Ni con aumento presupuestal mejoran las cárceles
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Ni con aumento presupuestal mejoran las cárceles

Por Francisco Nieto
21 de febrero, 2011
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La lucha del Presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública y justicia no ha alcanzando los resultados esperados, de acuerdo con las últimas estadísticas elaboradas por la Cámara de Diputados, relacionadas con el sistema penitenciario del país, el procedimiento de las sentencias y los programas de readaptación social de los convictos.

De 2007 a la fecha el gobierno federal emprendió, para enfrentar esta problemática, una inusitada inversión presupuestaria en el rubro de prisiones, el cual pasó de 2.8 mil millones a más de 10 mil millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, ya erogados esos recursos, que en términos nominales se multiplicaron más de cuatro veces, persiste una crisis penitenciaria profunda que nada ha ayudado a resolver el problema de inseguridad.

La investigación, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, sostiene que las reformas constitucionales al sistema penitenciario hechas en 2008 a petición del Ejecutivo Federal, no han contribuido a mejorar las prisiones, pues continúa un alto índice de  saturación de la población recluida, una mala y tardía aplicación de la ley, y los programas que buscan la reinserción de los reos a la sociedad siguen siendo ineficaces

“Desde diferentes perspectivas académicas y de investigación se ha documentado que el sistema penitenciario de México está inmerso en una severa crisis. Por una parte, no existen evidencias sólidas para sostener que la reclusión constituye a reintegrar a los acusados a la sociedad o desminuir la delincuencia. Por el contrario, existen múltiples evidencias que ilustran que las cárceles castigan más a los pobres y delincuentes menores; que al interior de los penales existe una gran corrupción y que predominan condiciones de saturación y hacinamiento en la gran mayoría de ellos”, sentencia el documento.

Esta situación provoca, entre otras cosas, que se estrechen lazos entre internos de alta peligrosidad, lo que provoca la persistencia de prácticas delictivas. Asimismo, se presentan fenómenos de autogobierno y hechos delictivos que, desde el interior de las cárceles, afectan a la población civil.

Según la información sustraída del documento “Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias”, en México existe una tasa de 207 prisioneros por cada 100 mil habitantes. Esta cifra ubica a nuestro país entre las naciones con mayor población penitenciaria en el mundo.

La sobrepoblación, continúa el estudio, tiene como consecuencia otro problema, como es la inadecuada clasificación de los reos, ya que no están separados en función de su peligrosidad, del tipo de delito que cometieron y del estatus legal en el que se encuentran. A la fecha, están en prisión 25 por ciento más de las personas que estaban internas en 2003.

“Entre 1997 y 2001 dicha saturación fue, en promedio, de 24 por ciento; en tanto, para los años 2002 a 2010 el promedio de saturación tuvo un registro de 28 por ciento… Hasta marzo de 2010 la Secretaría de Seguridad Pública reportó que el sistema penitenciario  del país tenía una capacidad para 172 mil 322 internos; sin embargo, se encontraban recluidas 229 mil 426 personas”, muestra la investigación.

Los reclusorios federales con mayor sobrepoblación son los que se ubican en el Distrito Federal y Nayarit. En el primer caso, hay tras la rejas 42 mil 292 personas, cuando su capacidad es de19 mil reos.

En el caso de Nayarit, la infraestructura penitenciaria tiene la capacidad de recluir a mil 320 personas, pero actualmente tiene 2 mil 604 personas, es decir, presenta una sobrepoblación del 97 por ciento de su capacidad.

En un segundo nivel de saturación se encuentran otras seis entidades, en las cuales existen tasas de sobrepoblación de entre 46 y 88 por ciento. Se trata de Sonora, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla y Chiapas.

Reos a la espera de una condena

Un fenómeno que incide directamente en la saturación de los penales es la persistencia de procesos excesivamente largos para la aplicación de la condena. Es decir, a las personas que fueron acusadas de un delito se les aplicó la prisión preventiva y siguen en espera de una sentencia, y aunque la reforma promulgada en junio de 2008 estableció las modalidades para las cuales procede la aplicación de este recurso, la prisión preventiva es una constante.

