En uno de los cables que a partir de hoy comenzará a publicar el periódico La Jornada, se revelan las afirmaciones que hiciera el embajador de Estados Unidos en México, Carlos E. Pascual, en un reporte fechado el 10 de enero de 2010, respecto a que “ninguna organización terrorista internacional conocida tiene presencia operativa en México ni han tenido lugar incidentes terroristas dirigidos contra personal o intereses estadounidenses en territorio mexicano u originados en él.”
Parte del documento publicado por La Jornada refiere: “Si bien México sigue enfrentando a elementos criminales bien armados y organizados en varias regiones del país, y los tradicionales puntos rojos del tráfico de drogas han visto niveles sin precedentes de violencia, el desafío en materia de terrorismo se reduce a pequeños y débiles grupos antisociales que perpetraron actos de vandalismo con la intención de perturbar la estabilidad comercial y crear conciencia sobre su causa, se afirma en un extenso análisis que fue difundido a todos los consulados de Estados Unidos en México, y del cual se enviaron copias a los comandos Sur y Norte, así como a los departamentos de Justicia, del Trabajo, del Tesoro, de Comercio y de Seguridad Interior del país vecino.”
El reporte también reseña como únicos hechos recientes dignos de mención en el tema terrorismo la decisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de suspender los contactos que mantenía con el gobierno federal y su amenaza de retomar las acciones de fuerza para obligar a las autoridades a responder a su demanda de esclarecer la desaparición de dos integrantes de esa organización insurgente.
También recuerda los ataques a oleoductos realizados por ese grupo en 2007: “En 2009 no hubo actos terroristas atribuidos al EPR; de mayo a agosto, el Frente de Liberación Animal, ALF, se le responsabilizó por ataques a bancos y locales comerciales en la capital del país, usando bombas hechas con tanques de gas propano, las cuales causaron daños materiales pero no personales”.
El informe también detalla los “elogios” que Pascual hizo sobre las medidas preventivas adoptadas por la administración calderonista:
“Ha intensificado esfuerzos para mejorar la coordinación entre agencias como parte de su campaña de combate al crimen y la contención del terrorismo; ha creado una base de datos nacional conocida como Plataforma México; estableció las Unidades de Inteligencia Táctica Operativa (Unito) y “los Centros de comando, control, comunicaciones y cómputo (centros C-4), ubicados en varios estados, cuyas capacidades varían desde simples callcenters hasta células analíticas que generan análisis y apoyan el desarrollo de las operaciones”; Estados Unidos apoya en forma directa programas para ayudar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a entrenar a investigadores federales y facilitar mayores coordinación y efectividad operativa.”
Finalmente, el reporte aborda las reformas de seguridad y justicia impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón, las cuales, dice, otorgaron a la policía más autoridad de investigación, aunque su aplicación ha sido lenta y desigual.
