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Caso Wallace:
Tagle se retracta y alega tortura

Por Paris Martínez
27 de febrero, 2011
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Jacobo Tagle mira perplejo a Isabel Miranda, cuando ésta toma la palabra. “Quiero que los medios de comunicación comprueben que el detenido no ha sido golpeado”, reclama la mujer. Tagle alza los brazos, para que cuatro agentes le quiten el chaleco antibalas, levanten su camisa y dejen a la vista de las cámaras el dorso desnudo del joven de 31 años, que un día antes vio concluida la persecución que durante el último lustro se cernió en su contra.

Efectivamente, no hay huellas evidentes de violencia.

Y es que “casi todas las personas detenidas, cuando están frente al juez, claman tortura”, advierte Isabel Miranda, con firmeza, mientras mira al último presunto implicado en el secuestro y asesinato de su hijo, el empresario Hugo Alberto Wallace, y quien se mantenía prófugo desde el 11 de julio de 2005, fecha en que ocurrieron los hechos.

“Jacobo, nada más te pediría que me dijeras si corroboras lo que ayer dijiste (ante el Ministerio Público) sobre la participación de todos los implicados, de Brenda Quevedo Cruz, de César Freyre Morales, de los hermanos Castillo Cruz, de Juana Hilda González Lomelí y tuya en el secuestro de mi hijo”, inquiere la madre, quien un mes antes recibiera del presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, tras erigirse en icono de  la lucha civil contra la impunidad y la delincuencia en México.

“Sigo en lo dicho”, responde Jacobo Tagle y, sólo entonces, se le conduce fuera de la sala de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entidad donde horas antes, durante la madrugada del pasado 4 de diciembre, había sido aprehendido.

Diez días después, sin embargo, y ya estando preso en el penal federal de El Rincón, Nayarit, Tagle denuncia ante un juez no sólo que su confesión inicial fue producto de la “tortura” de la policía, de forma previa a su presentación ante los medios de comunicación –tal como Isabel Miranda había previsto–, sino también que dicha confesión fue escrita por su misma acusadora, ante sus ojos, después de que el agente del Ministerio Público le cediera su lugar.

La indignación

A bordo de una camioneta negra, Isabel Miranda arriba al punto de encuentro, un restaurante ubicado a un costado del Lago de Chapultepec, acompañada por dos asistentes, quienes permanecen fuera del recinto.

Al tomar asiento, la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro elige primero mirar hacia la puerta de acceso del establecimiento, dando así la espalda al muro (como dictan las medidas de seguridad personal, en caso de temerse algún atentado, de los cuales Isabel Miranda ha sufrido al menos uno), pero al ser de vidrio este muro, con vista directa al cuerpo de agua, la mujer recapacita y cambia de lugar, para poder admirar a los patos que ahí nadan.

La mujer revisa la copia de la Declaración Preparatoria de Tagle, en la que éste se retracta de la confesión de culpabilidad rendida a principios de diciembre, y luego sonríe: “Jacobo no sólo es un secuestrador, un asesino y un mentiroso… además es un tonto. Resulta absurdo que alguien torture a una persona para obtener una confesión, cuando ya se cuenta con las pruebas en su contra”.

Mismas pruebas, aclara Miranda de Wallace, que el juez ha dado por buenas al momento de condenar al resto de sus cómplices.

“No sólo Jacobo, sino todos los implicados en el asesinato de mi hijo siempre le han apostado a decir que fueron torturados; el problema es que lo prueben. Esa es una estrategia seguida desde que los defendía la abogada Ámbar Treviño (procesada en 2010 por presunta falsificación de peritajes sobre tortura, precisamente relacionados con el caso Wallace).

Me indigna que traten de manchar mi nombre y el de mi hijo, por eso el año pasado tomé la decisión de denunciar a la abogada Treviño, porque si yo dejaba pasar eso, al rato iba a decir misa”.

Y es que, en efecto, todos los acusados de participar en el secuestro y asesinato del joven empresario han reportado, en un momento u otro, que fueron sometidos a los mismos tormentos: asfixia por sumersión, golpes en los oídos, golpes en los genitales y, en el caso de una de las implicadas, además de la tortura física también se denunció abuso sexual y violación.

La rabia

Jacobo Tagle Dobín fue capturado en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli durante la madrugada del 4 de diciembre pasado, luego de que la mujer con la que sostenía una relación sentimental descubriera su verdadera identidad y lo delatara.

