El primer caso de una niña asesinada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta la fecha, sigue en la impunidad. Pero el de Brenda Paola, no es el único. Sólo en el primer año de gestión del priista fueron asesinadas 30 niñas de entre cero y 11 años de edad, a las que deben sumarse otras 27 adolescentes y jovencitas de entre 11 y 20 años.

“¿Quiénes son las niñas víctimas de asesinato en el Estado de México?”, se preguntó la Fiscalía Especial de Delitos Dolosos Cometidos contra la Mujer, instituida en esa entidad federativa, a través del informe que presentó en septiembre a la Cámara de Diputados.

“Son pequeñas recién nacidas que fueron abandonadas muertas o que murieron como consecuencia del abandono. Niñas a quienes matan sus propios padres biológicos (uno o ambos) o las parejas sentimentales de la madre; en algunos casos, familiares cercanos. Pequeñas que mueren en circunstancias excepcionales, a manos de sus padres varones, por venganza contra la madre”.

Paradójicamente, esta hipótesis oficial no explica los asesinatos de niñas que más han conmovido a la sociedad mexiquense en los últimos años, como, por ejemplo, el que ya mencionamos, el de Brenda Paola, quien a los nueve años fue violada y degollada cuando salió a comprar leche, por indicación de su madre, a unos metros de su casa, en Ixtapaluca; o los de Blanca y Ashley, las hermanas de 8 y 11 años raptadas en Jilotepec, y cuyos cuerpos fueron localizados después, con huellas de agresión sexual en un paraje cercano.

En total, según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de 2005 a 2010 en esa entidad fueron 94 los asesinatos de mujeres de hasta diez años de edad. Y las adolescentes y jóvenes de máximo 20 años que fueron víctimas de homicidio doloso sumaron, en total, 167 casos.

“En el Estado de México –afirma la abogada Ana Yeli Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo que impulsa la emisión de una alerta de género en dicha entidad–, las niñas son un sector de mucha preocupación, pues son doblemente vulneradas: como mujeres y como menores de edad. Y esto es un motivo de alerta, primero, por la creciente cifra de muertes de niñas; segundo, porque no se está haciendo nada”.

Sin rostro

A diferencia de Paulette Gebara Farah, la niña de cuatro años quien a principios de 2010 fue localizada muerta debajo de su cama, tras diez días de intensa búsqueda, y cuyo rostro se reprodujo en televisión, prensa, volantes, anuncios espectaculares y cartas cadenas en internet, en el Estado de México existen otros 22 casos de niñas asesinadas en el último lustro, cuyas caritas nadie reconoce.

Estas 22 menores de 10 años forman parte del grupo de 99 mujeres asesinadas en la entidad, de las que se ignora nombre, edad, procedencia, familiares y, obviamente, cuyo victimario nunca fue capturado.

En su gran mayoría se trata de recién nacidas, son 18 bebés cuyo cuerpo fue localizado en el territorio mexiquense antes, incluso, de que cumplieran 24 horas de vida.

Otras diez “víctimas de identidad desconocida”, como las cataloga la Procuraduría estatal, eran adolescentes de al menos 11 años o jovencitas de hasta 20, cuyos cuerpos fueron arrojados, principalmente, en la vía pública, parajes, solares baldíos, caminos de terracería, canales de aguas negras y basureros.

Los culpables

Tal como ocurre con los asesinatos de mujeres adultas, que el gobierno mexiquense atribuyó a la atribulada vida familiar de las víctimas, el incremento en los homicidios de niñas y adolescentes es explicado por la autoridad estatal como consecuencia de la violencia en el seno del hogar y, por lo tanto, para la PGJDF los asesinos son exclusivamente sus padres.

Sin embargo, las propias estadísticas de la institución contradicen esta versión: de las 922 mujeres asesinadas en la entidad durante los últimos cinco años, 28% eran menores de edad; sin embargo, la autoridad responsabilizó a la madre, al padre o al padrastro en únicamente 5% de los crímenes.

“La forma en que las autoridades mexiquenses tratan la problemática de derechos humanos, de protección a la vida, a la integridad, particularmente de mujeres y niñas, es muy preocupante –remata la abogada–. El gobierno de esa entidad concluye que el fenómeno de la violencia feminicida es producto de la violencia intrafamiliar y, razonan los funcionarios, como estos crímenes ocurren en el ámbito privado, el Estado no tiene responsabilidad. Esto lo piensan con total ignorancia sobre las atribuciones y responsabilidades del Estado, porque éste debe garantizar los derechos de las personas en su casa o fuera de ella y, aunque ese fuera el caso, las autoridades tienen más elementos para emprender acciones concretas para prevenir la violencia dentro de los hogares que en cualquier otro escenario, pero, hasta el momento, no lo han hecho.”

Aquí la primera parte del reportaje: Feminicidios en Edomex, al amparo de la incapacidad de autoridades.