Cada dos días, un comunicador es agredido en México en plena labor de informar. Los números —en apariencia fríos e irrelevantes en medio de los tiroteos que suceden aquí y allá— dan cuenta de las vidas cegadas para garantizar el derecho a informar y el ejercicio de la libertad de expresión.
Esta mañana, el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) presenta su informe 2010. El documento de 28 páginas da cuenta de 139 informadores agredidos y 21 medios de comunicación atacados.
Para el Presidente del Consejo Directivo de CEPET, Francisco Vidal Bonifaz, los mecanismos oficiales para garantizar el derecho a la profesión del comunicador, “se han visto rebasados más de una vez” y, por desgracia muy pocas veces las agresiones resultan en aprehensiones”. Para mayor gravedad, es frecuente que sean los servidores públicos los que agredan a los periodistas.
Los casi 140 periodistas agredidos, afirma Vidal Bonifaz, obligan a que los medios desarrollen una cultura que, además de mejorar la calidad de la información, instruya prácticas de protección, sobre todo para aquellos que trabajan en las zonas más peligrosas del país.
Otro mecanismo de protección es frenar el “lenguaje de guerra” que inunda a los medios mexicanos no sólo con palabras, sino con imágenes grotescas o cargadas de violencia extrema.
Tierras de muerte
Las cifras del informe presentado esta mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, revelan que nueve informadores fueron asesinados, tres desaparecidos y dos abandonaronel país al debido a amenazas de muerte.
A pesar del minucioso conteo de CEPET, la organización acepta que hoy más que nunca existe un subregristro en el número de casos reportados, sobre todo, en aquellos estados donde la violencia se acentúa.
| Periodistas Asesinados en 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Nombre del Periodista | Estado | Medio |
| 8 de enero | Valentín Valdés Espinoza | Coahuila | Zócalo |
| 29 de enero | Jorge Ochoa Martínez | Guerrero | El Sol de la Costa |
| 12 de marzo | Evaristo Pacheco Solís | Guerrero | Visión Informativa |
| 28 de junio | Juan Francisco Rodríguez | Guerrero | El Sol de Acapulco |
| 28 junio | María Elvira Galeana | Guerrero | Semanario Nueva Línea |
| 6 julio | Hugo Alfredo Olivera Cartas | Michoacán | La Voz de Apatzingán |
| 10 de julio | Marco Aurelio Martínez Tijerina | Nuevo León | XEDD La Radio Tremenda |
| 16 de septiembre | Luis Carlos Santiago | Chihuahua | El Diario |
| 5 de noviembre | Alberto Guajardo | Tamaulipas | Expreso |
Nuevos sitios de agresiones
Sin embargo, los estados que son noticia diaria por la actuación del crimen organizado no son los únicos donde los periodistas son agredidos.
“La agudización de la violencia contra los comunicadores obliga a aplicar medidas correctivas y preventivas para que ésta sea combatida a través de iniciativas eficaces que eviten la negligencia por omisión de la autoridad. Las acciones de remediación por parte de los gobiernos estatales y federal no han avanzado en el sentido ni a la velocidad que requiere el problema”, afirma un documento de CEPET entregado a Animal Político.
El informe del Centro de Periodismo y Ética Pública revela que en 2010, casi 14% de las agresiones contra periodistas ocurrieron en Chihuahua. Le sigue el Distrito Federal con 8.19%; y Tamaulipas, Veracruz y Chiapas con casi 7%. Sólo en esos cinco estados se registraron cuatro de cada 10 ataques a periodistas.
¿Estado protector?
En el informe, CEPET hace énfasis en 33 casos en los que ni el crimen organizado ni otro tipo de delincuentes han arremetido contra periodistas. En esos casos, –23% del total—fueron cometidos por fuerzas de seguridad del estado (ejército, policías municipales, estatales y federales), jefes policiacos e, incluso, escoltas personales de autoridades.
Al incluir 16 casos que involucran a funcionarios de varios niveles de gobierno, cuatro de cada 10 agravios contra periodistas son responsabilidad del Estado.
A pesar del ojo vigilante de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Frank La Rue, de Naciones Unidas, CEPET coincidió que ante los reiterados abusos a la libertad de expresión y al derecho a saber, en México urge la aprobación de reformas necesarias para permitir “el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
En noviembre del año pasado, diversas instituciones gubernamentales pusieron en marcha un mecanismo de protección a periodistas en el cual, hasta el momento, ningún reportero ha tenido voz y voto en los trabajos. Igualmente, se desconocen los recursos destinados a promover la asistencia los comunicadores en peligro.