Según el procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, “el viernes 3 de diciembre, a las 19:00 o 20:00 horas, ella se presentó a narrar esta situación, (por lo que) el Ministerio Público y el Grupo Táctico atendieron de manera inmediata la denuncia (y) se hizo vigilancia”.

El procurador afirma que, durante la madrugada del día siguiente, Jacobo Tagle se percató de la presencia de los agentes, por lo que salió de la vivienda que le servía de escondite y “pretendió sobornar a los policías, (quienes) no lo aceptaron y lo presentaron a las autoridades”.

Lo que ocurre en las siguientes horas es narrado por el detenido, de la siguiente forma, ante el  juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Nayarit, según la Declaración Preparatoria de la que Animal Político posee una copia: “(el indiciado manifestó) que durante su detención, en la camioneta en que lo llevaban a bordo, recibió patadas en los testículos, golpes en  los oídos, le pusieron una almohada o telas para no dejarle marcas en el cuerpo (y) también le echaban agua en la cara, con una toalla tapándole la nariz. Todo ello fueron torturas sin dejar huella”.

Luego, al llegar a las instalaciones del Ministerio Público, según el mismo documento, al indiciado “le dijeron que si no decía todo lo que ellos (los policías) le iban a decir, le iba a ir de la ‘chingada'”.

Esta confronta ministerial se prolongaría todo el día 4 de diciembre, por lo que, ante la petición de los medios de comunicación de que el detenido fuese exhibido de forma pública, el procurador mexiquense explicó en ese momento que la “declaración (de Tagle) tomará varias horas e, inclusive, se hará un traslado al lugar donde él señala que fueron depositados los restos de Hugo Wallace, lo que nos puede tomar todo el día”.

Aquel 4 de diciembre, Isabel Miranda fue avisada por las mismas autoridades acerca de la captura del Jacobo Tagle, a quien la madre, convertida en la principal investigadora del caso, había perseguido durante los últimos cinco años.

“Yo me presento al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli –narra la mujer– y cuando entreabren una puerta lo veo, veo que Jacobo Tagle está ahí… Sentí una mezcla de sentimientos: gusto, por saber que ya lo habían capturado; y también coraje, mucho coraje, e impotencia, por saber que esos ojos, los ojos de Jacobo, fueron los últimos que mi hijo pudo ver antes de morir”.

La mujer habla por lo bajo, discretamente, y fija toda su atención ahí donde posa su mirada.

“Pero lo más duro –aclara– fue constatar la frialdad con la que él platicó todo lo que le hicieron a Hugo; al pensar en todas las barbaridades que cometieron contra mi hijo, todavía más rabia siento.”

La confesión

El testimonio que Tagle rindió ante el juez federal describe los términos en los que fue levantada su confesión ante la policía, el día en que fue capturado: “En la declaración ante el (agente del) Ministerio Público, la señora Isabel Miranda retiró a éste y ella, junto con su hija, llenó la declaración”, denuncia el detenido.

Después, continúa Jacobo, al terminar Isabel Miranda de redactar el texto, “delante del procurador (Alfredo Castillo) la señora me dejó en claro que si no firmaba lo escrito en el acta, y si no me careaba con César Freyre y le decía eso en su cara, se las iba a pagar mi familia; que sabía dónde trabajaba mi hermana, cuál pesera tomaba, y que si no quería que la ‘levantaran’, tenía que declarar lo que ella me había dicho; de igual forma, que a mi madre le podía pasar algo; y que a mi hermano iba a ver la manera de refundirlo en la cárcel; o que a cualquiera de mis tíos o mi abuela les podía ocurrir algo, así como a mi pareja sentimental o a la familia de ella (…); que más valía que estuviera de acuerdo con esa declaración o me atuviera a las consecuencias”.

Como se recordará, en la confesión inicial firmada por Tagle, éste admite haber actuado en contubernio con César Freyre para secuestrar a Hugo Alberto Walace; que Juana Hilda González Lomelí fue el gancho para engañar al empresario y conducirlo al lugar donde permanecería retenido; que los hermanos Castillo Cruz ayudaron a someterlo, mientras Freyre lo golpeaba hasta causarle la muerte; y que Brenda Quevedo tomó fotografías del cadáver, simulando que Wallace seguía vivo, para intentar cobrar un rescate.

De todo ello Tagle se desdijo oficialmente ante el juez y aseguró que mediante “presión psicológica le hicieron firmar esas declaraciones, con las cuales no está de acuerdo”.

Cabe destacar que, consultado al respecto, el maestro en derecho penal Hanzel Holtzheimer aclaró que el artículo 20 Constitucional establece que “ninguna declaración que emita una persona sometida a proceso judicial tendrá validez si ésta no es rendida ante el Ministerio Público propiamente.

