Arizona interpondrá una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por fallar “en asegurar la frontera” y en su responsabilidad constitucional al no cumplir con la aplicación de las leyes de inmigración, según Jan Brewer, gobernadora de la entidad. Este hecho marca el inicio de una confrontación directa.
La gobernadora explicó que la demanda será interpuesta en respuesta al recurso legal presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una Corte Federal en Phoenix, en julio pasado, para frenar la polémica ley estatal antiinmigrante SB 1070.
Arizona interpondrá una contrademanda con base en cinco cargos: falla en asegurar la frontera, en aplicar las leyes de inmigración, en proteger al estado de los daños de la inmigración indocumentada, en reembolsar a la entidad los más de 763 millones que ha gastado en el encarcelamiento de reos indocumentados, y por la violación a la décima enmienda de Arizona, al fallar en la protección del bienestar de los ciudadanos del estado.
Brewer afirmó que el problema de falta de control y seguridad en la frontera con México, constituye “el problema número uno en Arizona” y que para pagar los costos que genere la presentación de la demanda, Arizona no utilizará el dinero de los contribuyentes, razón por la que creó meses atrás un fondo para recibir donativos.
La gobernadora de Arizona seguró que ese fondo ha logrado recaudar 3.8 millones de dólares en donativos, de los cuales 1.3 millones ha sido usado hasta ahora en la defensa de la SB 1070.
La “ley antiinmigrantes”
La propuesta de ley SB 1070 convierte en delito estatal en Arizona el ser indocumentado y obliga a las policías locales a cuestionar sobre el estatus migratorio a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.
Arizona promulgó la ley bajo el argumento de que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración indocumentada en esa entidad.
Como resultado de la demanda del gobierno del presidente Barack Obama contra la SB 1070, una jueza federal emitió una suspensión temporal de la aplicación de partes claves del estatuto en tanto resuelve sobre la constitucionalidad de la misma.
La orden de suspensión, que está siendo combatida por Arizona ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco, mantiene al gobierno de esta entidad atado de manos para aplicarla.
“Es vergonzoso que el Departamento de Justicia nos haya demandado (…) En lugar de proporcionarnos los recursos para combatir a los peligrosos cárteles de la droga, nos ataca. Arizona no solicitó esta pelea”, dijo Brewer.
La pelea “no la deseamos, no la iniciamos, pero ahora que estamos en ella, no descansaremos hasta que las leyes de inmigración sean cumplidas”, advirtió la gobernadora.
Con información de Notimex.
