Urge ley para regularel cabildeo en México
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Urge ley para regular
el cabildeo en México

Por Francisco Sandoval Alarcón
8 de febrero, 2011
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Cuando el entonces diputado panista Miguel Ángel Toscano denunció públicamente que un grupo de legisladores federales fueron invitados con todos los gastos pagados por la British American Tobacco al gran premio de la Fórmula 1, como parte de una estrategia de la multinacional para que en la Cámara de Diputados no se aprobara el cobro de un impuesto a los cigarros en la miscelánea fiscal de 2005, el tema causó múltiples señalamientos y una acalorada discusión a favor y contra esta práctica conocida como “cabildeo”. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 5 años para que los diputados federales regularan esta actividad.

El auge de esta actividad que se dio cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó de ser mayoría en el Congreso, aunada a los  intereses económicos que están en juego, ha propiciado que algunas voces como la de Jaime Cárdenas, diputado por el Partido del Trabajo (PT), propongan la creación de una ley que permita regular los límites y sancionar las malas prácticas acarreadas por esta labor en la que no sólo están inmersos los representantes de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, sino que también es una actividad a la que recurren ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernantes y representantes de organizaciones ciudadanas cuando buscan mejorar  leyes o beneficios sociales y económicos para sus respectivas comunidades.

Por lo pronto la Cámara de Diputados cuenta con un nuevo reglamento que entre otras cosas, busca crear un padrón público de todos los cabilderos que tienen base en el Congreso y los que sólo acuden frecuentemente, además de conocer el tipo de asuntos que representan y tratan con los funcionarios y legisladores  del Congreso.

Historia

A pesar que el cabildeo o lobying es una estrategia de relaciones públicas ampliamente utilizada desde mediados del siglo XX con el fortalecimiento de los grandes capitales industriales, en México la alternancia política a la que se llegó en 1997 fue la principal razón para que surgieran nuevas compañías de relacionamiento público y asesoría legislativa. En ese año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtuvo mayoría absoluta en el poder legislativo, y varios exdiputados priistas  recién desempleados, vieron una oportunidad de negocio asesorando en estrategias que produjeran acercamientos y decisiones favorables para diferentes grupos de interés.

Conocedores de la vida parlamentaria en el Congreso de la Unión, fueron estos exdiputados los que tomaron la iniciativa de conformar despachos de abogados, economistas o politólogos especializados en temas de la agenda pública, que lo mismo ofrecían sus servicios a empresas farmacéuticas, automotrices o tabacaleras, así cdomo a los recién estrenados diputados o senadores del país.

Por más de 5 años los cabilderos actuaron con un bajo perfil y sin causar polémica entre los legisladores federales, que lejos de cuestionar esta labor, parecían avalarla por los beneficios que esto les acarreaba. Fue en abril de 2002 que el tema fue tratado por primera vez por el entonces diputado priista Efrén Leyva, quien a través de una iniciativa de ley exigió regular la actividad profesional del cabildeo y la promoción de causas.

Con la propuesta, el Diputado buscaba definir las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos y los cabilderos, además de diferenciar entre el tipo de cabildeo económico que realizan las empresas nacionales y multinacionales, hasta el que hacen representantes de organismos públicos, autónomos y de la sociedad civil para impulsar nueves leyes o gestionar recursos.

Aun cuando la iniciativa no prosperó, ésta generó eco entre algunos diputados de esa legislatura quienes a través de exhortos pidieron que la propuesta de Leyva fuera  discutida y analizada por el pleno de la cámara.

Cómo operan

Fue en septiembre de 2005, apenas 3 meses antes de las acusaciones que lanzara el entonces diputado Miguel Ángel Toscano contra varios de sus compañeros, que un informe elaborado por la Red de Responsabilidades de las Transnacionales del Tabaco (NATT), advirtió sobre los mecanismos de operación que estaban utilizando las empresas internacionales del tabaco en América Latina para cabildear las propuestas legislativas que más les convenían.

En conjunto con la  organización Corporate Accountability International, la NATT señaló que entre los métodos que estaban utilizando la British American Tobacco y la Philip Morris -las empresas tabacaleras más importantes a nivel mundial- para lograr que los legisladores de los diferentes países latinoamericanos pusieran en marcha sus propuestas, se encontraba la entrega de donaciones a sus respectivos gobiernos para la puesta en marcha de campañas a favor de la salud, viajes pagados a diferentes destinos, así como recursos para sus campañas políticas.

En esa ocasión incluso, los representantes de ambas organizaciones señalaron que en el caso mexicano habían detectado cómo las dos tabacaleras trasnacionales firmaron en junio de 2004 un convenio con las autoridades del país, “apenas tres semanas después” de que México ratificara con la Organización Mundial de la Salud el convenio para el control del tabaco.

