Los gastos en Michoacánpor pensiones a víctimas
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Los gastos en Michoacán
por pensiones a víctimas

Por Alicia Martínez Rangel
1 de febrero, 2011
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Casi 10 millones de pesos le ha costado al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Leonel Godoy Rangel el apoyo a las familias y víctimas de los actos terroristas que se han registrado en la entidad a partir del 15 de septiembre del 2008, fecha en la que presuntos integrantes de los zetas arrojaron tres granadas de fragmentación en el centro histórico de Morelia.

Hasta la fecha, se han aprobado 31 pensiones vitalicias y temporales a las víctimas de atentados, fuegos cruzados entre autoridades y criminales o entre grupos delictivos, derivado de la creación de una Ley de víctimas de de terrorismo, la cual se busca reformar a poco más de un año de haber sido aprobada, en aras, señala el presidente de las comisiones legislativas de Seguridad Pública y de Atención a víctimas de atentados, el priista Juan Carlos Campos Ponce, de cerrar las puertas de este beneficio a familiares de personas involucradas en el crimen organizado.

Tras el primer ataque narcoterrorista que sufrió la población civil en México el 15 de septiembre del 2008 en el centro histórico de Morelia, el congreso local se vio obligado a legislar al respecto sin imaginar la creciente ola de violencia en el país derivada de la guerra contra el narcotráfico, podría llevar a una serie interminable de solicitudes.

Después de reformar el  artículo 44 de la constitución de la entidad y su respectiva Ley Reglamentaria, el 29 de abril del 2010 se aprobaron 22 pensiones, cuatro de carácter vitalicio y 18 temporales que van desde los tres mil a los 13 mil pesos mensuales, dependiendo de las lesiones y consecuencias físicas de las mismas o, si perdieron algún familiar del que se dependía.

Los montos otorgados se establecen caso por caso considerando las afectaciones físicas y los ingresos mensuales que se tenían previa al suceso, señaló el diputado Campos Ponce, “no es lo mismo alguien ganaba 8 mil a alguien que ganaba 20 mil pesos mensuales”, dijo.

En comparación, la legislación española ha fijado montos específicos que el estado ha de otorgar a las víctimas de actos terroristas que van desde 500 euros, poco más de 8 mil pesos, en caso de fallecimiento; 750 euros, poco más de 12 mil pesos, por gran invalidez, 300, 200 y 125 euros por incapacidad absoluta, total y parcial respectivamente, es decir entre 4 mil 800, 3 mil 200 y 2 mil pesos de acuerdo a la incapacidad y finalmente cien euros, mil 600 pesos aproximadamente, a quien resulte con lesiones no invalidantes; estos montos son adicionales a las indemnizaciones que tienen que pagar los autores de los ataques.

En tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que valoran en un millón de dólares una vida humana en casos de terrorismo o genocidio.

La comisión especial de atención a víctimas de terrorismo presentará en próximos días, una iniciativa de reforma mediante al cual se elimine la posibilidad de indemnizar a personas afectadas por desastres naturales, lo cual es contemplado actualmente en la ley; a funcionarios públicos, toda vez que estos cuentan con seguros particulares y/o bonos de riesgo, tal es el caso del entonces subsecretario de seguridad, José Manuel Revueltas, asesinado el 2 de septiembre del año pasado en la capital del estado.

Asimismo, se busca evitar que presuntos integrantes de bandas delincuenciales se beneficien, por lo que se propondrá que sea el gobierno del estado, apoyado en las instancias procuradoras de justicia, quienes lleven a cabo el análisis de las solicitudes, siendo el legislativo sólo un validador de las mismas.

