Oaxaca, oax.-El diputado Flavio Sosa dice “¡Ese es el monumento a la corrupción”, mientras desde una de las calles del Centro Histórico de Oaxaca apunta con el dedo índice a corta distancia el techado del Auditorio de la Guelaguetza, una obra que costó más de 70 millones de pesos y que será demolida.
“Se está cayendo”, lo manifiesta con rechazo quien fue uno de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que durante el 2006 se confrontó con la administración del entonces gobernador priista, Ulises Ruiz.
Durante año y medio Flavio estuvo encarcelado en un penal de máxima seguridad por su participación activa en el conflicto de hace cuatro años, pero desde noviembre de 2010 es Diputado Plurinominal por el Partido del Trabajo (PT) e integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, órgano que se ha dado a la tarea de investigar las obras que se hicieron en la pasada administración y en las que se presume, hubo deterioro en las finanzas públicas.
El techado del Auditorio de la Guelaguetza es una de las obras irregulares. Apenas el domingo 19 de noviembre, el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, Netzahualcóyotl Salvatierra, revisó junto con ingenieros civiles y arquitectos colegiados el techado del Auditorio ubicado en el cerro del Fortín. Tras el recorrido, el funcionario declaró que los trabajos presentaban un avance del 60%, y según los estudios del proyecto, podría rediseñarse el plano original para garantizar una mejor seguridad.
Otras irregularidades
El Auditorio de la Guelaguetza no ha sido la única edificación cuestionada por los diputados que integran la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que por primera vez en su historia no es de mayoría priista. También hay obras de la pasada administración que tendrán que ser revisadas, porque aun cuando ya están concluidas, siguen representando una deuda superior a los mil millones de pesos.
Es ese caso de la llamada Ciudad Administrativa y el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, cuyos montos de construcción se elevaron hasta en un 400%.
De acuerdo con un documento en el que el diputado Flavio Sosa hace un recuento de la deuda que dejó la administración de Ulises Ruiz con estas dos obras, se concluye que los oaxaqueños estarán obligados a pagar a Banorte (institución que otorgó el crédito) alrededor de 515 millones de pesos por los intereses generados, 396 millones de bursatilización y 294 millones por el servicio de la deuda, que suman aproximadamente mil 100 millones de pesos.
El monto que se debe casi duplica la recaudación de impuestos estatal programada para el 2011 y que oscila en los 589 millones de pesos. “De ese tamaño es la carga financiera”, anota el diputado en su documento.
Brotes de insurgencia
En Oaxaca, 62 de cada 100 personas se encuentran en situación de pobreza moderada, mientras que 27 de cada 100 viven en pobreza extrema, revelan las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
El 80.4% de la población, esto es 2.85 millones de personas, no tiene acceso a la seguridad social, cuando la media nacional es del 64.7%.
Aparte, el 56.2% de los oaxaqueños, es decir 1.9 millones, no tiene acceso a los servicios de salud, cuando la media de personas que no puede acceder a este elemental servicio en el país es de 40.7%.
La pobreza existente en el estado, que la ubican en los últimos lugares del índice de ese rubro a nivel nacional, es lo que ha generado el surgimiento de grupos guerrilleros como el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), dice Sosa.
“No hay que olvidar que en Oaxaca hay guerrilla”, expresa Sosa, quien a diferencia de hace cuatro años, cuando traía una barba larga y portaba pasamontañas y ropa completamente negra, ahora trae la barba corta y arreglada y viste una camisa azul que se encuentra impecablemente planchada y limpia.
“Estos grupos han surgido porque existen comunidades enteras que no creen en las instituciones políticas, en sus líderes o partidos. Si en este momento de transición perciben que no hay castigo por los excesos, los crímenes y los desvíos de recursos, pueden radicalizarse los estallidos sociales”, advierte el legislador petista.
Mayoría en el Congreso
Durante el pasado proceso electoral, el PRI no sólo perdió la gubernatura y la Alcaldía de la capital política de Oaxaca, sino que por primera vez en 80 años no ganó la mayoría absoluta en el Congreso.
De las 25 diputaciones que estaban en juego por voto popular, la coalición que encabezó el PAN, PRD, Convergencia y el PT obtuvo 16 escaños, a la par que el Partido Unidad Popular ganó otra posición. Este resultado permitió que nueve legisladores de la Alianza opositora ganaran un asiento de manera plurinominal, lo que arrojó una mayoría de 26 curules contra las 16 que alcanzaron los candidatos del PRI.
Para medir fuerzas, el 22 de noviembre, justo a la primera semana de haber llegado al Congreso, los diputados llamaron a comparecer a Miguel Ángel Ortega Habib, secretario de Finanzas de la saliente administración de Ulises Ruiz.
Durante la comparecencia, el diputado Flavio Sosa le reclamó los malos manejos financieros de su administración y lo cuestionó sobre el encarcelamiento de dos de sus familiares, acusados y procesados por el delito de enriquecimiento ilícito.
En su defensa, el funcionario se deslindó de los negocios y actividades de su familia y de paso señaló que el gobierno de Oaxaca, nada tenía que ver con los delitos que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) a su hermana y sobrino, así como a una empleada domestica de ambos, que resultó ser la tía de la subsecretaria de Finanzas, Magnolia Cano.
Esa mayoría existente en el Congreso es lo que ha llevado a Flavio Sosa, uno de los opositores más radicales que enfrentó Ulises, a declarar que serán incisivos al investigar los derroches y malos manejos cometidos por el mandatario y los miembros de su gabinete.
“Si no hay justicia y esclarecimiento de los excesos, la transición democrática será mero maquillaje”, expone.
Sosa es de los que piensa que en la pasada administración se vivió un saqueo irracional de las arcas públicas porque hubo funcionarios que se enriquecieron ilegalmente. De ahí que el diputado no tenga reparo en advertir que la corrupción “fue el sello característico del sexenio” que concluyó con la salida del PRI y prometer que desde su curul en el Congreso dará la batalla para investigar a fondo los excesos cometidos por Ulises y sus más cercanos colaboradores.
