“Un día en la noche estaban mi papá, mi mamá y mi tío Matute en mi casa, platicando y tomando cervezas, y mis hermanos y yo estábamos en el cuarto viendo televisión. Luego mi papá y Matute echaron a mi mamá a la cisterna y ella decía que la sacaran, que la dejaran en paz, entonces la sacaron y la llevaron al baño. Mi papá y Matute mataron a mi mamá, le pusieron una cuerda en el cuello y la colgaron”, así narra Andrés, un niño que en la actualidad tiene diez años de edad, la forma en que su madre, Nadia Alejandra, fue asesinada en el Estado de México, donde se han contabilizado al menos mil 243 homicidios dolosos contra mujeres en la última década.
Luego de matarla, continúa Andrés, según la entrevista psicológica que le fue realizada por el área de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, “Matute le puso unos putazos a mi papá y le dijo ‘güey cálmate o te voy a dar otros putazos’, entonces Matute se fue y luego mi papá se fue. Y yo fui con mis hermanos a la casa de mi vecina a pedirle unos cerillos para prender una veladora, porque mi hermano César tenía mucho miedo, y la vecina nos preguntó que dónde estaba mi mamá y le dije que estaba en mi casa, muerta”.
Violencia intrafamiliar, discriminación, omisión de las autoridades e impunidad se confabularon esa noche del 12 de febrero, 48 horas antes antes del Día del Amor del año 2004, para dejar a Nadia semiarrodillada, con el cuerpo amoratado por los golpes y pendiendo por el cuello de un cable atado a la viga que sostenía las láminas del techo.
Esa misma noche, los agentes de la Procuraduría mexiquense levantaron el cadáver y tomaron algunas fotografías. Extrañamente, ya se encontraban ahí abogados de los presuntos agresores, a los que se les permitió estar presentes durante la diligencia, a diferencia de los familiares de la víctima, quienes debieron esperar fuera, en la calle.
Los peritos no tardaron en llevarse el cuerpo de Nadia, pero se fueron sin sellar el lugar y no volvieron sino hasta 15 días después, tiempo suficiente para que la escena del crimen fuese incendiada por desconocidos y también cambiaron la chapa de acceso al predio, que es propiedad de la familia de los agresores.
El cable con el que Nadia fue estrangulada no volvió a aparecer. Se retiró la tapa de la cisterna donde fue golpeada y se colocó una nueva. Y la sangre hallada en una camisa, el lavadero y en un trozo de soga nunca fue sometida a análisis, ya que, según la Procuraduría, no había suficientes rastros.
Como prueba contra los agresores sólo quedaba, pues, el testimonio de Andrés y de su hermano menor, César, únicos testigos presenciales del asesinato. Su relato, sin embargo, fue desechado bajo el argumento de que, cuando ocurrió la muerte, los niños tenían 5 y 4 años, respectivamente, lo que el juez consideró muy poca edad para ponderar recuerdos.
Bernardo López, su padre, está prófugo desde entonces. Y su hermano Isidro, El Matute, fue exonerado en abril pasado, luego de permanecer tres años en prisión por la muerte de Nadia; era su segunda vez tras las rejas y, también, la segunda vez que evitaba una condena, ya que en 1986 había enfrentado proceso por violación, pero gracias al desvanecimiento de las pruebas volvió a las calles.
De esta forma, el caso de Nadia, emblemático en la lucha contra los feminicidios en el Estado de México, ni siquiera figura ya en las estadísticas gubernamentales sobre homicidio doloso, ya que el juez Felipe Landeros Herrera concluyó que la joven madre no fue asesinada, sino que se suicidó a causa de una depresión atribuible a su periodo menstrual, con lo cual también se explicó la presencia de sangre en distintos puntos de su casa.
Hacen visible la violencia de género
Ana Yeli Pérez es una joven de ojos azules y complexión menuda, que ejerce como abogada de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la asociación civil que, como integrante del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, solicitó a la Secretaría de Gobernación decretar la alerta de género en el Estado de México ante el creciente número de mujeres asesinadas, misma que fue rechazada bajo el argumento de que se pretendía afectar la imagen del gobernador Enrique Peña Nieto.
Ella lo refuta y hasta se lamenta: “El Sistema Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (en donde están representados todos los gobiernos estatales y las autoridades federales involucradas en la promoción de los derechos de este sector de la población) bloqueó el tema aduciendo que había una intención política detrás, pero en realidad fue el gobierno el que politizó la petición de alerta. Este asunto no se hubiera minimizado si no estuviera Peña Nieto de por medio”.
Las cifras que aporta la abogada, y que fueron proporcionadas por la propia autoridad, hablan de un escenario, al menos, preocupante. Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010 hubo 309 homicidios dolosos de mujeres en el Estado de México, sólo por debajo de los 532 casos en Chihuahua, entidad que encabeza la estadística nacional.
– Entonces, ¿por qué empezar por una alerta de género en el Estado de México si el primer lugar en cuanto a casos registrados lo ostenta Chihuahua? –se le pregunta.
