El combate del gobierno de Felipe Calderón a las estructuras de protección al narcotráfico se ha traducido en sólo dos acciones: la captura de 25 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como una fallida operación contra servidores públicos al nivel de alcaldes y autoridades estatales en Michoacán.
Además de los datos referidos, en lo que va del año no se conoce ninguna otra operación del gobierno contra algún tipo de protección política a los cárteles de las drogas que operan en México.
A través de la denominada Operación Limpieza, los calderonistas consignaron en noviembre de 2008 al ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano, acusado por un integrante del Cártel del Pacífico de haber recibido un pago que ascendía a 450 mil dólares por información reservada.
En estos señalamientos también estuvieron implicados Miguel Colorado González y Fernando Rivera, quienes también formaban parte de la estructura ministerial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Al final, la Operación Limpieza removió y encarceló a 25 servidores públicos federales de distintos niveles implicados en la protección de por lo menos dos cárteles de la droga en México.
Sin embargo, el michoacanazo, la segunda acción de la administración federal contra alrededor de 30 funcionarios y que fue iniciada el 29 de mayo de 2009, a un año y medio de distancia se ha desvanecido prácticamente en su totalidad, desde el momento en el que llegaron los expedientes ante los jueces.
En la lista de acusados apenas figuraba el nombre de ocho autoridades estatales, entre ellas integrantes de la procuraduría michoacana, así como de un ministerio público federal, adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, Lorenzo Rosales Mendoza.
Este último es el único ex servidor público a nivel federal aparentemente implicado en la operación; sin embargo, está adscrito a una localidad y en un nivel estructural bajo.
También destacan en este trabajo ministerial las acusaciones contra Julio César Godoy Toscano, quien al tomar protesta como diputado federal complicó las intenciones del gobierno federal por detenerlo.
Pese al escándalo mediático provocado por esta operación, todo ocurrió en un solo golpe dirigido hacia una sola entidad y con un gobierno perredista, partido contrario al del gobierno federal.
El exprocurador General de la República, Eduardo Medina Mora, había asegurado durante su gestión que existían investigaciones ministeriales en contra de más de 500 servidores públicos implicados en varias indagatorias, que señalaban su protección a integrantes del narcotráfico y el crimen organizado.
Esto quedó en declaraciones. Hasta el momento no se sabe de una estructura oficial a altos niveles que sea investigada por vender protección a los criminales, cuyas operaciones no se entenderían sin el apoyo de servidores públicos, como ha sucedido en otras partes del mundo como Colombia o Rusia.
Fuera de la Operación Limpieza y la conocida como el michoacanazo no hay implicaciones en una estructura de protección que implique mayores jerarquías o a personajes del gobierno federal, que tenga el poder de prevenir e investigar los delitos federales, ni que tenga la posibilidad de captar en primera instancia cuándo y de qué forma operan las estructuras criminales.
Mientras tanto, los integrantes de los cárteles -así lo señalan las cifras oficiales de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR)- siguen transportando, comerciando y traficando drogas, a partir de detenciones en las que se descubren laboratorios clandestinos, casas de seguridad o transportes que circulan a lo largo de territorio nacional.
El pasado 1 de diciembre, el Presidente Felipe Calderón aseguró que en cuatro años su gobierno ha detenido a más jefes del narcotráfico que en cualquier otra administración y que se han decomisado suficientes armas como para “armar un ejército en muchos países de América Latina”.
En un discurso de más de dos horas en el Centro Banamex, el mandatario informó que 28% de los detenidos pertenece al Cártel del Golfo y sus antiguos lugartenientes Los Zetas -ahora envueltos en una lucha intestina-, y que un 24% al Cártel del Pacífico o de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, prófugo desde 2001.
Sin embargo, en las láminas de Power Point presentadas por Calderón ante cientos de servidores públicos convocados con motivo de su cuarto año de gobierno no aparecieron cifras sobre detenidos o investigaciones contra redes de protección tejidas en torno a la delincuencia organizada.
