La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a cuatro exempleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que autorizaron un pago de 8.95 millones de pesos por una obra pública que no había sido ejecutada.
La dependencia también presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los cuatro involucrados, por presunto uso indebido de atribuciones y facultades, según un comunicado.
Para el proceso de revisión, investigación y sanción resultante, la dependencia federal contó con el apoyo y colaboración de los directivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En lo administrativo, la SFP destituyó e inhabilitó por 10 años para trabajar en el gobierno federal y multó con 8.95 millones de pesos al ex residente general de Carreteras Federales.
En tanto, el exdirector general del Centro SCT Oaxaca y el exsubdirector de Obras serán inhabilitados por 10 años para trabajar en el gobierno y deberán pagar una sanción económica, solidaria y mancomunada por 2.9 millones de pesos a cada uno.
La sanción para el exresidente de Obra fue la destitución, inhabilitación y sanción económica, solidaria y mancomunada por 2.9 millones de pesos.
Una auditoría del Órgano Interno de Control de SCT, dependiente de SFP, detectó que los servidores públicos sancionados falsearon reportes de trabajo finalizado, como si ya hubiera sido realizado, y autorizaron los pagos correspondientes, en noviembre y diciembre de 2006.
El daño patrimonial estimado se generó en dos tramos: el primero por 5.2 millones de pesos y el segundo por 3.7 millones de pesos. Es decir, el daño patrimonial total en ambos tramos, considerando intereses, asciende a 8.95 millones de pesos.
La obra afectada es la modernización y ampliación de dos tramos del camino Mitla-Zacatepec-Santa María Yacochi-Totontepec-Villa de Morelos, que se ubica cerca del límite entre los estados de Veracruz y Oaxaca.
La investigación de SFP detectó que a tres meses y medio de la fecha programada para terminar la obra ésta permanecía inconclusa; los trabajos de terracería y estructura de las obras de drenaje y pavimento no habían sido ejecutados.
Inicialmente se descubrió que el entonces residente general de Carreteras Federales de SCT aprobó estimaciones de obra que no había sido ejecutada y se prestó a una simulación para facilitar el pago irregular de los trabajos.
Después la SFP encontró que los otros tres servidores públicos estaban implicados: el ex director general del Centro SCT Oaxaca aprobó el pago ilegal de la obra no ejecutada; mientras el ex subdirector de Obras y el residente de Obra autorizaron indebidamente las estimaciones de obra.
Por la denuncia penal, los exempleados federales involucrados podrían hacerse acreedores a una sanción que va de seis meses a 12 años de prisión; de 100 a 300 días de multa, y destitución e inhabilitación judicial de seis meses a 12 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión públicos.
Notimex.
