La defensa de los derechos humanos en Chiapas por parte del gobierno estatal se sostiene sobre una política de simulación, que al gobernador Juan Sabines Guerrero le rinde políticamente y le ayuda a posicionarse, sostienen activistas de la sociedad civil; ellos enumeran diversas irregularidades que se dieron en el origen y reciente creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado ante la comunidad internacional como “vanguardista” y “de avanzada”, pero que aún está por demostrar su autonomía, operatividad y legitimidad de sus integrantes.
En enero se formalizó la constitución del CEDH de Chiapas, que sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos. La diferencia entre estas dos instancias es que mientras la comisión estaba presidida por una persona, el Consejo está conformado por cinco consejeros que atienden subcomisiones temáticas con especial énfasis en los derechos de los migrantes, de las mujeres y de los indígenas, sectores que han sido piedra de toque en las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en esta entidad.
Otra novedad en el organismo es el nombramiento de sus consejeros, quienes debían ser electos por diversos métodos: uno designado por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y que hubieren presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); dos designados mediante voto directo por parte de los pueblos indígenas y por parte de los ciudadanos en general. Uno más a propuesta del Congreso local y otro por la comunidad académica de las universidades públicas en el estado.
Este Consejo, según la ley que le dio origen, fue facultado para promover políticas públicas en materia de derechos humanos, solicitar la amonestación o el inicio de procedimientos administrativos contra los servidores públicos que obstruyan el trabajo del organismo; y el poder para solicitar al Congreso la destitución, inhabilitación y juicio de procedencia contra servidores públicos que cometieran violaciones a los derechos humanos.
El CEDH nació con aparentes buenos propósitos, sin embargo ya se presentaron los primeros tropiezos que mantienen en duda la legitimidad, autonomía y operatividad con que pudieran operar los cinco consejeros.
Por ejemplo, de acuerdo a la versión de la ley aprobada el 12 de noviembre de 2010, que se encontraba en la página web del Congreso local, en sus cláusulas se estableció que para ser consejero no se debía haber ocupado un cargo público desde seis meses antes de la designación ni tener un cargo partidista.
Esta versión también estipulaba que para ser consejero se debía ser chiapaneco de nacimiento, contar con experiencia en materia de derechos humanos, tener buena reputación y ser licenciado en derecho con al menos cinco años de ejercicio profesional.
Al momento de la designación, cuatro de los cinco consejeros ocupaban cargos públicos en la administración pública estatal, dos no son licenciados en Derecho; otro no tiene un trabajo previo en materia de derechos humanos, ni cinco años litigando.
Otro es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con trayectoria como diputado local y la única consejera mujer no es chiapaneca por nacimiento, aunque tiene un reconocido trabajo en la entidad.
Dicha versión de la Ley fue borrada de la página del Congreso local y en la que se publicó en el Periódico Oficial se suprimieron dos requisitos para la elección de consejeros: el que estipulaba que no se debía haber ocupado un cargo público desde seis meses antes de la designación y el de no tener un cargo partidista.
En otro ámbito, tampoco se previó la ampliación de recursos económicos con que se sustente la operatividad de los proyectos del organismo, cuyas facultades y personal sí fueron extendidos. Su presupuesto es prácticamente el mismo que desde hace tres años: 29 millones 400 mil pesos.
Ante este panorama, los cinco consejeros que tomaron protesta el 6 de enero pasado pidieron el voto de confianza hacia su trabajo, y señalaron como sustento “el que las condiciones políticas y la buena disposición del gobernador Juan Sabines“, hacen factible el buen funcionamiento y ambiciosos proyectos de este organismo autónomo.
Se trata de Lorenzo López Méndez, quien funge como consejero presidente; Pedro Raúl López Hernández, titular de la Comisión de Atención a los Derechos de los Pueblos Indígenas; Jesús Ernesto Molina Ramos, de Comisión de Asuntos Generales de los Derechos Humanos; Mauricio Mendoza Castañeda, de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes; y Marina Patricia Jiménez Ramírez, de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género.
No te pierdas este jueves 17 la segunda parte con los perfiles de los consejeros.
