El procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor Quesada, negó ser dueño de las siete propiedades en Valladolid –valuadas en más de 19 millones de pesos- y del rancho Los Cardenales con plantíos de agave azul. Además, en entrevista exclusiva en el programa de Denise Maerker, el funcionario dijo que no tiene información de que la Procuraduría General de la República tenga abierta una investigación en su contra.
“Siempre he sido claro y transparente en mi patrimonio”, dijo Alor Quesada, quien además aclaró que sólo es dueño de una residencia, en la cual vive su familia y que el rancho es de sus suegros, con 30 hectáreas de agave. “Ha sido esfuerzo de mi suegro, no es de mi propiedad, la conoce todo el mundo.”
Sobre la investigación que realizó la revista Luces del Siglo y que además fue publicada en Animal Político, el procurador dijo que él nunca ha impedido ninguna investigación, “es un trabajo periodístico que yo debo respetar.”
Alor Quesada también dijo que no es propietario de las casas en Valladolid, Yucatán. “Hemos hecho inversión, no soy propietario de estas casas, están a nombre de mi esposa, están a su nombre porque yo tengo cargos públicos de alto riesgo y el día de mañana uno no sabe qué pueda pasar.”
La administración de Francisco Alor Quesada al frente del ayuntamiento de Benito Juárez (2005-2008) fue una cadena de hechos presumiblemente delictivos que ahora salen a la luz gracias a una investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue en su contra por el “probable desvío de recursos públicos”.
Las investigaciones de la PGR presumen que podría haber un desvío de recursos públicos cuya cantidad oscilaría entre 56 y 202 millones de pesos, cantidad que pudo haber sido utilizada para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de su esposa y familiares en el municipio de Valladolid, Yucatán.
El expresidente municipal de Benito Juárez y actual procurador de Justicia del estado de Quintana Roo está acusado de haber torcido leyes para vender parques públicos y alterar la sobredensificación urbana de Cancún; amasar una misteriosa fortuna que lo clasifica como el nuevo rico del sexenio; y evadir una sentencia federal aún fresca que lo juzgó como delincuente electoral.
Alor Quesada, de tener un modesto patrimonio familiar, pasó a tener uno que incluye casas, locales comerciales, residencia con alberca, canchas de futbol y de tenis, un rancho con cultivos de agave azul y varios vehículos, cuyo valor global se acerca a los 50 millones de pesos.
Entre julio y septiembre de 2005 fue cuando de un jalón adquirieron siete propiedades en la ciudad de Valladolid, Yucatán, por las cuales pagaron 19 millones de pesos.
El antecedente
Francisco Alor llamó la atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda desde finales del año 2007, en el tramo final de su gestión como alcalde de Cancún, cuando una serie de movimientos financieros en sus ingresos motivaron que la unidad de inteligencia financiera de la dependencia elaborara un informe que tiempo después quedó “archivado”.
La información fue retomada hace unos meses por la PGR debido a que se presume un desvío de recursos públicos cuya cantidad oscilaría entre 56 y 202 millones de pesos, cantidad que, según las investigaciones, pudo haber sido utilizada para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de su esposa y familiares en el municipio de Valladolid, Yucatán.
De acuerdo con tres diferentes fuentes de la PGR consultadas en la Ciudad de México, el hoy procurador de justicia de Quintana Roo ha sido involucrado en diferentes investigaciones penales donde aún está por determinarse si incurrió en posibles actos ilegales, uno de los cuales, el desvío de recursos públicos, tendría mayor soporte jurídico en virtud del crecimiento de su patrimonio como funcionario de gobierno.
Documentos del Registro Público de la Propiedad de Cancún quedaron como huellas de la manera en cómo el procurador del estado adquirió bienes inmuebles que con dificultad pudo haberse hecho con su sueldo de alcalde del municipio de Benito Juárez (Luces del Siglo 366).
En una parte del reporte que las autoridades federales elaboraron se lee: “Alor adquirió tres propiedades en Valladolid, Yucatán, valuadas en aproximadamente seis millones de pesos. Dos predios están en el centro urbano de Valladolid, y el tercero es un rancho colindante con un domicilio a nombre de su esposa, Rubí Peniche, en el fraccionamiento Residencial Campestre del Pedregal, también en territorio vallisoletano, así como dos departamentos en el desarrollo Bay View Grand, cuatro terrenos en la supermanzana 17 y una vivienda en la Calle Beta, todo con valor de 2 millones 360 mil pesos, cuando el Procurador antes sólo tenía una vivienda en Avenida del Sol; invirtió un millón 840 mil pesos en la compra de un local comercial en la exclusiva Plaza Nichupté, mientras su cónyuge, Rubí Peniche, adquirió el lote 17 de la calle Punta de Piedra, por 750 mil pesos; compró el lote 18 de la calle Piedra de la manzana 4, supermanzana 17, a un precio de 620 mil pesos”.
El sigilo sobre las investigaciones que la dependencia federal lleva a cabo en Quintana Roo ha derivado en que toda la información haya sido catalogada como “confidencial” hasta que no se resuelva jurídicamente cuál será la decisión del ministerio público de la federación, confió una de las fuentes que está al tanto de las indagatorias.
El escenario de violencia que permea en el país debido a la disputa entre las diferentes organizaciones del narcotráfico por ciudades y regiones en el centro y norte de la República, es el contexto que rodea otras investigaciones con derivaciones en Cancún donde el procurador no es ajeno a lo que ocurre en el terreno.
