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Jueces de Chihuahua, entre <i>castigo</i> político y amenazas del narco
Jueces de Chihuahua, entre <i>castigo</i> político y amenazas del narco
9 minutos de lectura
Jueces de Chihuahua, entre <i>castigo</i> político y amenazas del narco
12 de enero, 2011
Por: Jesús Castillo García
@WikiRamos 
Foto: Cuartoscuro.

Chihuahua, Chihuahua.- Además de las constantes amenazas por parte del crimen organizado en contra de los encargados de administrar justicia en Chihuahua  -lo que ha obligado a varios de ellos a solicitar protección policiaca-, ahora los jueces orales de esta entidad enfrentan un “linchamiento político y mediático” a raíz de que el gobernador César Duarte Jáquez anunció que metería a la cárcel a los tres jueces que a mediados del año pasado dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien presuntamente asesinó a la activista Marisela Escobedo frente a las puertas del Palacio de Gobierno.

En aras de salvar su imagen y justificar los errores de su fiscal, el gobernador  chihuahuense “sacrificó” a los jueces Nezahualcoyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, quienes desde el 17 de diciembre pasado son sujetos a dos procedimientos: uno a nivel interno de tipo administrativo, y el juicio político que inició el Congreso Local para desaforarlos y eventualmente someterlos a un proceso penal.

Además de exhibir las deficiencias del nuevo sistema acusatorio que se implementó en Chihuahua desde el 2007 a manera de prueba, el caso de Marisela Escobedo también puso a prueba la fortaleza y autonomía del Poder Judicial del estado, encabezado actualmente por el magistrado Javier Ramírez Benítez , quien asegura que los jueces pueden sentirse apoyados por el Supremo Tribunal de Justicia, pero baja la cabeza cuando se le cuestiona sobre las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo y la inusitada celeridad del pleno en acatar la solicitud de separación del cargo de los tres jueces a raíz del asesinato de Marisela Escobedo.

Primer riesgo: el narcotráfico

Es el propio presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez, quien admite que el tema del narco influye de manera importante en la impartición de justicia de la entidad, mayormente en Ciudad Juárez.

“Es una cuestión muy importante por la razón de que cuatro de cada diez asuntos tienen injerencia de esas cuestiones, ya sea por la droga, por la transportación de armas o portación de las mismas, y luego pues en esa situación los jueces de primera instancia reciben las primeras diligencias y luego se declaran incompetentes, pero sí tenemos bastante mezcla de los delitos federales con los del orden común”, dijo en entrevista con Animal Político.

A decir del magistrado presidente, es en Ciudad Juárez donde los jueces son objeto de amenazas vía telefónica por parte de presuntos cárteles del narcotráfico, pero afortunadamente ninguna ha sido cumplida.

“Cuando ocurre eso se da parte a la Fiscalía General (antes Procuraduría de Justicia), se investiga y cuando se ve que es una amenaza más o menos fundada, se le pone vigilancia a ese juez y luego ya como que se va diluyendo y entonces ya se le suspende la vigilancia. Los jueces de Ciudad Juárez han sido los más apremiados en ese sentido, ellos han recibido amenazas y han actuado con gran valentía, pues ninguno ha renunciado ni pedido licencia por esa situación”, explica.

Entrevistados al respecto, algunos jueces penales expresan su temor de que los narcotraficantes cumplan sus amenazas. Ellos aseguran que no han dejado en libertad a ningún sicario, pero entre abogados y reporteros de la fuente judicial se menciona que se han dado varios casos en los que, tanto el Ministerio Público como el Juez, han favorecido a gente presuntamente ligada a la delincuencia organizada.

Tan solo la semana pasada, la Fiscalía General del estado emitió el comunicado 01/03 en el que expresó su inconformidad por la actuación de los jueces Aram Delgado García, Carlos Martínez García y Juan Javier Cornejo Páez (quienes ocuparon el lugar de los tres que fueron suspendidos por el caso Marisela Escobedo), al dejar en libertad a Rodolfo Sierra Archuleta, El 31, Sergio Daniel Martínez Segura, El 32 y Pedro Martínez Gordillo, El Medio, acusados de homicidio y presuntos integrantes de un grupo delictivo.

No obstante lo anterior, el presidente del STJ dice tajante: “Aquí con nosotros, cuanta persona ha llegado por ese tipo de delitos está recluida”.

El temor de los jueces no es infundado. De acuerdo con datos oficiales, de 2008 a 2010 fueron ejecutados 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados.

El otro riesgo: la politización de los expedientes

Para algunos abogados chihuahuenses, más que jurídicamente, el caso de Sergio Rafael Barraza Bocanegra se ha conducido con base en cuestiones políticas y presiones sociales.

Cabe recordar que a finales del 2008, la señora Marisela Escobedo denunció la desaparición de su hija, Rubí Marisol, de 16 años, quien vivía en unión libre con Sergio Barraza y con quien tenía una hija, en Ciudad Juárez. Escobedo encontró a su nieta en casa de la familia de Sergio, y al preguntar por su hija le dijeron que se había ido de la casa.

Desde entonces, la señora Escobedo inició una serie de movilizaciones para exigir a la Procuraduría de Justicia la localización de su hija y posteriormente la detención de Sergio Barraza, pues éste comentó a familiares y amigos que la había matado.

Luego de ser detenido a mediados del 2009, Sergio Barraza se reservó su derecho a declarar, y en virtud de que sólo se encontraron algunos huesos de la joven en un tiradero, no se pudo acreditar la causa de muerte de Rubí Marisol, razón por la cual tres jueces orales determinaron dejar en libertad al detenido.