Esta situación es una práctica frecuente tanto en el fuero común como en el federal. Y en esa lógica el documento legislativo constata que desde 1994, de cada diez personas recluidas, cuatro se encuentran esperando sentencia.

Para el caso de los internos del fuero federal, la población en calidad de “procesados” se encuentra en un rango de entre el 32 y 34 por ciento; en cambio, para los internos del fuero común, este rango se ubica entre el 47 y 49 por ciento.

Otro elemento que contribuye al hacinamiento, especialmente en el fuero común, es el encarcelamiento de personas que cometieron delitos menores, que son primo-delincuentes y que podrían pagar su sentencia de otra manera: con trabajo a favor de la comunidad o con penas sustitutivas de prisión.

“En 2008 fueron sentenciados con prisión 115 mil 227 delincuentes del fuero común en las 32 entidades federativas, de los cuales 81 por ciento (93 mil 720) tienen una condena menor a los cinco años. De este universo más de la mitad cometieron delitos de robo o daño en las cosas”, ejemplifica el estudio.

En ese sentido, la población más vulnerable a ser recluida es la que no cuenta con suficientes recursos económicos y que está imposibilitada a llevar desde el inicio de su proceso una adecuada defensa. Se trata de una tendencia que no ha sido erradicada en nuestro país.

De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 2002, 2005 y 2009, en los penales del Distrito Federal, Morelos y Estado de México (entidades que abarcan 27 por ciento  de los internos del fuero común), la prisión y las condenas recaen principalmente en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos.

Marcelo Bergman, uno de los autores de este estudio, afirma lo que ya es conocido: quienes terminan en la cárcel no son por lo general los delincuentes más peligrosos y sofisticados, sino mayoritariamente quienes no contaron con recursos para corromper a las autoridades o montar una defensa adecuada, lo que corrobora que la gran mayoría de la población carcelaria tiene condenas cortas por robos simples.

Esta misma tendencia se observa al analizar los casos de los sentenciados por delitos contra la salud: 8 por ciento de los internos a quienes se aplicó la encuesta estaba cumpliendo ya su sentencia, y el valor promedio que obtuvieron por la comercialización de las substancias fue de mil 168 pesos. Sólo en 10 por ciento de los casos los montos excedieron tres mil 900 pesos.

Lo que indica, a decir de Bergman, que la gran mayoría de quienes cumplen una sentencia por delitos contra la salud purgan sentencias por tráfico de drogas de muy baja cuantía y que lo que abunda en las prisiones no son los traficantes de mayor envergadura, sino los comerciantes en pequeño, o probablemente consumidores que fueron detenidos con cantidades que apenas superaban las toleradas para el consumo personal.

Regresando al documento elaborado en San Lázaro, todos estos escenarios impiden que se ejecuten a plenitud las reformas constitucionales de 2008, y ni el incremento de los presupuestos podrá revertir esta situación si no hay una transformación en los procesos de los internos por delitos menores. La población que está interna a causa de delitos menores genera un alto costo social y económico para el sistema penitenciario de México.

“En 2010 se estima que el mantenimiento de las personas sentenciadas en el país por delitos menores ascendió a 5 mil millones de pesos”, concluye el documento de trabajo.

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Felimar Luque

De vender arepas en un mercado a luchar como médica contra la COVID-19

Felimar Luque temía no volver a trabajar como médica tras emigrar de Venezuela. Pero la falta de personal sanitario que sufren países de la región como Perú ha hecho que vuelva a ejercer.
Felimar Luque
5 de agosto, 2020
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Preparando arepas en la habitación que compartía junto a su hermana en Lima, Felimar Luque temía no volver a ponerse nunca más la bata de médica que se tuvo que quitar cuando salió de Venezuela en busca de un futuro mejor.

Hoy, tras un año en el que vendió arepas en un mercado y medicamentos en una farmacia, vuelve a ejercer la medicina en un hospital. Una oportunidad que ansió durante meses y que no le llegó hasta que ocurrió una tragedia: la pandemia de COVID-19.

“La esperanza era bastante lejana por el tema económico”, cuenta esta ginecóloga de 34 años, a quien se le hacía imposible asumir el costo de homologar su título cuando llegó a Perú el año pasado.

