvenes de Ciudad Juárez que no andan en las pandillas, los que se conforman con mirar detrás de la reja aquel paraíso que resulta tan lejano.

“Mi hijo era sano, no andaba en drogas, ni se metía en problemas. Andaba conmigo, me ayudaba en el trabajo, a lavar coches, de eso vivimos. Era un buen muchacho y aquí en Juárez eso ya es decir bastante. Por eso me da más coraje, por eso me quiero morir mejor, porque no pude protegerlo”.

La imagen se repite una y otra vez en la memoria. Es Sergio Adrián con sus amigos junto a la línea fronteriza, los agentes migratorios los persiguen y uno de ellos empieza a disparar. Ahí, debajo del puente quedó su cuerpo, en un charco de sangre, con la cabeza pintada de rojo y el terror dibujado en su rostro.

Y las lágrimas y el coraje parecen aturdir a don Jesús. Pero el olvido no llega. El dolor queda convertido en impotencia cuando él y su familia claman la justicia que no han tenido.

Ser pobre, vivir en  la ciudad más peligrosa de México y ser víctima de la Patrulla Fronteriza es una combinación adversa.

Ni las autoridades de Estados Unidos, ni las de México, han atendido al llamado de don Jesús y su familia. La justicia no alcanza todavía a la familia de Sergio Adrián.

Entre amenazas e impotencia

El 7 de diciembre se cumplieron 6 meses y don Jesús está muy lejos de obtener las respuestas que espera.

“Mis hijas ya no quieren que yo hable, porque nos están amenazando. Nos dicen que mejor nos vayamos de Juárez, ellas ya no quieren ni salir. Hasta en el trabajo me llaman, no es justo porque además de que me mataron a mi hijo, ahora dicen que ya  nos dieron dinero y una casa y eso no es cierto, no nos han dado nada. Nosotros somos pobres, somos gente humilde y nomás queremos que nos dejen en paz.

“Un medio de comunicación aquí en Juárez dijo que ya nos habían indemnizado y desde ahí empezaron las amenazas. Todo es mentira no nos han dado nada”.

Hoy don Jesús dice que su familia vive con dolor, pero sobre todo con miedo, que quienes los amenazan les dicen que se vayan de Juárez y él no quiere acudir a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua ni a las autoridades federales a denunciar porque no confía en nadie, ya ni siquiera confía en el licenciado Galindo.

Y es que el abogado que representaba a la familia en Estados Unidos hace tiempo que no se comunica con ellos y el silencio genera desconfianza.

“Lo último que dijo fue que nos preparáramos para la audiencia en El Paso, Texas y que después de los 6 meses iba a presentar la denuncia civil, pero nos dejó esperando, por eso nos preocupa.

“No sabemos si nos engañó o ya archivó el expediente, a veces pensamos que es mejor buscar otro abogado pero ¿con qué dinero?”

El caso ya está en la Corte Federal de Estados Unidos, porque en El Paso se tuvieron muchas dudas de la responsabilidad del agente.

“El licenciado, (Cristóbal Galindo), consiguió los videos que no querían entregar en el gobierno de los Estados Unidos, pero ya se dieron cuenta de la forma tan atroz, tan criminal, allá le llaman felonía y es lo peor que puede haber allá, así me lo mataron. Fue una masacre, una violación de los derechos humanos porque vinieron a matarlo hasta México, yo no entiendo por qué tanto odio, tanta venganza, de pasarse a seguirlo, a matarlo cuando mi hijo ya venía herido, mi hijo venía agarrando sus pantaloncitos, así se ve en el video y así se siente en el corazón”.

De nada han servido las terapias que recibe don Jesús. Entre el dolor, el silencio y las amenazas, el hombre de 58 años se conforma apenas con sobrevivir.

Los pendientes del gobierno

Las autoridades mexicanas aseguran que mantienen el seguimiento del caso, sin embargo,  reconocen que el proceso se lleva en Estados Unidos y eso es una limitación.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, asegura: “Hay una investigación federal en curso, estamos siguiéndola tanto a nivel del Consulado en El Paso y la embajada en Washington, por ser una autoridad federal y ahí, por medio de notas diplomáticas con el departamento de Justicia, la exigencia es que ésta sea una investigación exhaustiva y que sea transparente en sus resultados y en la definición de responsabilidades”.

El 10 de junio, tan sólo 3 días después del homicidio, el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, dijo que la dependencia abrió una averiguación previa por lo ocurrido en el Puente Internacional Ciudad Juárez-Paso del Norte, donde Sergio Adrián Hernández fue blanco de disparos.