Por obvias razones, aquella actuación que no sea hecha ante la autoridad administrativa correspondiente, en este caso el agente del MP, carece de toda validez. El problema es que si el documento viene avalado por la firma del acusado, así como por el Secretario del MP, que es el que da fe de la legalidad del hecho, difícilmente se puede venir abajo dicha actuación.”

El especialista en derecho penal aclaró, también, que para que dicho procedimiento pudiera haberse llevado a cabo tuvieron que estar presentes no sólo Tagle, el agente del MP y su oficial Secretario, “sino también un defensor, ya sea de oficio o particular o, en su defecto, una persona de confianza nombrada por el indiciado mismo”, lo que habría impedido que, tal como Jacobo afirma, una persona no autorizada le tomara la declaración.

El perdón

Estando frente al juez, sin embargo, Tagle no sólo denunció haber sido torturado y obligado a firmar una declaración que no fue emitida libremente por él, sino también que, luego de rendir testimonio ante el Ministerio Púbico, fue conducido a distintos puntos de la ciudad “para decir que ahí fue tirado el cuerpo (de Hugo Alberto Wallace)”, instruido siempre sobre los lugares que debía señalar por la propia Isabel Miranda.

“Ella se entrevistaba antes con él, para que más o menos dijera por dónde era el lugar (previamente marcado)”, asienta el acta testimonial del acusado.

No obstante, eso también es refutado por la líder civil.

“Cuando yo anduve buscando a Hugo en el predio que Jacobo señaló como el lugar en donde lo habían arrojado, en el Barrio 18 de Xochimilco, estuvieron detrás de nosotros como 40 medios de comunicación, y todos tienen la grabación de lo que él estuvo diciendo de manera espontánea: ‘es que cuando yo vine a dejar el cuerpo de Hugo, venía con Brenda, ella se quedó en aquella calle; yo me cambié al coche de Freyre; yo me quedé aquí; entre los dos bajamos la maleta en la que traíamos el cuerpo; el cuerpo no estaba así, sino más hacia la izquierda’. Eso no nada más lo dijo ante el MP, lo dijo también ante todos los medios de comunicación, ¿quién le va a creer que fue sujeto de tortura cuando de manera espontánea, ante la prensa, confesó todo?”.

–¿Usted acompañó al MP al reconocimiento que realizó Jacobo en dichos lugares, antes del recorrido que se hizo con la prensa? –se le pregunta a Isabel Miranda.

–El día que Jacobo Tagle fue capturado, yo me presenté en el MP de Cuautitlán Izcalli y sólo lo vi de lejos. Yo permanecí toda esa noche fuera de las instalaciones judiciales, dentro de un auto. Y cuando vi que sacaron a Jacobo, me fui siguiéndolos, porque me dijeron que los iba a conducir a un lugar. Cuando llegamos y vi que se bajaron, yo me mantuve a distancia; Jacobo iba escoltado por el agente del MP y por policías. Nunca estuve cerca de él, sin embargo, en una de esas él se volteó y me identificó, ahí fue cuando se disculpó conmigo, pero yo no hablé con él para nada.

–¿Cómo se disculpó?

–”Perdón”, me dijo, “Yo no lo quería hacer”.

Isabel Miranda concluye sus palabras acompañadas con esa mirada metálica que de vez en cuando se ha posado en los patos del lago.

Antes de partir, cuatro comensales que departen a unos metros la llaman a señas y, cuando captan su atención, una de ellas eleva la voz: “Señora, la felicitamos por su labor”. Luego, al unísono, las mujeres le rinden un aplauso, discretamente, para no interrumpir las conversaciones que se desarrollan en el resto de las mesas.

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Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Cada día, en promedio, más de 500 armas cruzan ilegalmente desde EU hacia México según datos oficiales. El tráfico está detrás de la inédita ola de violencia en territorio mexicano, que ha causado la muerte a más de 200 mil personas en los últimos años.
20 de agosto, 2019
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Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo.

Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte.

El tráfico es parte de la inédita ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 10.274 homicidios y lesiones graves a 5.633 personas, casos en los que se utilizaron pistolas o fusiles de asalto.

Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según la cancillería “las víctimas de arma de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado contener este problema y por el contrario, está en crecimiento según las cifras oficiales.

Policías en México

AFP
En México las corporaciones policíacas utilizan armas estadounidenses.

En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Ahora la cifra es de 70 por cada 100.

