Guadalajara, Jalisco.- El complejo penitenciario de Puente Grande está colapsado desde hace varios decenios por la sobrepoblación de internos, en su mayoría, delincuentes de baja peligrosidad e “inocentes”.
Las autoridades penitenciarias del Estado lo reconocen: El Centro de Readaptación Social debería atender a 2 mil 256 personas y habitan poco más de cinco mil; en el Centro Preventivo se construyó para 3 mil y hay más de 7 mil. El Reclusorio Femenil, con capacidad para 230, hay 500. Este es un ejemplo de lo que sucede en todo el país.
El hacinamiento es evidente y tiene un origen: el uso irracional de la prisión preventiva. El autogobierno en las prisiones es un hecho, aunque las autoridades no lo quieran reconocer de manera abierta, advierte el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, de la universidad jesuita Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Jalisco, dice, es uno de los estados con mayores índices de personas en prisión preventiva y cada año absorbe mil 200 millones de pesos del presupuesto de seguridad.
A decir del investigador, en el país hay un problema grave de la privación de la libertad, que ha propiciado el sistema penal vigente. “El uso irracional de la prisión preventiva es injusta y con un costo exorbitante. Por eso, en las cárceles, un 70% de las personas que sufren la prisión preventiva, son “inocentes”.
Para el Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative, Zepeda Lecuona publicó el año pasado el estudio ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva, en donde revela que en México, cada día, fluyen 30 millones de pesos en mantener a los reclusos, esto significa que uno de cada tres pesos del presupuesto que estaba destinado a la seguridad, lo absorben las cárceles
“Es un gasto irracional que le quita dinero a otras áreas realmente delicadas, por ejemplo al patrullaje o la prevención del delito”.
Revela otro dato: al menos el 75 % de los procesos penales en todo el país, son por delitos menores y de bajo impacto (por ejemplo, el robo simple).
Zepeda Lecuona ha estudiado a profundidad el caso de Jalisco. En el Código Penal, para el delito de robo, hay 26 agravantes. Y cita un caso real de “un delito grave”. En la noche, tres personas ingresan a una farmacia, uno de ellos esconde un desodorante en su bolsillo. Los detienen y la Procuraduría estatal los consigna por el delito de robo calificado. Las agravantes, según la legislación penal, son: nocturnidad, asociación delictuosa, y robo.
Permanecen 6 meses en prisión preventiva en Puente Grande mientras seguían el proceso penal. Al llegar con el juez, éste les dicta una sentencia de 6 meses por “robo simple” o se conmuta por una multa de 620 pesos.
Los cálculos del investigador son éstas: a cada jalisciense, un solo desodorante le costó 8 mil pesos de averiguación previa, más de dos mil del proceso penal y 140 diarios para su manutención en la prisión. En total, suman 60 mil pesos para un proceso penal que en nada benefició a la seguridad, afirma el entrevistado.
Por eso, las cárceles están saturadas y los índices de violencia no bajan, asienta el académico, quien es también autor del libro Crimen sin castigo: Procuración de Justicia Penal y ministerio público en México (2004, FCE) un libro pionero en documentar la tragedia del sistema penal mexicano.
“Jalisco es uno de los estados que utiliza en exceso la prisión preventiva: casi el 58% de los presos en el Estado, se presumen inocentes y más del 42% de las personas privadas de su libertad, el día que le dictan la sentencia, obtienen la libertad. Es una irracionalidad: mientras estuvieron en prisión purgando una pena, eran inocentes, y al final son culpables en libertad”.
Cada año, según los cálculos del investigador, más de 9 mil 700 millones se destinan a la prisión preventiva. Esto es, el Estado mexicano destina alrededor de 140 pesos diarios por cada recluso y la familia le entrega otros 80 pesos que lo utiliza para sobornar o pagar extorsiones al interior de la cárcel.
–¿Hay otros costos, invisibles?
Claro, el humano, que es incalculable, por si no basta el costo económico. ¿Cómo cuantificar cuando los niños se quedan sin un padre o la repercusión en la autoestima de los pequeños? Aunque el padre o la madre sean inocentes, ya están en la cárcel, esperando una sentencia que a veces nunca llega. Y más, el estigma social, y la víctima y la familia se sienten impotentes y además, terminan endeudados.
–Entonces, ¿para qué sirve la prisión preventiva?
Es lo paradójico: no beneficia en nada a la sociedad, tampoco tiene utilidad ni como política pública, en seguridad y mucho menos en la cohesión social.
Cada preso pierde días de vida. En promedio, por cada seis meses de prisión, la persona pierde 17 días en la expectativa de vida”.
Afirma el investigador que la probabilidad de morir es cuatro veces superior al estar en la calle. En Sinaloa es el caso paradigmático, allá es 10 veces mayor. Al interior de las prisiones, a la menor provocación surgen las riñas.
La probabilidad del suicidio también es elevado: entre 8 y 10 veces mayor, por la angustia, el sentimiento de impotencia…
Zepeda Lecuona insiste en que urge una reforma procesal y la implementación urgente de los juicios orales para desahogar las prisiones.
“El complejo penitenciario de Puente Grande está a 220% de sobre saturación. Bajo este escenario, no hay condiciones para sobrevivir, el hacinamiento es brutal y la reinserción social es humor negro. La ONU indica que una cárcel en el cual exista 120% de población, es trato cruel”.
Agrega: “En Jalisco tenemos 9 mil personas en prisión preventiva, uno de cada 10 del país. En México hay 95 reclusos sin condena. En el estado es donde se hace un uso intensivo de la prisión preventiva”.
Dice que la reforma procesar es alentadora. En los cinco estados en donde se ha implementado el nuevo sistema, el de los juicios orales, han disminuido su población carcelaria. Por ejemplo, Nuevo León es el estado con menos presos en prisión preventiva, un 22%. El promedio nacional es de 40%.
“Y en Jalisco, tenemos el 58%, ya quisiéramos tener al menos la media nacional. En los últimos 10 años, hemos pasado de 4 mil a 16 mil reclusos. Hay 4 veces más población carcelaria y no os sentimos 4 veces más seguros”, concluye.