Según lo establecido en el artículo 44 en su fracción 17 bis de la constitución michoacana, se define ataque terrorista como toda aquella  acción de violencia ejecutada en las personas o en las cosas, mediante: la utilización de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o incendio o inundación o cualquier otro medio violento, tendiente a producir en la población o sector de ella, el terror para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la misma para que tome una determinación y; como desastre natural, toda alteración intensa del medio ambiente causada por un suceso natural como sismo, erupción volcánica, alud, maremoto, deslave, tornado e incendio forestal, que provoque como consecuencia directa daños físicos en las personas.

Hasta el momento el Congreso de Michoacán ha dado entrada a la solicitud de un habitante del municipio de Angangueo, afectado por los deslaves e inundaciones del año pasado, pero también, asegura el diputado Campos Ponce,  se han presentado solicitudes por parte de familiares de personas relacionadas con el narcotráfico, es decir, que sus cuerpos fueron hallados junto a mensajes del crimen organizado.

Lo entregado al 20 de enero de 2011

El gobierno del estado ha destinado, desde el 15 de septiembre de 2008 y hasta el 20 de enero de 2011,  9 millones 573 mil 148 pesos por hospitalización, medicamentos, gastos funerarios, hospedaje, alimentación, pasajes, tarjetas telefónicas, apoyos en efectivo, pensiones y becas a las víctimas de diversos ataques terroristas.

Por el ataque perpetrado el 15 de septiembre del 2008, se ha pagado por concepto de hospitalización y medicamentos en institutos públicos del estado, 1millón 29mil 38 pesos; en hospitales privados se pagaron 168 mil 500 pesos; los gastos funerarios ascendieron a 111 mil 408.78 pesos,  mientras que por hospedaje, alimentación y pasajes a los familiares de los heridos se pagaron 495 mil 451 pesos.

En los primeros 30 días después del atentado, las autoridades pagaron por concepto de tarjetas telefónicas 20 mil 360 pesos; el monto que se ha entregado por concepto de becas a los huérfanos de las víctimas es de 334 mil 200 pesos.

Se han entregado apoyos económicos, como manutención para quienes no reciben pensiones y aún no están en condiciones de laborar, estos hacen un total de 924 mil 436 pesos; de igual forma, se han entregado  en pensiones, por acuerdo administrativo del gobernador y las ya autorizadas por el congreso local, 3 millones 609 mil 77 pesos.

El señor Martín Rangel Pérez, quien resultó lesionado por los ataques con granadas en el hotel Villas del Sol de Morelia, el 9 de diciembre del 2009, recibió 17 mil 700 pesos como apoyo económico en lo que se  reincorporó laboralmente, además se pagaron 4 mil 500 pesos por concepto de hospitalización y medicamentos.

La familia Guillén Méndez, resultó afectada por el ataque con granadas a las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana el 15 de diciembre del 2009, hecho en el que la menor Anahí Guillen falleció tras varios días de hospitalización, los gastos funerarios tuvieron un costo de 9 mil pesos, en tanto los gastos de transporte y alimentación para llevar a su hijo recién nacido a recibir atención médica a la ciudad de Guadalajara fueron de 6 mil 200 pesos; de diciembre de 2009 a mayo de 2010 recibieron una pensión de 8 mil pesos mensuales, en tanto la pensión aprobada por el congreso local es de 6 mil 536 pesos con 40 centavos, la cual empezó a recibirse a partir del mes de junio del año pasado.

Se han destinado 2 millones 526 mil 837 pesos en apoyos a las víctimas del atentado contra la exsecretaria de Seguridad Pública del estado, Minerva Bautista, el pasado 24 de abril del 2010; por concepto de hospitalización y medicamentos se gastaron 2 millones 432 mil 338 pesos, 36 mil 500 en gastos funerarios y, 58 mil pesos en apoyos económicos para manutención de las familias afectadas.

Finalmente, el apoyo brindado a  las familias de los 20 michoacanos desaparecidos y asesinados en el estado de Guerrero, en septiembre de 2010,  asciende a 190 mil pesos, destinándose 90 mil de estos a los gastos funerarios de los 18 cuerpos encontrados.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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