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

“Aunado a eso está la dificultad del Estado para evitar que las armas se comercialicen ilegalmente en las grandes ciudades o centros rurales, donde se venden impunemente”.

Millones de armas

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, estiman que son más de 15 millones.

Pero recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década entraron ilegalmente a México dos millones. En este lapso las autoridades han confiscado más de 193.000 armas.

La mayoría se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22.689 armerías y establecimientos autorizados para la venta. Parte del problema empieza en esos lugares, según han documentado autoridades de ambos países.

Armas confiscadas

Gobierno de México
El gobierno de México ha confiscado más de 193.000 armas.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo.

A ellos se les conoce como “compradores paja”. En esta modalidad del tráfico deben superar una revisión de su historia judicial, que se realiza en las armerías registradas ante el gobierno federal.

Pero hay otros lugares donde no se aplica este proceso, e inclusive personas que legalmente tienen prohibido tener armas las consiguen, dicen especialistas como Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

“Compradores paja”

Es el caso de las “ferias de armas”, eventos que se realizan en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores, dice Weigend Vargas a BBC Mundo.

“Eso provoca que adquirir un arma sea relativamente fácil, que cualquier persona aunque tenga prohibido legalmente comprarla lo puede hacer sin que se le haga ningún tipo de pregunta”.

Armas confiscadas

AFP
Hay más de dos millones de armas ilegales en México, dicen autoridades.

En muchos casos, los fusiles, balas o pistolas cruzan en pocas cantidades la frontera cada vez, aunque suceden miles de operaciones similares cada año.

Pero hay otros donde las bandas reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Los vehículos cruzan las aduanas mexicanas sin problemas, dice Francisco Rivas, en parte por la corrupción de funcionarios pero también por amenazas de bandas de delincuencia organizada.

Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

En la mayoría de los casos, el origen de los cargamentos es el “tráfico hormiga”, y generalmente participan ciudadanos estadounidenses.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas y dinero.

El mapa del tráfico

¿Por dónde cruzan las armas? De acuerdo con la Secretaría de la Defensa la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y El Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Violencia México

Getty Images
El tráfico de armas desde EE.UU. explica la ola de violencia en México.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa así como Brownsville y Matamoros.

También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Otro lugar es Sonora y Arizona donde la mayor parte del tráfico es por sitios clandestinos en el desierto de Altar, así como California y Baja California.

En esta zona los envíos de armas son, en muchos casos, por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la Sedena la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas.

Pero el tráfico incluye armas de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en distintos momentos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Armas confiscadas

AFP
Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200.000 armas.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 así como subametralladoras y pistolas “de nueva generación” equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

En México a estas armas se les conoce como “matapolicías”, porque atraviesan los chalecos antibalas que portan los agentes.

Además se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

Los datos corresponden a la FGR. Las organizaciones a las que se confiscó este tipo de armas son, por ejemplo, los carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios, entre otros.

La política

Más allá de los números, el tráfico de armas es uno de los temas más complicados en la relación entre México y Estados Unidos.

El problema se agravó a partir de 2004, cuando el gobierno del entonces presidente George Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.

A partir de ese momento empezó una relación entre el incremento de homicidios y violencia en suelo mexicano, con la venta de armamento en suelo estadounidense dice el especialista Weigend Vargas.

El experto recuerda, por ejemplo, algunos estudios que mostraron un incremento en el número de homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos vecinos de Arizona y Texas.

Algo que no sucedió en ciudades fronterizas con California. La diferencia: en los primeros estados las regulaciones para comprar armamento de alto calibre son “muy permisivas”, dice el especialista.

California mantiene la prohibición de venderlo. Pero la facilidad para los estadounidenses de reunir arsenales es una parte de la historia.

Donald Trump

Getty Images
El gobierno de Donald Trump se resiste a prohibir la venta libre armas en EE.UU.

La otra es que la guerra contra y entre carteles de narcotráfico en México incrementó la demanda de armas.

A esto se suman los problemas de corrupción y la poca capacidad de las autoridades para vigilar su frontera.

“Las aduanas en México son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control”, dice Francisco Rivas.

Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas.

Pero en Estados Unidos hay resistencias aunque a partir del tiroteo en El Paso, Texas el pasado 3 de agosto regresó el tema a la discusión pública dice Weigend Vargas.

Actualmente muchos están en favor de que se prohíba de nuevo la venta libre de armas de asalto. Otros demandan revisiones más estrictas de antecedentes a los posibles compradores.

“Hay muchas conexiones allí”, insiste el especialista. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos ayudarían a bajar el tráfico hacia México“.


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