Como consecuencia de la presión social que ejerció la madre de la desaparecida, y el enojo del entonces gobernador José Reyes Baeza, un tribunal de casación (antes llamado de apelación) revocó la sentencia absolutoria y lo condenó “en ausencia”, a 50 años de prisión, pero ya para entonces Sergio Rafael había huido.

Lo que más indignó a la opinión pública fue que,  al término de la audiencia en la que habían dictado la sentencia absolutoria, Sergio Barraza le pidió perdón a la madre de Rubí “por el gran daño que le he causado”, lo que fue interpretado por los presentes como una confesión.

Aunque aclara que no está defendiendo a sus compañeros, el Juez Mario Alberto de la Rosa Fierro (único que aceptó una entrevista grabada), considera que hay una inadecuada percepción de lo que ocurrió en ese juicio.

“El nuevo Sistema de Justicia privilegia la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de demostrar los extremos de la acusación, es decir, demostrar tanto la existencia de un delito como la plena culpabilidad de una persona en su comisión. Los argumentos principales que se han manejado en los medios de comunicación son en el sentido de que los jueces emitieron una sentencia absolutoria de una persona confesa. Considero inadecuado que se maneje a la confesión como uno de los principales argumentos para poder determinar alguna responsabilidad en contra de los jueces.

“La confesión, en el sistema mixto mexicano -que es el sistema tradicional-, ni en el nuevo sistema, ya no es la reina de las pruebas.  A la confesión se le otorgaba mucha preponderancia en sistemas de corte inquisitivo, en los cuales incluso se accedía a la violación de derechos fundamentales de las personas para tratar de lograr una sentencia condenatoria”, apuntó.

Todos somos culpables: Javier Ramírez Benitez

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez, concedió una entrevista exclusiva para Animal Político sobre el caso Marisela Escobedo, y la influencia que tiene éste en la continuidad de los juicios orales en esa entidad.

Tímido, titubeante, temeroso de meterse en problemas con sus respuestas, Ramírez Benítez admite que en el caso de la muerte de Rubí y su madre, Marisela Escobedo, todos tienen una parte de culpa:

“Ahí hubo falta de coordinación tanto de las policías municipales, de los Ministerios Públicos que conocieron en un principio ese asunto, del MP que estuvo en el proceso en el juicio oral, de los jueces que dictaron su fallo absolutorio basándose en que no había una prueba directa que estableciera que esa persona era la responsable de la comisión de ese ilícito (…) en ese asunto todos participamos para que no concluyera de manera adecuada”, dijo.

A decir del juez, desde el principio se tuvieron dificultades para demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza: “Las pruebas casi se metieron ´con calzador´ porque fue la señora la que estuvo forzando al Ministerio Público a que desahogara pruebas.  Y es que no había de dónde tomarlas”, afirma el jurista.

– Pero Sergio Barraza ya le había confesado su crimen a su padre y a un amigo- se le inquiere.

– No. Propiamente no es una confesión, porque ahora con las nuevas reglas del sistema de justicia penal, para que una declaración pueda ser considerada como una confesión tiene que ser grabada y tiene que estar asistido por su defensor. Y eso se le tiene que presentar al juez, si no hay esa formalidad, por más que la persona haya reconocido que haya matado a quien sea, no tiene el valor de la confesión- ataja Ramírez Benítez.

Enseguida, el titular del Poder Judicial de Chihuahua explica así el hecho de que tres jueces hayan declarado inocente a Sergio Barraza, y que posteriormente tres magistrados lo hayan sentenciado a 50 años de prisión:

“El juez tiene su juicio de valor, y él revisa el expediente y para él en ese momento las pruebas que a él le presentaron y que él hizo su juicio de valor dice ´bueno pues es que es sentencia absolutoria´. Luego, por nuestro sistema jurídico, pues hay oportunidad de que una autoridad superior revise lo que consideraron los jueces de primera instancia y los magistrados consideraron que no se habían valorado las pruebas adecuadamente en base a los agravios que hace valer el Ministerio Público”.

– ¿O sea que aplicaron un criterio diferente los jueces y los magistrados? – cuestiona el reportero.

– Sí, sí, es que para los jueces las pruebas que les presentaron fueron insuficientes para una responsabilidad, pero para los magistrados, en vista de los agravios que hizo valer el MP, consideraron que con el cúmulo de las pruebas, enlazadas, entrelazadas, se forman indicios que nos permiten llegar a la conclusión de que él era el responsable- contesta.

Y a pesar de que en Chihuahua es un secreto a voces que el gobernador es quien manda en los tres poderes, el titular del STJ  rechaza que la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces atente contra la autonomía del Poder Judicial.

“Yo no veo por qué, es un procedimiento que abre el Poder Legislativo, no veo cuál sea la intromisión, no veo ningún riesgo por ahí”, contestó.

El silencio del fiscal

Quien ha guardado silencio absoluto después del asesinato de Marisela Escobedo es el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, un exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR) que tiene como mayor mérito haber sido quien encarceló a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, hace más de 20 años.

Durante dos días se buscó una entrevista con él sin obtener respuesta “por cuestiones de agenda”. Y es que, este funcionario es en quien recae la mayor responsabilidad del caso, pues ya había recibido la instrucción del gobernador de dar protección a la señora Escobedo y no lo hizo, además de que es quien está obligado a localizar y detener a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, con el fin de que purgue la condena de 50 años que le impusieron por el homicidio de Rubí Marisol Frayre, y se determine si también es responsable del asesinato de Marisela Escobedo.

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