Ahora, ante la falta de profesionales de la salud para atender de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional, Luque ha sido contratada para trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el complejo hospitalario más importante de la seguridad social peruana.

Allí, se encarga de evaluar cómo evolucionan cerca de 200 afectados por COVID-19.

Perú ha decidido permitir durante la pandemia la contratación de médicos extranjeros, incluso aquellos que aún no hayan terminado de realizar sus trámites para colegiarse. Es una medida que también han tomado países como Chile, México y España.

Luque ha sido una de las beneficiadas. Como a muchos de los 900,000 venezolanos que emigraron al país andino en los últimos años, a ella, le había tocado empezar desde cero en su nuevo destino.

Es decir: dejar atrás 11 años de estudios universitarios y cuatro de experiencia laboral, para, en cambio, comenzar los días levantándose a las cinco de la mañana para amasar agua y harina P.A.N.

“Despertábamos para hacer las arepas y que estuvieran calientes al momento de venderlas”, recuerda.

Harina P.A.N.

Getty Images
Felimar Duque se despertaba todos los días a las 5am para amasar la harina P.A.N.

“Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia”, le dice a BBC Mundo por teléfono en el descanso de su turno en el hospital.

A dos soles cada una (0.6 dólares), ganaban entre 18 y 21 dólares cada día. Tres veces más que su sueldo mensual en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, conocido por ser donde murió en 2013 el exmandatario venezolano, Hugo Chávez.

Este monto, sin embargo, era insuficiente para vivir cómodamente en Perú. Así que, recién llegadas a Lima, las hermanas vendían las arepas por las mañanas y dedicaban el resto del día a buscar trabajo.

“El choque emocional era demasiado”, cuenta Luque. “Aparte, jamás había vendido nada”.

“Todo en mi vida había sido estudiar, estudiar, estudiar… El día en que decidí trabajar ya era médico y, desde entonces y ya graduada, nunca había dejado de trabajar”.

Dejar Venezuela

Felimar Luque era en Caracas especialista adjunta del servicio de ginecología de un hospital de nivel 4, el más alto, es decir, con un gran número de camas, área de terapia intensiva y de especialidades.

De pequeña, había decidido ser pediatra después de que una infección gastrointestinal le llevara a acabar ingresada en un hospital.

“Me atendió una excelente pediatra, que fue muy atenta conmigo. A pesar de no tener turnos, se quedó conmigo durante mi hospitalización”, recuerda.

“De ahí le dije a mi mamá: ‘Quiero ser pediatra porque quiero atender a las personas así como ella me atiende a mí”.

Pero, a medida que estudiaba la carrera, fue cambiando de opinión. “Me di cuenta de que la pediatría era bonita, pero a la vez un poco triste“.

“Sobre todo el área oncológica me deprimía, así que dije: ‘No, prefiero ser ginecóloga, que así traes un bebé al mundo y, en la mayoría de los casos, les das una alegría a los familiares”. Todavía recuerda su primer parto: varón, 3.5 kilos.

Felimar Duque con un bebé recién nacido

Felimar Duque
Duque optó por especializarse en ginecología porque el traer bebés al mundo “das una alegría a los familiares”.

Los años tomando notas o sacando fotocopias de libros que no podía permitirse comprar rindieron frutos: se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos con notas sobresalientes o, como se dice en Venezuela, cum laude.

Un posgrado después, llegó a ser jefa de servicio en un hospital grande. Pero era un puesto que también tenía desventajas que se hicieron más agudas cuando el país empezó a verse golpeado por una dura crisis económica.

“En 2012 ya empezó el déficit, pero se acentuó muchísimo, muchísimo en 2014. En 2015, ya no teníamos absolutamente nada, teníamos que solicitar al paciente que llevara sus insumos para poder atenderle”, hace memoria.

Alternaba cuatro trabajos en dos clínicas y dos hospitales públicos para poder mantenerse. Le alcanzaba, “ajustadita”, y solo porque vivía sola y no había formado aún una familia.

Pero la falta de condiciones para atender a sus pacientes era lo que más le afectaba.

“El choque no lo vive el director del hospital, lo vives tú como jefe en tu área. Eso ya me tenía un poquito inestable emocionalmente porque decía: ¿Cómo voy a una guardia? Como recurso humano puedo hacer cualquier cosa, pero me atas de manos porque no tengo cómo resolver al paciente porque no tengo insumos”.

