Dice Maquiavelo: “Si algunos enemigos se pasan a las filas propias resultarán muy útiles si son fieles, porque las filas adversarias se debilitan más con la pérdida de los desertores que con los muertos”. Este apotegma se cristalizó en Los Pinos. Algunos de los investigadores que increparon a Felipe Calderón por la falta de información en la guerra contra el narcotráfico fueron llamados a trabajar en la base de datos sobre ejecuciones en México que, tiempo después, la Presidencia hizo pública.
La mañana del 3 de agosto de 2010, las puertas del Casino Militar del Campo Marte se abrieron para recibir la segunda ronda de los “Diálogos por la Seguridad”, una medida para saber qué sentían los académicos y las organizaciones no gubernamentales sobre los cientos de muertos que contabilizaban los diarios. En ese momento, hace cinco meses, no había información oficial sobre esto. Los datos estadísticos estaban reservados como asunto de seguridad nacional.
Ese martes no fue de los mejores días del Presidente Calderón. Ante las protestas de sus invitados, quienes reclamaron datos concretos al combate a la delincuencia, además de apurar las medidas contra el lavado de dinero y de agilizar los programas sociales, el mandatario apretaba las mandíbulas, taladraba con la mirada, pegaba sobre la mesa, alzaba la voz para decir que no retiraría al Ejército de las calles.
“No disparan información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública también es perder credibilidad”, dijo el articulista Héctor Aguilar Camín. “La información debe estar al alcance de todos, sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, reclamó Arturo Arango. “Es equivocado pensar que los muertos son necesarios, o que lo muertos son convenientes o indispensables. Tampoco creo en la inevitabilidad de la violencia”, agregó Eduardo Guerrero.
Antes de salir de Campo Marte, Felipe Calderón reconoció errores en la comunicación oficial y prometió transparentar la información. El 19 de agosto del 2010 -16 días después de esa reunión- nombró a Alejandro Poiré como nuevo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y secretario técnico del Gabinete de Seguridad, así como vocero en materia de seguridad.
Su oficina está en Los Pinos. Y, desde ahí, convocó a Eduardo Guerrero, socio de la consultoría Lantia, un experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información, así como a Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en donde coordina y diseña encuestas de victimización, percepción ciudadana y cifra negra, a participar en la conformación de la prometida base de datos.
Además de ellos, también llamó a Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia, quien cobró notoriedad luego de hacer su propia investigación para dar con el paradero de los asesinos de su hija, así como a Luis Miguel Pando, Director del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a Jaime López Aranda, miembro del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), experto en temas de seguridad y justicia.
Pero este apotegma de Maquiavelo estuvo firme sólo unos días. Arturo Arango, se desmarcó: “Yo no meto las manos al fuego por esa base de datos. No es ciento por ciento confiable”.
Entrevistado por Animal Político, dijo no haber recibido sueldo ni reclamado financiamiento para alguna organización civil a cambio de colaborar con la Presidencia en transparentar los datos duros sobre los crímenes en la guerra contra el narcotráfico, pero “para alcanzar un mayor grado de certeza sobre el número de ejecutados las autoridades debieron acompañar esos números con las averiguaciones previas que les den sustento y el protocolo de levantamiento de los cadáveres”.
Eduardo Guerrero, otro de los participantes en la mesa de trabajo para la base de datos, aseguró que “se hizo lo que se pudo para tener una base de datos lo más confiable posible”.
Es cierto –puntualizó-que quizá no pueda ser ciento por ciento confiable pero eso es mejor que estar como antes, sin información sobre el número preciso de muertos o ejecuciones. Ahora -afirmó- hay que llegar hasta el nivel municipal con mayor precisión para saber si tal o cual decomiso de droga, está relacionado con un disparo repentino de las ejecuciones.
En la mesa de trabajo –dentro de Los Pinos- a los especialistas les hicieron firmar una cláusula de confidencialidad sobre los datos. Poiré y sus colaboradores pusieron en manos de estos representantes de organizaciones civiles y empresariales el número de ejecuciones recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República. (PGR).
De acuerdo con cinco testimonios –tres de funcionarios de Los Pinos- los números de las tres instancias de gobierno no siempre coincidían. Su trabajo entonces se avocó a tratar de revisar cómo el Gobierno de Felipe Calderón había deducido y contado las ejecuciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que llegaron a 28 mil, de acuerdo con el último corte de entonces (agosto-septiembre de 2010).