En ese convenio las trasnacionales se comprometieron con el gobierno mexicano a entregar 1 peso de sus ganancias por cada cajetilla de cigarros vendida a cambio de lanzar campañas de advertencia sobre el consumo de tabaco. El beneficio obtenido fue inmediato. El 30 de julio de 2004, las autoridades en el país publicaron un decreto en el que se eximía del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IPES), a las empresas tabacaleras.

Los más visibles

Lo que en su momento denunció Miguel Ángel Toscano, actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no es el único caso que demuestra cómo las grandes empresas multinacionales o nacionales mueven sus hilos a través de cabilderos y diputados para tratar de obtener beneficios fiscales.

Empresas como Teléfonos de México (TELMEX), Televisa, TV Azteca, además de los representantes de la industria farmacéutica y automotriz, así como las diferentes cámaras industriales y del comercio en México, pagan los servicios de personajes que cabildean sus asuntos con los legisladores.

Si bien no existen casos de diputados que hayan sido sancionados por recibir regalos o viajes a cambio de favorecer con leyes a los representantes de los grandes consorcios en México, existen casos que han levantado sospechas de que en San Lázaro pudieran existir diputados cabilderos.

Uno de estos casos se registró en el 2009 cuando se aprobó el presupuesto 2010. La polémica la iniciaron los diputados del PT y uno del PAN (Javier Corral), cuando se negaron a avalar la modificación que hiciera el legislador sonorense Alberto Cano Vélez  a uno de los artículos de la Ley Federal de Derechos, el cual beneficiaba a las principales televisoras del país al otorgarles una exención del pago de derechos por la utilización de la banda del espacio radio eléctrico.

A los ojos del diputado del PT, Jaime Cárdenas, se trató de un “claro cabildeo de las televisoras con el PRI y seguramente con el PAN”. Finalmente la iniciativa fue aprobada con el consenso de las dos principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. El PRI y el PAN.

Entre los cabilderos más visibles en el Congreso de la Unión y que sin duda tienen una vida bastante activa al interior del Congreso según corroboró Cárdenas, se encuentran la exdiputada priista de la LIII Legislatura, e hija de un exgobernador en Nuevo León, María Emilia Farías; el exdiputado del PRI en la LVI legislatura, Marco Antonio Michel Díaz; el varias veces diputado priista y ex irigente nacional de su partido, Fernando Ortiz Arana, así como un hermano del actual diputado federal del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada.

El debate que vendrá

En diciembre de 2010, los diputados federales aprobaron el nuevo reglamento que a partir del 1 de septiembre de 2011,  regirá por completo la actividad parlamentaria en San Lázaro. Uno de los puntos que más llamó la atención del documento, fue el relacionado con el tema del cabildeo.

En el reglamento, los diputados definieron el concepto de cabildeo como aquella actividad que se hace ante “cualquier diputado…órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los interés propios o de terceros”.  Además, establecieron que el cabildero es la persona que representando los intereses de un particular o un organismo privado o social, realiza gestiones para sus jefes o clientes.

Se precisó también que todas aquellas personas que realizan cabildeo “por más de una vez”, están obligados a inscribirse en un registro público que semestralmente será difundido en la gaceta parlamentaria, a la par de pedirles la relación de las áreas y comisiones que visitan durante su estancia en a Cámara de Diputados.

Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el diputado Jaime Cárdenas es de los que piensa que aun cuando el reglamento aprobado en la Cámara es un paso importante, porque por primera vez se busca regular el trabajo de los cabilderos, lo mejor alternativa siempre será la de contar con una ley que regule esta actividad.

El Diputado asegura que el cabildeo no es una labor exclusiva de la Cámara de Diputados, sino que se da en todos los ámbitos, desde el poder Ejecutivo al Judicial y en los tres niveles de gobierno, de ahí la necesidad de legislar en la materia.

Aseguró que con esta nueva ley se podría distinguir claramente entre el cabildeo que realizan los grandes consorcios económicos del país y el cabildeo ciudadano que se hace a favor de causas justas o de mejores leyes. Para el diputado sin embargo, este primer paso que se dio  es una prueba importante, porque el nuevo reglamento sólo regula la vida interna del Congreso y no los actos de terceros como es la actividad de los cabilderos.

“Este es un elemento que podrían utilizar si los cabilderos se amparan cuando el reglamento entre en vigor”. El asunto cobraría mayor atención en caso de llegar a los tribunales o la SCJN, porque serán los ministros los que decidan si los diputados tuvieron razón o se excedieron en sus funciones al regular las actividades de terceros. “Todo eso será parte del análisis jurídico y político, pero bienvenida la discusión”, comenta el diputado Cárdenas.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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