Protesta en Venezuela por la crisis hospitalaria

Getty Images
En Venezuela hay una crisis hospitalaria desde hace varios años.

Estas deficiencias le hicieron pasar por situaciones tensas, como cuando tuvo que resguardarse para no ser agredida por el familiar de una paciente.

“Había sido referida de otro hospital y, en ese momento, nosotros no contábamos con servicio de quirófano porque no había aire acondicionado y solo estábamos atendiendo estrictas emergencias”, recuerda.

“La paciente estaba en un inicio de trabajo de parto… Tenía oportunidad de ir a otro centro a ver si la podían atender”. El familiar montó en cólera, estallando en reclamos e insultos contra ella y un colega, que eran los encargados del servicio aquel día.

“Tuvimos que permanecer encerrados en la habitación porque si salíamos nos podían agredir”, afirma.

Choque emocional

Episodios como este la llevaron a iniciar la homologación de su título en España para emigrar allí.

“Mi temor era: ‘se me va a morir una paciente por el simple hecho de que en el hospital no hay tan siquiera sangre para transferirle o no hay una jeringa, nada…’ Que me llegue un paciente crítico y no pueda resolverlo, no porque no tenga conocimiento, sino porque no tengo los recursos para atenderlo”.

Pero las trabas burocráticas, tanto en España como en Venezuela, y la ralentización de los trámites en las instituciones de este último país hizo que, a inicios de 2019, se decidiera a seguir a su hermana a un destino más barato y menos complicado: Perú.

Felimar Luque (izq.) en la sala de partos en Venezuela

Felimar Luque
Practicar medicina en Venezuela se ha vuelto difícil por la falta de recursos.

A diferencia de miles de sus compatriotas, ellas tuvieron la “suerte” de poder viajar hasta allí en avión.

Pero eso no logró amainar un cambio tan brusco: “En Venezuela siempre tuve trabajo, muchísimo trabajo. Pero una vez que vengo para acá, nunca había vendido y había que relacionarse con cualquier persona”.

“Pero era más que todo el choque emocional: eras una persona reconocida en tu país. En mi caso, yo era jefe de servicio porque era especialista adjunta del servicio de ginecología ya con cuatro años de experiencia como tal. Y sí, el choque es bastante fuerte en ese sentido”.

“De verdad que me sentía bastante mal”.

Junto a su hermana, pidieron permiso en un puesto de un mercado cercano a donde vivían para ponerse de pie al lado a vender las arepas. El comerciante se lo permitió.

“Entonces hice mi currículum, lo dejé por locales comerciales, farmacias. Llamaba a los anuncios para cuidar bebés, cuidar abuelitos”. Menos de un mes después de llegar, consiguió empleo en una farmacia donde trabajaba seis días a la semana por el salario mínimo.

Inmigrante venezolana entrando a Perú

Getty Images
Muchos venezolanos que inmigran a Perú tienen dificultades en buscarse la vida.

¡No tenemos gente!

Poco a poco, fue reuniendo y validando los papeles que necesitaba para homologar su título de médico general.

“Registré mi título… pero hubo un freno porque me exigían estudiar un año más”, cuenta. No podía permitírselo: su hermana tenía problemas para encontrar empleo y de su salario salían la manutención de las dos y el dinero que enviaba a sus padres, en Venezuela.

“Decidimos oye, nada, a reunir plata. A ver si se puede lograr de alguna forma en algunos meses”.

Casi a finales de 2019, vio un anuncio en Instagram: la ONG Unión Venezolana en Perú estaba ayudando a médicos venezolanos a convalidar sus títulos. La organización ha reunido en los últimos dos años un listado de 39,000 inmigrantes venezolanos con estudios, cuyos datos se los ofrece al gobierno peruano para ayudar a cubrir vacantes difíciles de llenar.

Tras una dura selección que empezó con 150 profesionales, Luque acabó siendo una de los 20 que recibió la ayuda de la ONG y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para poder colegiarse en Perú.