Uno de los primeros problemas a los que se enfrentaron -de acuerdo con esos mismos funcionarios- es que el Gobierno contaba sólo con alrededor del 30% de las averiguaciones previas que respaldaran las ejecuciones presuntamente vinculadas al crimen organizado contabilizadas. Es decir que en el resto, el 70%, no se pudo comprobar al cien por ciento cuáles fueron las circunstancias de su muerte.
A cuatro años de que inició el combate a la delincuencia organizada con el Ejército Mexicano en la primera trinchera, el Gobierno de Felipe Calderón mantuvo bajo llave las cifras oficiales de ejecuciones y muertos. Fue hasta agosto del 2010, en “Diálogos por la Seguridad”, que aceptó abrir sus expedientes ante las protestas de los académicos e investigadores. Sin embargo, la información no estaba ordenada para ser difundida de inmediato.
De hecho, los investigadores tardaron alrededor de dos meses en estructurar la base de datos, algunos de ellos, conscientes de que no se tenía plena certeza de que, en todos los casos, se trataba de un homicidio relacionado con el narcotráfico. Entrevistado sobre este punto, Eduardo Guerrero, admitió que faltó información para que la gente pueda saber si cuando hay un decomiso o una detención importante de narcomenudistas se dispara la violencia automáticamente. Por separado, Arturo Arango, confirmó que en el 70% de las muertes contabilizadas por el Gobierno no existieron averiguaciones previas por ello tuvieron que definir, desde el principio, la clasificación de esos homicidios.
Animal Político recibió una carta de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional en la cual se afirmó que la base de datos “es confiable en tanto se sigue una rigurosa metodología instrumentada por todas las instancias de seguridad y avalada por el grupo de expertos ciudadanos, disponible para su consulta en el propio sitio”.
Además, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional argumentó que la cláusula de confidencialidad está dentro de lo que marca la propia Ley de Seguridad Nacional así como la Ley Federal de Transparencia.
No obstante, aún cuando la Presidencia puede clasificar o reservar la información, la última instancia para conservar esos “candados” es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) y no la Presidencia de la República, de acuerdo con la misma Ley de Transparencia.
En esa misa carta -enviada luego de que Animal Político les solicitó una postura sobre la confiablidad de la base de datos- , la Presidencia dijo que no se les pagó a los expertos y que hubo cuatro reuniones para discutir el formato, la condiciones de publicación y la presentación de la base de datos.
Por separado, Animal Político solicitó una entrevista con Eduardo Gallo, otro de los participantes en la mesa de trabajo para la base de datos y, hasta la difusión de este reportaje, no hubo respuesta por parte de las oficinas de México Unido contra la Delincuencia.
Lo mismo sucedió con Sergio López Ayón y Mauricio Merino, especialistas del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), que si bien no participaron en la mesa de trabajo, sí protestaron en los “Diálogos por la Seguridad” por la falta de información sobre el avance o retroceso sobre el combate a la delincuencia organizada.
El pasado 12 de enero, en Los Pinos se hizo pública la base de datos sobre las ejecuciones presuntamente vinculadas al crimen organizado. El anuncio lo hizo Alejandro Poiré, quien en su discurso agradeció la participación de los especialistas entre los que también estuvo Cristina Lara, socia fundadora de la organización Seguridad Pública en México.
En esa base de datos, Animal Político encontró que las cifras no cuadran respecto a la capital del país. Mientras el Gobierno Federal apuntó que hubo 191 muertos en el año 2010, el Gobierno la ciudad de México sólo contabilizó 7. De ese tamaño es la diferencia.
Sobre este tema, la Presidencia de la República no respondió.
Respecto a la posibilidad de que Animal Político tuviera acceso a los números de averiguaciones previas sobre ejecuciones presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, Presidencia respondió que su base de datos “persigue fines de análisis estadísticos” y “no a los posibles efectos que éstos lleguen a provocar”.
En este sentido, especificó que el seguimiento y el resguardo de las averiguaciones previas corresponde a las procuradurías estatales” y en su caso de la PGR las cuales se encuentran en calidad de “reservadas”.
