La tregua anunciada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es una puesta en escena cuyo telón de fondo pende de una sola cuerda: la buena fe de sus militantes. Debajo del tablado, las tribus internas luchan por la dirigencia y por colocar sus piezas de la mejor manera rumbo a la elección presidencial de 2012. Velan armas en torno a las figuras de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
El riesgo de fractura en una de las columnas de la izquierda partidista mexicana permanece. La marginalidad electoral -en la que se encuentran sumergidos con entre 9% y 10% – será inminente si no resuelven con unidad la designación de su nueva dirigencia y la candidatura presidencial, según se desprende de datos y testimonios recogidos por Animal Político.
Después de tres meses de acusaciones, amagos y escándalos mediáticos, los perredistas dieron el primer paso rumbo a la sucesión presidencial. Al menos eso pretendieron que se supiera de ellos cuando acordaron – en su Consejo Nacional- que la renovación de los órganos de dirección, principalmente la presidencia y la secretaría general, será el 19 de marzo del 2011 mediante consenso. Estos son órganos cruciales para definir al candidato presidencial.
Además resolvieron consultar a los militantes sobre el polémico tema de las alianzas con la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), para los comicios estatales venideros. También acordaron mantenerse unidos para conservar los gobiernos de Guerrero y Baja California Sur.
Estos acuerdos son la trama de la puesta en escena perredista. Sus propios líderes reconocen que estos acuerdos sólo parten de la buena fe y que no resuelve de fondo su crisis interna. Jesús Ortega, presidente de este partido, admite que las diferencias están lejos de ser superadas.
“No deja de haber problemas de cohesión, hay un debate que no se ha sabido o no se ha podido conducir por cauces civilizados y por cauces democráticos, todavía persiste esa vieja cultura en la izquierda de estigmatizar en lugar de escuchar… Pero hemos logrado mayor estabilidad que con la que entramos”, sostiene a tres meses de dejar la dirigencia de manera anticipada, orillado por la presión de un grupo de corrientes denominado G-8.
El primer obstáculo para la cohesión partidista es la designación de los dirigentes. Si bien los perredistas acordaron el método para dicho relevo, no será tarea sencilla lograr un acuerdo integral para nombrar al nuevo presidente y secretario general o a los integrantes de la Comisión Política Nacional, el Secretariado, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y Órganos Autónomos como la Comisión Electoral y la Comisión de Garantías, todos fundamentales para definir la política de alianzas y la designación de candidatos en dos comicios en los que se juega este partido su futuro: Estado de México y la Presidencia .
La cúpula perredista está consciente de que llevar al extremo la confrontación interna dilapidaría aún más el decreciente capital político de la principal fuerza de izquierda en el país, hoy sumido en un 9 ó 10% de las preferencias electorales, según reportan las encuestas de un par de medios de circulación nacional. No obstante, los grupos internos poco están dispuestos a ceder, sobre todo cuando la conformación de estos órganos inclinará la balanza hacia uno de los aspirantes a la candidatura presidencial: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
“Las diferencias no se van a resolver, hay diferencias, la política de alianzas es una diferencia que tenemos nosotros… Aceptamos que el partido es un frente de diferentes posiciones de izquierda y lo que tenemos que hacer es cómo establecemos caminos que eviten los rompimientos”, sostiene Ricardo Ruiz, integrante de la Comisión Política del PRD y uno de los principales seguidores y operadores del diputado Alejandro Encinas, quien en el 2008 disputó la presidencia a Jesús Ortega.
La salida anticipada de Ortega
Jesús Ortega y Hortensia Aragón rindieron protesta como presidente y secretaria general el 30 de noviembre del 2008. Desde entonces, la gestión de Ortega ha sido marcada por sus desencuentros con algunos grupos internos y sobre todo con quien fue el líder moral de este partido, Andrés Manuel López Obrador.
La primera suerte que tuvo que enfrentar Ortega, además de las recurrentes críticas por su nombramiento como presidente, fue la desbandada de perredistas que terminaron como candidatos de los partidos del Trabajo y Convergencia apoyados por el tabasqueño. A ello siguió el descalabro electoral del PRD que, de acariciar la Presidencia de República en 2006, cayó hasta el 12% de la votación en 2009. Lo anterior motivó una rebelión interna alentada por el Jefe del Gobierno capitalino que de inmediato pidió su cabeza.
Días después de las elecciones federales del 5 de julio de ese año, Ebrard convocó a los gobernadores perredistas para pedir la salida del presidente del partido. En un principio acariciaron la idea el michoacano Leonel Godoy y la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. La revuelta fue desactivada por los operadores de Ortega, quienes de inmediato le recordaron al mandatario que su triunfo en el estado se lo debían a ellos y a la corriente que encabezan, Nueva Izquierda (NI), quienes no dudaron en apoyarlo desde la elección interna, cuando peleaba la candidatura con Enrique Bautista, el favorito de los Cárdenas. A la zacatecana le hicieron ver que si salía Ortega se iría con él la secretaria general, corresponsable de los desastrosos resultados de los comicios. Amalia cedió pues Aragón Castillo es una de sus principales colaboradoras al interior de la corriente Foro Nuevo Sol (FNS).