“Tuve que pasar varias pruebas y cursos”, asegura. “A veces nos decían el mismo día o la noche anterior: ‘Hoy, urgente, tienen que ir a tal sitio’. Y bueno, ese día le pedía permiso a mi jefe y gracias a Dios fue bastante tolerante. Me decía: ‘Tranquila’. Luego, eso sí, tenía que pagarle las horas como sea”.

Pero incluso cuando su nombre apareció oficialmente en la base de datos de médicos colegiados de Perú, encontrar trabajo como tal siguió siendo una tarea complicada.

Coronavirus en Perú

Getty Images
En algunos lugares de Perú se han visto desbordados por la falta de médicos para combatir el coronavirus.

En tres meses, solo llamaron para dos plazas lejos de Lima, de donde no quería irse.

“Conseguí un puesto de asistente de cirugía plástica. Realmente, no es mi área, solo llenaba historias de los pacientes y hacía las tareas de las enfermeras”.

Con la pandemia, la clínica cerró: “Lo que más me angustiaba era que yo tengo que enviar dinero a Venezuela porque mis papás lo necesitan… Era estresante: quedarte sin dinero en un país donde no tienes nada”.

Hasta que un colega le avisó de que la seguridad social peruana, EsSalud, estaba contratando médicos para afrontar la pandemia de COVID-19.

Como muchos países de la región, Perú cuenta con menos médicos de los que necesita, según refleja un informe del Ministerio de Salud de 2018: apenas 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes en vez de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto se suma el hecho de que muchos se han dado de baja porque su edad o historial médico los hace especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Por ejemplo, en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia y en la que se han tenido que construir cementerios temporales para enterrar a los muertos por coronavirus, el director del Hospital Regional explicaba a principios de mes que, pese a tener 60 camas libres con punto de oxígeno, no las podía usar:

“¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, gritaba con desesperación en una entrevista con la emisora pública, RPP.

Talento desaprovechado

Carlos Scull, nombrado embajador de Venezuela en Perú por Juan Guaidó, aseguró en una radio local que hay unos 1.000 médicos venezolanos en Perú -de los que solo entre 200 y 300 están colegiados- y unos 3,000 enfermeros.

Otras fuentes como la campaña “Tu causa es mi causa” eleva a 4,000 el número de médicos venezolanos que podrían unirse al esfuerzo del sistema de salud peruano contra la pandemia.

Trabajadores de la salud con equipos de protección personal frente a una ambulancia en Perú

Getty Images
En Perú hay escasez de trabajadores de la salud para hacerle frente a la pandemia.

Al menos uno de ellos, Felimar Luque, empezó a trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins el lunes de la semana pasada: “Es hermoso, se parece al hospital en el que yo trabajaba ”.

“Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta”, dice. Ahora gana ocho veces más de lo que recibía en la farmacia. Su hermana, abogada, ha tenido menos suerte y ahora trabaja cuidando a una mujer mayor en una provincia al norte de Lima.

“El venezolano tiene una necesidad de tener un ingreso y ejercer su profesión”, dice Garrinzon González, director de Unión Venezolana en Perú. En los años que lleva frente a la ONG, ha visto a muchos compatriotas experimentados y con estudios superiores haciendo trabajos no cualificados.

“Es un activo que se está perdiendo el Perú en vez de beneficiarse con estos profesionales cuyos estudios fueron un gasto que hizo otro Estado. Y más cuando hay vacantes”, afirma.

Del listado de 39,000 profesionales venezolanos que ofreció al Estado peruano, calcula que solo el 10% consiguió empleo.

Él espera que la experiencia de echar mano de profesionales sanitarios venezolanos durante la pandemia sirva para abrir las puertas a otros sectores.

Luque tiene un contrato de solo tres meses, prorrogable por otros tres meses más si la pandemia se extiende. Aunque, así como cuando soñaba con volver a ponerse la bata mientras preparaba arepas, le sobran esperanzas.

“Aunque el contrato dice ‘solo pandemia’, yo confío, Dios quiera, que nos dejen trabajando como tal. Ya ellos saben que soy especialista, que estoy en proceso de mi registro nacional de especialista acá en Perú. Y si no, bueno, como médico general, que ya tengo todo legal”.

“Si la posibilidad está, sería genial quedarnos acá trabajando”.

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BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE&t=5s

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