– En primera –explica–, no nos importan las cifras. El feminicidio no se define por cuántas mujeres han sido asesinadas, sino por todo un ambiente de violencia contra este sector, relacionada con cuestiones de misoginia y discriminación de género, mismo que en el Estado de México se ha multiplicado aceleradamente. Hay que aclarar que este no es un problema estatal, sino nacional.
Nosotros hacemos un seguimiento que nos ha permitido detectar que, entre 2007 y 2008, hubo mil 221 asesinatos de mujeres tan sólo en 13 estados del país; estadística que pasó a mil 728 casos, entre 2009 y 2010, en las 18 entidades federativas en las que logramos ampliar nuestra presencia. Esto demuestra que el problema del feminicidio no puede focalizarse en una región geográfica por encima de otra. En Chihuahua, por ejemplo, es un fenómeno que han hecho visible las agrupaciones civiles desde hace al menos 17 años. Y, ahora, lo que debemos hacer es visibilizar las otras regiones del país en donde se presenta esta grave problemática y de las que no se tiene conciencia. Por eso se consideró urgente denunciar la situación en el Estado de México, pues ya se sabe qué es lo que pasa en el norte del país”.
Las estadísticas confirman el ritmo de aumento exponencial de los homicidios dolosos contra mujeres en el Estado de México: entre 2000 y 2004 se tomó registro de 321 mujeres o niñas asesinadas en la entidad, cifra que pasó a 922 casos entre 2005 y 2010, lo que implica un incremento de 287%.
De acuerdo con la CMDPDH, los 98 asesinatos de mujeres ocurridos durante 2005 pasaron a 138 al año siguiente; en 2007 subieron a 161; en 2008 a 176; en 2009 llegaron a 205 víctimas y sólo en el primer semestre de 2010 se contabilizaron 144 homicidios.
Y en este año, la violencia continuó. De hecho, sólo en el primer mes de 2011 se denunció el asesinato de 25 mujeres en el estado.
Viridiana González, de 22 años, fue la última víctima de enero. Testigos la vieron desplomarse en una calle de Ixtapaluca, cuando intentaba huir de los golpes que le propinaba su esposo. Cuando su cadáver fue recogido, pudieron detectarse lesiones en la cara, brazos y espalda.
Tres días antes, un dorso femenino había sido hallado en el interior de una maleta, abandonada en la carretera Atizapán-Nicolás Romero. Y el fin de semana previo, el 23 de enero, en Calixtlahuaca, una joven más fue asesinada a golpes, luego de ser violada.
“Ya puede trazarse el perfil de las víctimas en el Estado de México –añade la abogada–: en la mayoría de los casos son mujeres jóvenes, 64% de ellas tenía entre 11 y 40 años. En 254 casos (28%) se trataba de mujeres de entre 21 y 30 años. Eran jóvenes con alguna actividad en el ámbito público, en su mayoría estudiantes o empleadas.”
La situación se agrava al considerar que en 56% de los casos se ignora la identidad del atacante y, por lo tanto, se trata de crímenes que permanecen en la impunidad; mientras que, según cifras de la propia Procuraduría de Justicia mexiquense, únicamente se ha actuado en el 34% de los asesinatos, que corresponden a los perpetrados en el seno familiar.
De víctimas a acusadas
En septiembre de 2010, el procurador de justicia estatal, Alfredo Castillo, explicó la hipótesis oficial sobre la “causa” de los asesinatos de mujeres, ante la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados federal.
Como si el origen del delito se hallara en la víctima, el funcionario citó como motivos para su asesinato el que las mujeres hubieran sufrido “violencia familiar, maltrato infantil, abuso físico y sexual en la niñez; que tuvieran poca comunicación con los hijos; la falta de supervisión de sus padres; alcoholismo y drogadicción; inestabilidad personal y sentimental; ser madres solteras; tener varias parejas sexuales; tener embarazos no deseados, embarazarse siendo menores de edad o drogarse durante el embarazo; presentar problemas educativos y falta de valores; mantener relaciones interpersonales conflictivas; ser incapaces para procesar problemas interpersonales, carecer de control sobre sus emociones, sentimientos y sensaciones; tener empleos de alto riesgo; su participación en actividades delictivas o la violencia excesiva en la comisión de otros delitos.”
El funcionario puso énfasis en un punto: “Vemos que 33% de las víctimas son mujeres solteras; 23% son mujeres casadas; 15% vivían en unión libre o concubinato; y es un porcentaje, por decirlo así, representativo”, a partir de lo cual atribuyó los asesinatos a conflictos de índole familiar.
Sin embargo, señaló la abogada Ana Yeli Pérez, esta postura oficial demuestra que “en el Estado de México, tal como ocurrió en Chihuahua, la Procuraduría se ha dedicado a investigar el comportamiento sexual y social de las víctimas, si salían de noche, si usaban minifalda, si sus padres las golpeaban, si andaban con el novio… toda esa inversión en investigar la vida privada de las mujeres deberían enfocarla a indagar el paradero de sus homicidas”.