Para evitar más conflictos y que la presencia electoral del PRD siguiera decreciendo, Ortega decidió tejer un acuerdo de unidad entre las expresiones internas. Convocó a un Congreso Nacional en los primeros días de diciembre con el fin de hacer modificaciones estatutarias importantes para enfrentar las elecciones de 2010, como eliminar el candado que impedía alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido Acción Nacional (PAN) en los estados, además de elegir a dirigentes y candidatos por métodos indirectos y no sólo a través de las urnas.
Con el fin de que estas reformas fueran avaladas por mayoría, el presidente del PRD y su corriente tejieron acuerdos con otros cuatro grupos en el partido: Alternativa Democrática Nacional (ADN), que dirige el senador Héctor Bautista; Izquierda Democrática Nacional (IDN), fundada por René Bejarano y su esposa Dolores Padierna; FNS, que dirigen Amalia García y Hortensia Aragón, y con el grupo afín al diputado Alejandro Encinas, ahora aglutinados en la corriente Red por la Unidad Nacional de las Izquierda (RUNI).
Los cinco aprobaron en una sesión de Consejo Nacional, previa a la realización del Congreso, renovar los órganos de dirección. Aunque no fijaron la fecha por escrito, era un compromiso de palabra que el relevo se hiciera en diciembre del 2010.
Al concluir los procesos electorales de este año, donde el PRD en alianza con el PAN y otras fuerzas políticas ganaron los estados de Oaxaca, Sinaloa y Puebla, Jesús Ortega y su corriente decidieron alargar su permanencia hasta 2011.
Ésta fue la razón de la ruptura entre las corrientes de Ortega y de Dolores Padierna y atrás quedaron los acuerdos dentro del Consejo y la Comisión Política Nacional que avalaron una política de “amplias alianzas” en las que se incluía al blanquiazul.
Así nació el G-8, formado por el IDN y otros sectores minoritarios como Izquierda Social, que dirige el secretario de Desarrollo Social del DF, Martí Batres; Unidad y Renovación, de Armando Quintero, titular de la Secretaría de Transporte en la capital del país; Democracia Social, encabezada por el senador Carlos Sotelo, antes aliado de Ortega; Grupo de Acción Política, comandado por el mexiquense Higinio Martínez; Redir –MLN del presidente del Consejo Nacional, Camilo Valenzuela, entre otros.
Este grupo presionó y amagó a la actual dirigencia hasta conseguir que el 17 de noviembre el presidente del PRD anunciara su separación del cargo en marzo, es decir, ocho meses antes de cumplirse el plazo legal para el que fue electo.
“Hay una tregua de aquí a marzo y en marzo se elige una nueva dirigencia y esa nueva dirigencia tendrá la obligación de respetar y desarrollar a pie juntillas la línea política acordada en el Congreso Nacional”, afirma Dolores Padierna.
Acuerdo mata Estatuto
El relevo anticipado de dirigentes en el PRD no sólo tiene implicaciones políticas sino legales. En la última reunión del Congreso Nacional de este partido, en diciembre del 2009, se aprobaron modificaciones a sus estatutos entre las que destacan la elaboración de un nuevo padrón de afiliados y la sustitución de la Comisión Política Nacional y el Secretariado por un Comité Ejecutivo Nacional, el cual estará integrado por el presidente, el secretario general, los coordinadores parlamentarios y sólo 10 secretarías. De modo que la próxima dirigencia tendría que cumplir con estas características.
Sin embargo, las expresiones del Sol Azteca mantendrán la Comisión Política Nacional y al Secretariado, pasando por alto las reformas que ellos mismos aprobaron y que ya fueron avaladas y registradas ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Actualmente la Comisión Política está integrada por 15 miembros, mientras que el Secretariado cuenta con 16 carteras, todos percibiendo un salario de alrededor de 40 mil pesos mensuales.
Instalar el Comité Ejecutivo Nacional implicaría dejar fuera a varias corrientes de los órganos de dirección, así que para evitar complicaciones a la hora de repartir los cargos, tanto los seguidores de Ortega como sus opositores avalaron seguir con el esquema de la actual dirigencia hasta por tres años más.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, aclara que legalmente existe la posibilidad de mantener las dos instancias sin riesgo de que ser sancionados por el IFE. No obstante la perredista fustiga que el G-8 por un lado apele a la legalidad para presionar el cambio de dirigencia y por el otro ignore el estatuto para mantener sus posiciones.
“Por un lado aducen a la legalidad, recurren a ella en ciertas partes, y luego en otras dicen ‘pero no importa, podemos brincarnos el estatuto y tener un acuerdo político’. Para lo que me conviene hay que respetar el estatuto y la declaración de principios, la línea política y todo, para lo que no se ajusta a lo que me conviene recurro al acuerdo y eso es un gran problema”, afirma Aragón.
En contraste, Ortega excusa que el partido se encuentra en un “periodo de transición” entre una dirección y otra. Sostiene que antes de elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional deberán contar con representantes en las cerca de 65 mil secciones electorales que hay en todo el país y justifica la pretensión de algunos grupos, particularmente del G-8 de mantener sus posiciones en la Comisión Política y el Secretariado.
“Es perfectamente lógico, entre los objetivos de toda corriente está el tener representación en los órganos de dirección, eso no es criticable, es perfectamente lógico, es una aspiración de cualquier corriente de opinión estar presente y estar en los órganos representando a sus simpatizantes, nadie tendría por qué ver eso de manera negativa”, explica.