Pero las mismas estadísticas que el procurador mexiquense presentó ante diputados federales revela que, en contraste con el aumento de los asesinatos de mujeres, el número de indagatorias y condenas relacionados con estos delitos viene a la baja: en 2005 se sentenció a 29 homicidas; en 2006 y 2007 fueron 38, respectivamente; en 2008 se emitieron 26 condenas y en 2009 sólo fueron 12. Asimismo, mientras que en 2009 se abrieron 197 averiguaciones previas por estos hechos, de las cuales 78 fueron cerradas, para 2010 las indagatorias emprendidas bajaron a 113 y sólo 18 se concluyeron satisfactoriamente.
Además, explicó la abogada, existe una práctica recurrente para ocultar los casos de agresiones contra mujeres, que pudieron detectar a raíz del trabajo con un grupo de 20 víctimas de violencia intrafamiliar provenientes de Ecatepec.
“Cuando acudieron al Ministerio Público a denunciar que habían sido agredidas de alguna forma por sus cónyuges o parejas sentimentales, los agentes ministeriales se negaron a abrir una averiguación previa y las remitieron al DIF, en donde se les expide un citatorio que ellas mismas deben entregar al agresor; tenemos el caso de una mujer que ha llegado sangrando a la Procuraduría y aún así no les resulta suficiente para buscar un juicio en materia penal contra el agresor, alegan que al cabo de unos días tendrían que soltarlo por tratarse de un caso de difícil comprobación y, así, de origen las autoridades judiciales prefieren no hacer nada por la víctima. Estas mujeres se van, habiendo perdido su fe en las instituciones, y sólo regresan al Ministerio Público como víctimas de homicidio”.
Ese fue el caso de Nadia, quien poco tiempo antes de ser asesinada había denunciado ante el MP que su esposo la había privado de la libertad por una semana, dentro de un inmueble en construcción, luego de que lo descubrió sosteniendo relaciones sexuales con otra mujer. Cuando pudo escapar, la joven madre se ocultó en Puebla y meses después regresó.
Su esposo, Bernardo, se disculpó y le pidió que volviera con él. Nadia aceptó. Poco después perdió la vida.
“Las autoridades culpan a Nadia de su propia muerte –afirma Ana Yeli Pérez–, por haber regresado con el marido. Esa forma de ver la discriminación contra las mujeres, o de no verla, es lo que permite la impunidad, junto con la corrupción y la falta de capacidad de los funcionarios públicos, de la policía mexiquense y del Ministerio Público.”
Amparo federal contra deslinde federal
Aunque el gobierno del Estado de México ha insistido en que la principal causa de los asesinatos de mujeres en su territorio es la violencia intrafamiliar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos identifica dos factores más: el interés del gobierno estatal en minimizar el problema y el gran flujo migratorio que genera la presencia de rutas de ferrocarril que llevan a la frontera con Estados Unidos.
Así, la incapacidad local para enfrentar el problema, los factores que lo alimentan desde fuera del Estado de México y la preocupación social patente, motivaron a esta agrupación civil (con más de 20 años de promoción y defensa de las garantías individuales) a solicitar la intervención del gobierno federal, en los términos que dicta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.
Esta norma establece que, habiendo indicios de violencia feminicida en una entidad y preocupación social al respecto, las organizaciones civiles y los órganos autónomos de gobierno (tales como las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos) pueden solicitar la intervención de las autoridad federal, que tras verificar las denuncias debe emitir una “alerta de género”.
Esto fue lo que se hizo, pero, afirmando que se buscaba dañar al gobernador Enrique Peña Nieto, uno de los principales aspirantes a la Presidencia de la República en 2012, la solicitud fue denegada, sin dar razón alguna.
Es esta falta de explicaciones, informó Sergio Méndez Silva, representante legal de la CMDPDH, lo que les sirvió de base para solicitar, el pasado 3 de febrero, el amparo de la justicia federal, con el objetivo de que la Suprema Corte obligue al gobierno de Felipe Calderón a decretar la alerta de género en el Estado de México, así como a modificar el reglamento de la ley contra la violencia hacia las mujeres, que diluye la responsabilidad exclusiva de Los Pinos en la emisión de la alerta.
“Debemos partir del reconocimiento del problema y dejar claro que la intención de la Comisión no es política; estaríamos encantados de platicar, por el bien de las víctimas, con el gobernador del Estado de México, para convencerlo de la importancia de actuar, de que no queremos obstaculizar su carrera política, sino garantizar las seguridad, integridad y la vida de las mujeres mexiquenses y del resto del país”, concluyó Méndez Silva.
Cabe destacar que Animal Político solicitó una entrevista a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, para conocer su interpretación de las estadísticas delictivas relacionadas con los asesinatos de mujeres en la entidad, sin que se obtuviera respuesta favorable.
